Uno tiene la sensación de que, a menudo, los problemas que se plantean a la sociedad son producidos, casi exclusivamente, por los propios políticos, que esos problemas no responden a necesidades o reivindicaciones de los ciudadanos. Tal es, a mi juicio, el caso de un asunto espinoso, el de la reforma estatutaria de Cataluña. Desde luego, hay problemas reales, como el de la financiación de la Sanidad, pero no es un problema que afecte sólo a Cataluña, sino a todas las comunidades autónomas. En efecto, el sistema de financiación previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) -sistema de coste efectivo-, en general, ha funcionado, pero que se queda corto a la hora de aplicarlo a servicios como la Sanidad, cuyos gastos se disparan por dos causas: 1 ) creciente envejecimiento de la población, y 2) coste de las nuevas tecnologías médicas.

Cataluña sufre de este déficit con especial virulencia, no por su especificidad sanitaria, sino porque lleva más años que otras Comunidades ejerciendo esa competencia. Nadie puede negar la existencia de este déficit y tampoco sostener que la Hacienda central pueda obviarlo mirando para otro lado.

Los redactores del nuevo Estatuto catalán, en cualquier caso, deberán contestar a una cuestión previa: ¿cabrá el nuevo Estatuto en la Constitución vigente? Términos como Nación", "Comunidad Nacional", obligatoriedad del idioma catalán o autodeterminación son de difícil encaje, obvio es decirlo. Mas, sea como sea, si el nuevo Estatuto no encaja en la Constitución, para que no se embarranque, debería esperar a que se cambie la Constitución y a nadie se le oculta que eso son palabras mayores. Cualquiera en su sano juicio no pondría la carreta delante de los bueyes,

Pero hay un asunto previo y doméstico que puede empantanar el Estatuto antes de su paso por el Parlamento catalán, a saber: ¿votará CiU un Estatuto liderado por Maragall? Si la respuesta es no, como parece, estaríamos metidos en un debate inútil. Muestra, eso sí, que los problemas creados por los políticos, a diferencia de los problemas reales, no tienen solución. Y mejor que no la tengan.

En estas condiciones, poner encima de la mesa, no la financiación, sino todo el modelo financiero, lo único que consigue es levantar una polvareda donde toda demagogia tiene su asiento. La demagogia y también la confusión. Pues en la propuesta que lidera el consejero Toni Castells hay de todo: cosas muy razonables, razonables, discutibles e inviables. Un campo de batalla de esos que encantan a los medios de comunicación... y aburren al personal. Un buen político es aquel que plantea y se plantea problemas que puede resolver sin recurrir a demasiada gente. Por eso un buen político nunca hubiera puesto todos los huevos en una cesta como el Estatuto, cuya arribada a buen puerto exige tal cantidad de actores, tal como lo de decisiones arriesgadas que los huevos propios pueden convertirse en una tortilla ajena. Cosa que suele resultar especialmente dolorosa (por lo de los huevos, claro está).

Por otro lado, como era de esperar, algunos movimientos y ocurrencias han sido recibidos de uñas en otros lugares de España. Basta con oír, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid ante el traslado a Barcelona de la Comisión de las Telecomunicaciones, que tenía su sede en la capital de España. "Estos catalanes se quieren llevar la Cibeles a Barcelona", oí decir a un sarcástico taxista el otro día.

Aunque la cosa no sea para tanto, ni mucho menos, conviene recordar que aquí, en Madrid,,empezó una guerra cuando a un hombre, vestido de manolo, se le ocurrió gritar a las puertas del Palacio Real: "¡Que nos lo llevan!". Se trataba de un mamoncillo de la familia de Carlos IV, y el atacado por el grito era Napoleón, que no era catalán, pero sí era francófono.