Ya los antiguos griegos habían constatado que la democracia directa era una patraña que conducía al imperio a los demagogos. Hay a este respecto una historia tan clarificadora como trágica:

La batalla de las islas Arginiusas fue, probablemente, la última victoria naval de Atenas en la guerra del Peloponeso. Aun así se perdieron doce trirremes con su tripulación porque un violento temporal impidió su rescate. Terámenes y Tirasíbulo habían sido enviados a salvar a los náufragos, cosa que no consiguieron, y de regreso a Atenas se apresuraron a lanzar el descontento general sobre los estrategas victoriosos. La Asamblea, presa de la histeria, se negó a juzgarlos individualmente, como exigía la ley. Sólo unos pocos, entre ellos Sócrates, se opusieron al clamor del pueblo, pero en vano. Cito a Jenofonte: "Luego condenaron por votación a los estrategas que participaron en la batalla naval, que eran ocho. Fueron ejecutados los seis presentes. No mucho tiempo después los atenienses se arrepintieron y votaron que fueran juzgados aquellos que engañaron a la asamblea". Una justicia impartida a impulsos de la pasión popular sacrificó a los generales que habían ganado la batalla.

La democracia moderna, que hunde sus raíces en la Ilustración, en la Declaración de Virginia y en lo mejor de la Revolución francesa, nunca creyó en el mito de la democracia directa, imponiéndose el sistema de la delegación. Los electores, al elegir a sus representantes, delegan en ellos, reservándose el derecho de deponerlos o ratificarlos cada cierto tiempo, que las leyes y otras normas electorales se encargan de precisar.

La Constitución Española, en su artículo 6, extiende este sistema de delegación a los partidos políticos al decir: "Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos". Pese a este mandato constitucional, los partidos políticos se las han arreglado para negarse, en los hechos, a cumplir con esa obligación. Cualquiera que sea la interpretación que quiera darse a la palabra Democracia, ésta no encaja con las prácticas partidarias, al menos en España.

Una versión mínima de ese "funcionamiento democrático" del que nos habla la Constitución nos señalaría, al menos, dos elementos: debate y elección. Discusión sobre las ideas y proyectos y elección entre varios candidatos para cubrir los puestos directivos y de representación. Pues bien, para cualquier observador mínimamente informado es una evidencia que dentro de los partidos políticos no existe debate interno con su consiguiente votación sino de uvas a peras. A la hora de discutir cuestiones candentes, los debates y las votaciones brillan por su ausencia para verse sustituidas, en el mejor de los casos, por algunas opiniones u ocurrencias dejadas caer, aquí o allá, en cualquier medio de comunicación por algún revoltoso o consentido, que aparece ante el público como un extravagante.

En este asunto de eliminar la discusión interna, los aparatos partidarios cuentan con un aliado tan potente como inesperado: los medios de comunicación. Éstos transforman, ipso facto, cualquier opinión interna que no se atenga al carril impuesto desde arriba en un cisma, en una desunión peligrosa. En estas condiciones, plantear o iniciar cualquier debate o discusión, convierte al proponente en un disidente peligroso, en un riesgo para la sacrosanta un¡dad del partido. Pero, ¿qué democracia puede sostenerse como tal sin que exista discusión alguna? Lo más terrible de esta desgraciada práctica es que cuenta con la anuencia del espectador, a quien los medios, al parecer, han convencido de que todo debate interno es malo.

En lo que se refiere a la elección, es decir, a la competencia entre dos o más candidatos, los partidos -salvo raras excepciones, generalmente, tras una crisistambién la han eliminado. En los partidos espano¡es hay votaciones, pero no hay elecciones, sólo ratificaciones, y a nadie parece preocuparle esta extraña democracia interna sin debates y sin elecciones.

Sólo una ley de partidos podría imponer prácticas democráticas en los partidos políticos pero ¿qué partido la va a reclamar en el Parlamento? De momento, ninguno. Claro que `si las cosas funcionan", ¿para qué cambiarlas? Este argumento, tan pragmático, quizá podría servir si el artículo 6 de la Constitución no existiera, pero ya que existe, o se cumple o se elimina. Cosa, esta última, que ya se le habrá pasado por la cabeza a más de un aparatchik, aunque, mientras nadie proteste, tampoco ese corte en la Constitución resulta urgente.

Y si la democracia brilla por su ausencia en los partidos, en la sociedad civil la cosa es, si cabe, más escandalosa. En España cualquier truco es bueno para impedir las veleidades que pueda provocar la práctica democrática. Así, la mayor parte de las ONG que funcionan en nuestro país son fundaciones, cuyo mecanismo interno no pasa por las horcas caudinas de ninguna urna, y en las que no son fundaciones los socios más notables ya se ocupan de evitar cualquier remoción de la dirección. Con igual celo, en muchos casos, quienes están dentro, manejando el cotarro, procuran no ampliar el negocio, es decir, que evitan la entrada de nuevos miembros, no vaya a ser que los recién llegados tengan la pretensión de controlar o remover a la sempiterna dirigencia.

La supervivencia de una ONG no depende de la cantidad y calidad de quienes en ella laboran, sino del funcionamiento de la ordeñadora con la que se nutre. Una ordeñadora que tiene, básicamente, dos tubos de succión: uno enganchado a la ubre nutricia del Estado, vale decir, a las instituciones públicas y el otro tubo amarrado a los medios de comunicación. Con el primero se llenan las arcas y con el segundo se asegura la presencia pública. Conozco a este respecto casos llamativos, como es el de una asociación feminista de notable influencia pública y política que está formada exclusivamente por dos mujeres y sus entornos familiares. Les basta con una página web y las buenas agarraderas que han conseguido establecer con el poder para seguir mandando, impunemente, sobre la vida de los demás, ¡y de qué modo!

Pero la perversión no se circunscribe a las fronteras patrias. No hace tanto tiempo la prestigiosa y masiva Greenpeace decidió cambiar de líder máximo, mas para ello no se les ocurrió recurrir a las candidaturas y las urnas, sino que buscaron, cual Florentino Pérez, un galáctico que los representara. Por cierto que encontraron un español, mediático donde los haya, pero la alcaldada era de tal tamaño que al final desistieron.

Por otra parte, en el mundo económico la cosa es de traca. Los accionistas, es decir, los dueños de una empresa, que no sea de origen familiar y que cotice en Bolsa, no pintan absolutamente nada a la hora de tomar decisiones o de elegir directivos. Se ficha al presidente y éste trae a su "equipo" ('equipo": palabra mágica que ha sustituido con éxito a la más añosa y precisa de "nepotismo"); luego llega la junta general y se encarga de ratificar todo lo ya actuado... a cambio de una cajita de bombones.

Tengo para mí que los magníficos resultados obtenidos por la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que ha logrado sobrevivir a cuantos avatares se le han puesto por delante desde Nerón a Stalin, pasando también por variopintos personajes, como Galileo, Lutero, Robespierre, Darwin, Voltaire y Kant, ha hecho pensar a los que manejan hoy el aparato político y social que ése es el modelo a seguir: jerarquía y cooptación. Claro que la Iglesia, que sí presume de ser una sociedad perfecta, jamás ha dicho que fuera democrática en su funcionamiento interno, más bien ha sido y es todo lo contrario.

La cooptación (por no hablar del sistema jerárquico) es un sistema estable, pero no es el más indicado para ponerse al día. El Papa nombra a los cardenales y, cada cierto tiempo, éstos eligen de entre ellos al Papa. Lo cual suministra al grupo dirigente una estabilidad de hormigón y una supervivencia de botella de plástico, pero no le asegura -sino todo lo contrario- alguna capacidad de adaptación al medio.