He de confesar que del melón abierto con la apuesta por la España plural me preocupan, básicamente, dos cosas: 1) que la asíntota horizontal, el límite que pretendió poner la Constitución de 1978, se acabe convirtiendo en una asíntota inclinada que apunte hacia la independencia de algunos territorios, y 2) que los ciudadanos no-nacionalistas se vean convertidos en mozárabes, es decir, que se les trate en las Comunidades Autónomas con lengua propia "como a los alemanes que viven en Mallorca", en palabras clarificadoras de Arzalluz.

Me preocupa menos la financiación, y diré por qué. Partamos de una hipótesis simplificadora, pero suficientemente explicativa: lo que básicamente distingue una política de otra es el tratamiento que se da a la desigualdad social. Partiendo de esa base, la autonomía del gobierno (central, autonómico o municipal) lo ha de ser para llevar adelante sus propias políticas respecto a la desigualdad y, entre ellas, la desigua dad territorial. Se debe aclarar, antes de seguir con el argumento, que en España la desigualdad territorial, medida en términos de CC AA, explica tan sólo el 7% de la desigualdad económica existente entre las familias españolas. En otras palabras, el 93% de esa desigualdad no tiene origen territorial. Puestas así las cosas, puede enunciarse un primer principio: las políticas que abor an la desigualdad inter-autonómica han de residir en el Estado (y ahora en la UE), y no es asunto que debiera afectar directamente al sistema de financiación autonómica.

Por otra parte, el instrumento más poderoso con el que cuenta el Estado para corregir las desigualdades se llama Seguridad Social y no tiene un destino territorial, sino individual (pensiones, subsidios ... ), pero sí tiene efectos territoriales, pues, por ejemplo, no todas las comunidades tienen las mismas estructuras demográfícas (envejecimiento) ni los mismos niveles de desempleo, etc., etc. Otro instrumento igualador, obvio es decirlo, son las inversiones estatales en infraestructuras.

Mezclar el asunto de la solidaridad interterritorial a la hora de abordar el sistema de financiación de las CC AA ha sido uno de los grandes errores cometidos desde el inicio de la navegación constitucional iniciada en 1978. De este error nacen muchas de las dificultades actuales. El único argumento para introducir el debate de la solidaridad a la hora de discutir un modelo de financiación para las CC AA es de segundo grado y cabe expresarlo en los siguientes términos: dado que el esfuerzo fiscal total (vía municipal, autonómica y central) tiene límites, todo lo que vaya a un lado, por ejemplo, las CC AA, disminuye -ceteris paribus- lo aportado a los otros dos: el Estado y los ayuntamientos. Como fácilmente puede entenderse, así expresado, el problema pierde carga emocional y demagógica, para quedar colocado en términos de racionalidad.

Me preocupa más lo que pueda pasar con el nuevo Estatuto catalán que con el vasco, porque lbarretxe, que va como una moto, ya planteó su plan y éste no cabía en la Constitución ni de lejos, pero lbarreche lo tiene crudo y no sólo porque el Parlamento español le dijo -y le va a seguir diciendo- nones, sino porque una parte muy notable de los vascos ha expresado con suma claridad que por ahí no pasa. En Cataluña, sin embargo, donde sólo le preocupa la cuestión estatutaria a una pequeña minoría, las elites olíticas -incomprensiblementeconsideran que esto de¡ Estatuto es el único problema que tiene la sociedad catalana. Una situación que plantea graves dudas acerca de la representación política en Cataluña. Por ejemplo, que en el Parlamento de Cataluña nadie se exprese en castellano es más que un indicio, pues, desde larga data, Cataluña ha sido tierra de inmigración castellano-hablante. Gentes a quienes la llamada "normalización lingüística" ha reducido, en la práctica, sus derechos civiles, convirtiéndoles en mozárabes, esi pecialmente en lo que se refiere al ascenso social. Y ello ha sido posible, entre otros mecanismos, a través de la conculcación de su derecho a usar el castellano en los foros públicos: escuela, universidad, iglesia, mítines, conferencias... Pariamento. Por eso, al novelista luan Marsé, que escribe en castellano, no se le considera catalán a hora de representar a la literatura de Cataluña (que es bilingüe) en la Feria de Fráncfort.

La normalización lingüística, operación de gran calado, ha estado basada en normas legales autonómicas y en prácticas represoras, a mi juicio anticonstituc iona les casi todas ellas. Contencioso que nadie se ha atrevido a plantear ante las instancias debidas, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional. Más bien al contrario, si uno viaja por Cataluña verá que las señales en las autopistas -muchas de ellas de propiedad estatal- están escritas exclusivamente en catalán. Y todo ello ignorando el Artículo 3 de la Constitución, donde se lee: "El castellano es la lengua española oficial de[ Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla..."

Durante la dictadura de Franco (otro nacionalista radical) estaba prohibido que los establecimientos pusieran sus rótulos en otro idioma que no fuera el castellano. Ahora, otro nacionalismo prohíbe ponerlos en otra lengua que no sea el catalán. Además, en este último caso existen grupos de "escuadristas lingüísticos" que se dedican a denunciar a los tenderos que han llamado a sus establecimientos, por ejemplo, "Casa Pepe".

La "España plural" -aunque ellos no pronuncian casi nunca la palabra España, sustituyéndola por la frase insultante de Estado español- es entendida por los nacionalistas como una concesión y no como una descripción, precisamente porque ellos no consideran ni en su pensamiento ni en la práctica que Cataluña o el País Vasco sean plurales.

Claro que todo esto se ve favorecido -¡y de qué modo!- por el sistema electoral español, que, con excesiva frecuencia, coloca a los dos grandes partidos (PSOE y PP) ante la situación de encontrar el apoyo de formaciones nacionalistas si quieren gobernar en España. Colocados éstos como charnela, ejercen un poder infinitamente mayor que aquel que se deriva de sus votos. Conviene recordar, por si a alguien se le ha olvidado, que entre 1996 y 2000 Aznar gobernó con estos apoyos. No sé si el entonces presidente hablaba o no catalán en privado, pero cedió lo suyo en el campo económico y en otros. Pondré un ejemplo que puede parecer menor, pero que resulta muy significativo: fue CiU quien se empeñó y consiguió que desaparecieran del organigrama del Estado los gobernadores civiles, quienes pasaron a llamarse "subdelegados del Gobierno". Uno puede imaginarse a un coronel de la Guardia Civil dirigiéndose al representante del Estado, de quien depende en cualquier provincia española, para decirle: "A sus órdenes, subdelegado". Chusco.

Para más inri, no sé quién tuvo la maravillosa idea de meter dentro de la Constitución la Ley Electoral, mas, fuera como fuera, parece llegado el momento de reformarla. No para quitarle a los nacionalistas su representación en el Parlamento español, sino para impedir que con tan pocos votos tengan tanta capacidad de decisión. Además, se podría aprovechar el viaje para acabar con otra lacra: las listas cerradas y bloqueadas, origen de muchas de las arbitrariedades y de los nepotismos intrapartidarios.

Y si ustedes, amables lectores, quieren saber qué modelo electoral propongo, no les dejaré con la curiosidad: el mayoritario; eso sí, corregido de suerte que las formaciones pequeñas de ámbito nacional (IU por ejemplo) no se queden fuera del baile.