La andadura del Nuevo Estatuto de Cataluña (NEC) representa, al menos para muchos socialistas de mi generación, una gran decepción. Una decepción respecto a las personas (especialmente en lo tocante a los líderes del PSC, pero no sólo) y una decepción histórica (¿adónde vamos por este camino?). Mas, sea cual sea el final jurídico-político de esta malaventura, lo que ha quedado demostrado, una vez más, es que 1) las peores trampas son aquellas que uno se pone a sí mismo y 2) los tácticos, lo sepan ellos o no, acaban fabricando estrategias.

Ya sea por ignorancia, por falta de luces o por comodidad, muchos políticos (y cada vez son más numerosos), creen que las únicas referencias válidas para su navegar por esas procelosas aguas son dos: la referencia mediática y la foto que salga en las encuestas, es decir, "la opinión pública" en su sentido más trivial. Y dado que esa "opinión pública" es tan manipulable como cambiante, para qué preocuparse; si uno se equivoca con un eslogan, mañana lo sustituye por otro y en paz. Pero conviene saber a este propósito que las palabras no siempre se las lleva el viento. Uno empieza jugando con términos como "la España plural" y acaba con el NEC encima de la mesa, es decir, en las Cortes españolas.

En contra de, lo que se lee y escucha en muchos ámbitos, el NEC no plantea sólo cuestiones ligadas a las competencias, a la financiación o a la denominación de Cataluña (nación sí, nación no). Lo que de verdad plantea el NEC es una concepción del Estado que, desde luego, no cabe en la Constitución, pero tampoco cabe en la cabeza de la inmensa mayoría de los españoles ni en la de cualquiera que no esté pensando en la secesión (los nacionalistas) o en la colonización del resto de España por parte de Cataluña (los catalanistas).

El NEC pretende establecer una relación bilateral con "los pueblos de España" (Preámbulo) y no con el Estado, ni siquiera con "el resto de los pueblos de España". Y ésa es la filosofía subyacente que se concreta en un chorro de artículos en los cuales queda claro, más que el agua clara, que "lo mío, mío (incluidos todos los impuestos) y lo tuyo, a pachas". La palabra España aparece siete veces en el NEC y siempre por razones gramaticales: "pueblos de España", "Banco de España", etc., pero nunca como nación, sociedad, cultura, etc. Eso sí, la palabra "Estado" aparece 244 veces. Y eso lo han auspiciado, consentido y apoyado los representantes políticos de una buena parte de quienes emigraron a Cataluña desde el resto de España y que ahora votan al PSC. Que deben de ser, esos inmigrantes y sus hijos, los que más empujan, supongo, para que Cataluña sea considerada una nación o para que el uso del castellano sea erradicado, definitivamente, del foro público —incluidas las tiendas de comestibles—.
En el franquismo la lengua catalana fue expulsada del foro público, reduciéndose su uso al ámbito privado, lo cual resultaba intolerable, pero hoy —y más con el NEC— es el castellano el expulsado y su uso reducido al ámbito privado, lo cual resulta, se pongan como se pongan los catalanistas y los nacionalistas, igualmente intolerable, además de inconstitucional.

Vistas las cosas como son, no es de extrañar que los proponentes del NEC y sus consentidores no quieran ni hablar ni que se hable de las concreciones que sí aparecen en el NEC.

A este espeso silencio se le suele añadir una coda esperanzada: "confiemos en lo que salga, al final, de las Cortes". Aceptada la petición, a uno le asaltan serias dudas de que, vía enmiendas, se pueda transformar el agua en vino.

Aun así, el debate acerca de cómo convertir el texto actual en constitucional es otro falso debate, un señuelo que pretende llevar el agua al terreno de los técnicos en constitucionalismo y "despolitizar" la discusión. Una misión imposible porque el debate es político y se trata de saber, en primer lugar, si el texto nacional-catalanista es o no es democrático y, desde luego, no lo es. Y no lo es porque pretende decidir sobre asuntos que no le corresponden. No lo es porque hace mangas y capirotes de la multilateralidad, concepto intrínseco a cualquier Estado compuesto (federal o de otro tipo). No lo es porque su sistema de financiación, caso de generalizar-se, simplemente, haría desaparecer el Estado. No lo es, porque pretende crear catalanes de primera (los que hablan la lengua propia) y catalanes de segunda. No lo es porque —como dijo en privado un líder de Izquierda Unida— "no estamos ante un proyecto de Ley, sino ante un acta de rendición". Ése es el gran problema que está detrás de este maldito embrollo.