Precio Único del Libro

Pilar del Castillo: la primera en la frente

Mauro ARMIÑO

No aciertan ni cuando corrigen: hace dos años, a la más culta de las ministras posibles en el país de las maravillas, Esperanza Aguirre, se le ocurrió lanzar el globo sonda de lo que llamó “liberalizar el precio de los libros”. Se le atragantó el globo y hubo de aparcar sus intenciones dejando descuadernado de paso al entonces encargado del Libro, Rodríguez Lafuente: después de haber dicho Diego, el antiguo editorialista de Abc hubo de decir digo y acompañar a su señora ministra con la guitarra cambiando la tonada de “no pasarán sin pasar antes por mi cadáver”: no hubo cadáver, pese a que algún desconsiderado periodista se lo pidió.

Desvanecido el globo ante las resistencias de editores y libreros, Pilar del Castillo ha aprendido en cabeza ajena y para aliviarse de la matraca de protestas gremiales ha pasado la pelota de la tarea sucia al todopoderoso ministro de Hacienda. Del Castillo se ha puesto firme, no ha dicho esta boca es mía –algún gesto parece que debía de haber hecho, aunque sólo fuera enarbolar la barretina de Pío Cabanillas allá por los estertores del franquismo–. Pilar del Castillo y sus cómplices de silencio –el secretario de Estado para Cultura, Luis Alberto de Cuenca, y el encargado del Libro, Fernando Lanzas, poetas ambos según dicen– han asumido que donde manda patrón no manda marinero, y que cuando Rato habla, punto en boca, asumiendo que el libro es una mercancía exactamente lo mismo que una piara de cerdos o una piedra de amolar. Un télex del pasado mes de septiembre de la Unesco decía lo contrario, que es algo, mucho más: pero los poetas ni se han enterado.

Metiendo la cabeza debajo el ala y soportando el chaparrón del sector, Pilar del Castillo y sus segundos soportaron impertérritos la dimisión en bloque –“hasta que las cosas se normalicen”– de la junta directiva de editores en su congreso de finales de junio, una semana después del funesto decreto. Y los segundos de la primera espada han salido a tapar boquetes con frases para la historia. De Cuenca decía durante ese congreso de Bilbao: “Hemos de trabajar hombro con hombro con el sector editorial para favorecer la industria del libro (...) El Gobierno de España (¡!) ha aprobado uno de sus objetivos, liberalizar los precios que facilitan el acceso de las familias a la educación con la reducción de gastos”. Me admira la pomposidad del poeta y porque, además, eso de gobierno a más de uno le parece, en punto a Cultura, desgobierno, como otro día expondremos.

La falacia. En esa frase de Luis Alberto de Cuenca se encierra la demagogia de una operación que el mundo de la cultura ha denunciado: para el novelista José María Guelbenzu eso de que las clases medias, bajas e incluso pobres no tengan fácil acceso al libro debido a su precio no es más que una falacia. Primero, porque está por ver lo que bajan; no entiende tampoco Guelbenzu los motivos por los que “un Gobierno tan poco proclive a la escuela pública esté tan preocupado por resolver el problema de la lectura”, y sólo se le ocurre pensar que esa liberalización –para él sería más acertado hablar de dumping– es secuela “del entusiasmo ciego por una idea-bandera debido a la alta rentabilidad de la imagen de la cultura”.

Que la cultura es rentable para algunos –y más si son poetas y se desenfrenan por dar el recitalito– parece cierto: una foto siempre es una foto y a nadie le importa si Cultura es un desastre heredado de Miguel Ángel Cortés –son sus herederos quienes lo dicen–: el caso flagrante, por ejemplo, del Inaem, organismo que gestiona teatro y demás danzas y cuyo caos merecería y merecerá un artículo.

Pero no es problema de rentabilidad demagógica: hay datos de esta experiencia de liberalización –como quiere Rato– o de dumping –como prefiere Guelbenzu–: en 1995, el Reino Unido abandonó el Net Book Agreement y ahora sabemos el resultado, que habría sido un dato más en el debate: en ese país –donde además el libro no soporta IVA–, los clásicos de dominio público han subido, y basta compararlos con la edición homóloga francesa (imposible con la española, no la hay de iguales características): los 11,6 y 9,94 euros que cuestan en Penguin o en Oxford World’s Classic Los hermanos Karamazov o El idiota de Dostoievski se convierten en el equivalente editorial francés, Folio, Livre de Poche o GF, en 7,62 y 7,93 euros. Con el agravante de que los editores ingleses han optado, voluntariamente o no, por complementar sus catálogos y el lector se encuentra limitado en su elección de ediciones.

Por lo que se refiere a las novedades, su precio medio es superior a las equivalentes francesas. Pero el dato más significativo es que el precio medio del libro ha aumentado un 8%, cuando lo que se prometió a los lectores hace cinco años fueron rebajas sustanciales; éstas sólo han afectado a una franja muy pequeña de best-sellers, entre el 1% y el 6% de las obras, según Le Monde, que concluye: “Mientras que los editores han repercutido sobre los demás títulos el beneficio cesante debido a las operaciones de promoción”.

Condenados a entenderse. Habría sido deseable que Del Castillo hubiese mostrado –con sus equivalencias del mercado español– estos datos al ministro de Hacienda, por si acaso le importaba algo la experiencia inglesa. Aunque Administración y gremio de editores dicen que “están condenados a entenderse”, lo cierto es que los acólitos de la ministra tuvieron que oír en el congreso de Bilbao palabras muy duras, que no llegaron al abucheo que soportó Rodríguez Lafuente hace dos años en evento semejante, aunque sí escribía la periodista Rosa Mora que Lanzas “no dijo ni pío” y ambos, De Cuenca y Lanzas, asistieron a la cena de inauguración del congreso de editores de Bilbao y se marcharon “raudos”, dejando de cuerpo presente al subdirector.

Para los editores, la medida supone “el típico ordeno y mando, por ignorancia culpable o por corrupción, porque se vincula a los grandes hipermercados” (Herralde, editor de Anagrama); “destrozo del tejido de las pequeñas librerías, que son las que transportan el patrimonio cultural de este país” (Josep Lluís Monreal, presidente de la federación del gremio); “intervención administrativa, sin precedentes en el Derecho español y comparado” (gremio); “derrota innecesaria y gratuita” (Alejandro Sierra, Editorial Trotta); “entre 1.500 y 2.000 librerías pueden verse obligados a cerrar, y porque pequeños y medianos editores temen no encontrar puntos de venta donde poder colocar sus libros“ (congreso de editores).

A esto, Jon Juaristi –director por el PP de la Biblioteca Nacional– aduce que comparte con los editores “la pasión por el libro”, insinuando en Santander en las mismas fechas que quizá ya no sea necesario un modelo de biblioteca pública (¡!). Otros, como Eugenio Nasarre, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, echan balones fuera: “Los planteamientos erróneos de nuestro sistema educativo no ayudan a resolver el problema”. Y Luis Alberto de Cuenca habló en el hotel Villamagna, el 14 de septiembre, ante la federación del gremio de editores: como el tema no se prestaba a broma, iba a leer lo que llevaba escrito, soltando generalizaciones, que si la difusión internacional de la cultura, que si el Instituto Cervantes… Cosas absolutamente generales con las que era imposible estar en desacuerdo, pero, según los presentes, no definió ni postura ni política cultural. Eso sí, se apresuró a desmentir unas declaraciones suyas en las que preveía que, tras el libro de texto, vendría el resto de los libros: el mensajero, es decir el periodista, no había entendido bien. Pero el río sigue sonando: Juan J. Gómez daba cuenta en El País (3 de octubre ) de la presentación de un libro: En defensa del lector. Precio fijo del libro. ¿Por qué?, y escribía: “El temor a que la liberalización se extienda a otro tipo de volúmenes (una posibilidad que estudia el Ministerio de Cultura) ha provocado en los últimos meses numerosas protestas de los representantes del sector”. ¿Agua lleva?

Los días 29 y 30 de septiembre se han celebrado en Estrasburgo unas jornadas sobre La economía del libro en el espacio europeo, con editores, libreros, políticos y especialistas de la economía del libro –y de las que la prensa nacional apenas ha dado cuenta–. La pretensión francesa –son los franceses los que presiden ahora la UE– cuelga como espada de Damocles sobre el decreto de Rato: el diputado europeo Willy Rothley ha anunciado la presentación, ante el próximo Consejo de Ministros de Cultura a celebrar el 23 de noviembre, de una directiva que defienda el precio único para el ámbito europeo: Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Portugal –que, como Francia, ya liberalizó y hubo de dar marcha atrás–, Grecia y Austria, por ejemplo, parecen estar dispuestas a aprobar esa directiva. Si lo consiguen, ¿qué cantinela entonará la ministra de Cultura para sortear la reglamentación europea?