La tradición usurpada

Más de un cuarto de siglo después de que los españoles refrendasen la Constitución de 1978, sigue pendiente identificar la tradición política e intelectual en la que se inspira el proyecto político que inaugura. Durante los primeros años de la transición, cuando aún se cernían sobre el país algunos riesgos seculares, como la tentación militar, el interés de los sucesivos gobiernos y de los propios ciudadanos se concentró en apuntalar el régimen de libertades, poniéndolo a resguardo de la crisis económica, las intentonas golpistas o los embates del terrorismo. La clarificación del pasado no se consideró una tarea urgente, ni por lo que se refería a las huellas de la guerra civil y la represión durante el franquismo, ni tampoco en lo relativo a la correcta filiación del pensamiento democrático en España. Se estableció, así, un sutil pero incontestable paralelismo entre dos fenómenos característicos de la época, como fueron la renuncia a exigir responsabilidades a los prohombres de la dictadura y la condescendencia hacia la reputación de liberales que adornaba a algunos intelectuales y escritores que permanecieron en España durante la dictadura, o que la apoyaron y participaron en ella.

En los últimos años, la situación ha experimentado un cambio radical. De este modo, nadie parece extrañarse ya de que se ponga en entredicho el carácter democrático del sistema político español en nombre de las responsabilidades que entonces no se demandaron, y más aún en nombre de la memoria de los vencidos. De igual manera, tampoco se disparan las alarmas ante el hecho de que la reputación de liberales tras la que se refugiaron aquellos intelectuales y escritores no sólo no se haya reconsiderado, sino que se haya extendido hasta cubrir a figuras que apenas repensaron su adscripción al pensamiento autoritario. Da la impresión, la falsa impresión, de que, de repente, todo encaja sin que, en realidad, nadie se lo haya propuesto: la democracia de 1978 es censurada como una democracia de calidad insuficiente; y como democracia de calidad insuficiente, sus antecedentes tienen por fuerza que encontrarse en la obra de unos extraños liberales, de unos liberales de pensamiento reversible, que lo mismo sirvió en su día para inspirar voluntaria o involuntariamente la ideología del franquismo como para, llegado el caso, inspirar las principales ideas de la transición.

En el plano político, no deja de resultar una significativa coincidencia que los nostálgicos de la dictadura reprochasen al régimen democrático su traición a los vencedores, y que ahora, por el contrario, se le reproche la traición a los vencidos. Por distantes que parezcan estas posiciones, la realidad es que parten de idéntico principio: la democracia española nació de una traición. De este modo, algunas de las actuales invocaciones a la memoria de la guerra y de la represión estarían cumpliendo el desconcertante papel de atacar al sistema democrático desde la izquierda después de que éste consiguiera sobreponerse a los ataques desde la derecha.

En el plano intelectual, por su parte, se han iniciado múltiples revisiones de la historia, en las que el rigor está en relación inversa con la publicidad. En un caso, se defiende que la guerra no empezó con un golpe de Estado el 18 de julio de 1936, sino en 1934, cuando la izquierda radical y un grupo de dirigentes socialistas desencadenaron la revolución en Asturias. En el otro, se sostiene que el franquismo perdura más allá de la muerte del dictador, el referéndum de la Constitución del 78 y las sucesivas elecciones que ha habido desde entonces. Una vez más, la distancia entre estas dos posiciones, entre estas dos vías de revisión, es sólo aparente, puesto que una y otra se construyen a partir de un mismo propósito: buscar en el pasado la legitimidad de las reivindicaciones políticas actuales. Se establecen así continuidades quiméricas entre cuanto ocurrió hace setenta años y lo que ocurre ahora, como si la historia fuera una criatura independiente de los individuos que viven en cada momento; una criatura que obligaría a actuar según un guión trazado y no según la voluntad, la convicción o los intereses de cada cual.

El ruidoso litigio acerca de cuándo se inició la guerra civil, por un lado, y la estridente querella acerca de cuándo se acabó el franquismo, por otro, han  hecho perder de vista que, siempre en el plano intelectual, siempre en el plano historiográfico, existen otros interrogantes menos artificiosos y, por lo mismo, más fecundos. Entre ellos, el de saber si el pensamiento que inspiró la Constitución y el sistema político de 1978 es el de los escritores e intelectuales que siguen ostentando hoy la reputación de liberales o es obra, por el contrario, de otros autores que se mantienen en el limbo, ocultos bajo la ignorancia o incluso el descrédito que hicieron caer sobre ellos sus enemigos. Dicho en otros términos: más que saber cuándo se inicia la guerra civil o cuándo concluye el franquismo –en realidad, dos cuestiones de hecho que como tales cuestiones de hecho deberían ser resueltas–, la tarea intelectual que sigue sin abordarse es la de saber si la tradición liberal ha sido correctamente identificada en España. En particular, porque algunas de las ideas de quienes se consideran liberales en nuestro país tienen poco que ver con lo que se entiende por liberalismo en el resto de Europa.

Este contraste se observa desde antiguo, quizá desde el instante mismo en que aparece en España la ideología liberal, con la Constitución de 1812. El corte con el absolutismo es patente en buena parte del texto; pero también son patentes sus llamativas herencias, como la relativa al papel de la Iglesia y el Estado. El artículo 12 establece, así, que la religión de España es la católica, apostólica y romana, a la que se proclama como la “única verdadera”. Además, prevé que el Estado la protegerá con “leyes sabias y justas”. Con frecuencia, se suele disculpar la aberración integrista de este artículo recurriendo al contexto histórico: ¿y quién –se dice– no era integrista en aquel tiempo? El efecto ideológico más relevante de este argumento no es ya que, empleado para justificar episodios como la esclavitud o la pena de muerte, dejaría sin efecto cualquier principio ético o moral; el efecto ideológico más relevante es que obliga a silenciar y a ocultar las voces que en ese mismo contexto histórico se levantaron contra lo que consideraban inaceptable. En el caso de la Constitución de 1812, la voz que se levantó contra el artículo que regulaba las relaciones entre la Iglesia y el Estado fue la de José María Blanco White, en sus Cartas de Juan Sintierra. Reconocer que Blanco se opuso a lo que aprobó la mayoría de las Cortes significa reconocer que la aberración integrista incluida en la Constitución de 1812 era una opción entre otras opciones y, por tanto, nada justifica a quienes la prefirieron y apoyaron. La única manera de seguir considerándolos liberales consiste, primero, en silenciar a Blanco, en denigrarlo; después, en redefinir el liberalismo español diciendo que, a diferencia del europeo, el nuestro es integrista.

Este esquema de interpretación se repetirá en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XIX, como también en algunos de los juicios que se vierten sobre la guerra civil de 1936. Antes de que estallara el conflicto, algunos escritores e intelectuales contribuyeron a crear la sensación de que España se encontraba en una situación terminal. Frente a la gravedad del caso –señalaban–, había que apoyar cualquier solución, incluso algunas que parecían propias de los regímenes autoritarios de la época. Una vez más, estos escritores e intelectuales pasan por encarnar el pensamiento liberal. El argumento vuelve a ser que si se dejaron tentar por las propuestas del autoritarismo fue, como en 1812, resultado del contexto histórico: ¿y quién –se dice– sabía en aquel tiempo dónde se encontraba la frontera entre el pensamiento democrático y el pensamiento autoritario? Aparte de muchos otros, Manuel Azaña sí lo sabía y, por eso, su destino no ha sido muy distinto del que padeció la figura de Blanco White. Reconocer que Azaña proponía gobernar con razones y con votos, sólo con razones y con votos, significa reconocer que el llamamiento al ejército para intervenir en política era una opción entre otras opciones, y en ningún caso se trataba de una opción liberal. La única manera de seguir considerando liberales a quienes la defendieron consiste en denigrar a quienes se opusieron a ella, no desde la revolución que estalla después del golpe de Estado, sino desde la estricta legalidad republicana. Ese fue el caso de Azaña.

Transcurrido más de un cuarto de siglo desde la aprobación de la Constitución de 1978, parecería llegada la hora de revisar la historia del pensamiento español, de retrazar la tradición liberal de nuestro país. Si este proyecto se emprendiera, y hay razones sobradas para hacerlo, tal vez hubiese que relatar el pasado de otra manera. En lugar de sostener, como es frecuente, que en España no existió Reforma, ni Ilustración, ni liberalismo, habría que decir, por el contrario, que esos ideales existieron y que fueron siempre derrotados. Y aún más, habría que decir que se ocultó a sus representantes para que, en su ausencia, otros pudiesen apoderarse y erigirse en portavoces de una tradición tolerante, universalista, liberal, que nunca fue la suya.