El complicado asunto (siempre lo fue) del sistema estatutario regional en España se ha tornado para muchos (entre los que me cuento) en algo ininteligible. Ininteligible porque se nos escapa la causa, el porqué, y se nos escapa porque desde una óptica de izquierdas —cualquiera que sea la interpretación que se quiera dar a la palabra izquierda— este asunto no era, aquí y ahora, prioritario, ni urgente, ni siquiera conveniente u oportuno.

Además, a fuer de sincero, debo confesar que la primera lectura del proyecto del nuevo Estatuto para Cataluña me produjo, aparte de la lógica perplejidad, un gran cabreo. Un cabreo personal. No tanto por el texto en sí (minucioso, leguleyo, gallináceo...), sino por las intenciones que fácilmente se adivinan detrás de él. Por los sentimientos de desconfianza y de rechazo no sólo hacia el Estado, sino hacia los demás, hacia nosotros, hacia quienes creemos, entre otras cosas, que el Estado democrático es una de las pocas cosas buenas que se han hecho en España en más de siglo y medio. Por otro lado, el Estatuto en cuestión es simple como un cubo y, cual Decálogo cristiano, resume sus múltiples preceptos en sólo dos: 1) "Lo mío, mío" y 2) "Lo tuyo entrambos", que han sido siempre los verdaderos objetivos del catalanismo de derechas, desde la discusión del arancel, en tiempos ya remotos, hasta hoy... Y ver que la sedicente izquierda catalana defienda eso, y sólo eso, provoca una decepción y una tristeza más que notables.

Si el rey Felipe II hubiera llegado un día, pongamos que a la muy noble ciudad de Almendralejo, y reunido con su Concejo les hubiera dicho: "Pedid por esa boca, que la munificencia real proveerá todas vuestras demandas", aquel noble Concejo hubiera pedido la luna, pero es difícil imaginar que la ambición del mentado Concejo fuera tan desmedida como para exigirle al Rey que, si quería cambiar el mobiliario del Alcázar o de El Escorial, debería solicitar permiso a los de Almendralejo. Pues eso es lo que se pretende hacer ahora y no precisamente desde Almendralejo. Claro que este cuento filipino carece de verosimilitud, pues si el de Habsburgo hubiera tenido una ocurrencia como la aquí descrita no hubiera pasado a la Historia con el sobrenombre de Prudente. En efecto, nadie en su sano juicio da carta blanca a las demandas ajenas antes de conocerlas. Nadie que no se llame Melchor, Gaspar o Baltasar.

A estas alturas, en este asunto territorial y espeso, las ocurrencias han brillado como nunca y la prudencia también, pero por ausencia. Sin embargo —y no deja de ser curioso—, la izquierda, en general, no se atreve a decir que "el Rey está desnudo". ¿Por qué?

Quizá porque se cree que expresar libremente su pensamiento no conducirá a otra cosa que a hacerle el juego a la derecha. Quizá por eso se refugia en la denuncia de la sobreactuación que aquélla, la derecha, está poniendo en escena. Mas convengamos que esa retórica, consistente en mirar tan sólo los defectos del adversario, es alicorta, defensiva e inane. Y, sobre todo, es mentirosa con la peor de las mentiras, que es aquélla que consiste en engañarse a uno mismo.

Ese silencio clamoroso, esa confusa discreción quizá se apoye en la esperanza de que, al final, la cosa tenga arreglo y ¡ojalá! que así sea, pero, en tal caso, cabe hacerse la segunda pregunta: ¿Cómo? ¿Cómo se llega al arreglo? Cuestión nada baladí, pues basta con mirar a los escaños del Congreso y su reparto (para no hablar del Senado, donde la cosa está peor) para deprimirse. Pero no entraré yo en ese arcano, sino en otro. Veamos.

Se ha dicho que quienes no degustamos las delicias de este segundo plato de la Transición no entendemos el "histórico proceso" porque nos aferramos al pasado, porque creemos que lo que hicimos es tan perfecto como inamovible. Ya estamos, pues, de nuevo, con esa estupidez de las generaciones. Cuestión tan española que se suele poner sobre el tapete cuando no se tiene otra cosa más inteligente que decir. Así que vayamos al grano. A la autocrítica de los prejubilados forzosos, entre los que me cuento.

En efecto, la Transición no fue perfecta... ni mucho menos, y ahí está el texto constitucional para demostrarlo, y de aquellos polvos mal echados quizá vengan estos Iodos de ahora. Así que aceptemos que una buena reforma vendría bien... pero ésta no. Entonces, ¿cuál?

Para empezar, el cierre definitivo del actual Título VIII, que es un verdadero camello constitucional ("Un camello es un caballo hecho por una comisión"). Y si se quiere el modelo federal, como muchos predican y el propio texto constitucional insinúa, pues hágase y acábese, por fin, con la monserga de los "hechos diferenciales", pues el modelo federal tiene una lógica interna en la cual no caben diferencias, privilegios, bilateralidades ni otras trampas.

Y ya metidos en harina y antes deentrar en el urgente asunto constitucional de la infanta Leonor, podíamos fijarnos en algo llamativo: el sistema electoral.

Yo no sé a quién se le ocurrió (aunque me lo imagino) meter en la Constitución una ley electoral completa, pero ya es hora de cambiarla, pues ha demostrado sobradamente sus perversiones y entre ellas no es la menor, sino la mayor, la que nuestro sistema electoral produzca, inexorablemente, cuando no hay mayorías absolutas, la dependencia gubernamental no de otros grupos cualesquiera, sino de los mismos grupos políticos, aquéllos que obtienen sus escaños en un reducido número de circunscripciones. Lo cual conduce a un peso desmedido de los nacionalismos a la hora de la toma de decisiones políticas, que no se compadece, ni de lejos, con el número de votos obtenidos por ellos en las urnas.

Se dirá que, a pesar de ello, el sistema no ha dificultado seriamente la gobernabilidad, pero ¿a qué coste? Y no me refiero al coste económico, sino a las imposiciones políticas.

Pondré dos ejemplos y los dos referidos al primer Gobierno del PP (1996-2000) que lo fue en minoría: 1) Durante una cena en un hotel madrileño, días antes de la primera investidura de Aznar, los nacionalistas catalanes exigieron —y obtuvieron—que desapareciera la figura, liberal y centenaria, de los gobernadores civiles. 2) La ley catalana que consagra los principios de inmersión, normalización y otras ordenanzas lingüísticas que obligan, entre otras cosas, a que el 55% de los niños que viven en Cataluña se vean obligatoriamente escolarizados en catalán, una lengua distinta de la materna, que es el castellano. Bien, pues esa ley es de 1998. Son dos ejemplos, pero alguien se atreverá algún día a recopilar la catarata de ellos que hay en el BOE y en los Presupuestos Generales del Estado.

En fin, una ley electoral no para reducir la presencia nacionalista en las Cortes españolas, sino para eliminar el actual desequilibrio, la discriminación a su favor. Y esa ley electoral está inventada y se llama sistema mayoritario. Con diputados elegidos directamente en pequeños distritos electorales. Diputados con cara y ojos a quienes los electores puedan conocer y tratar. Un sistema, como el británico, corregido para no dejar fuera del baile político a formaciones o partidos con presencia nacional, como lo es ahora Izquierda Unida.

Se podrá decir que todo esto es imposible, pero no es cierto. Se podrá argumentar que estas propuestas, caso de ser tomadas de la mano por los dos grandes partidos producirán incomodidad entre los nacionalistas, y eso será verdad. Pero resulta que la incomodidad es el medio natural en el que vive siempre el nacionalismo. Pretender que los nacionalistas vivan cómodos dentro de España es lo mismo que pretender que las sardinas vivan fuera del agua.

Si se trata de discutir acerca del reparto del poder político, no puede hacerse debatiendo, solamente, de la parte del salchichón que sigue en manos del Estado. Hablemos del salchichón entero, incluso de las rodajas ya cortadas subrepticiamente. Y ya que estamos en la metáfora del embutido, alguien podría explicarme: ¿por qué un juez (un notario, un inspector de Hacienda, un catedrático, un forense...) que quiera ejercer en Vich no puede ser de Extremadura? •