Expolio, archivo y bandera

La represión contra los republicanos de diferentes ideologías, puesta en marcha por el régimen del general Franco, contó, desde su inicio, con una apoyatura burocrática y pseudo-judicial entre cuyas labores de limpieza estuvo el expolio de archivos y documentos privados y públicos que le permitieron ir construyendo un archivo propio cuya única finalidad era la represión sistemática y feroz. El lugar donde se fueron acumulando estos documentos expoliados fue, lógicamente, la capital donde residía la plana mayor de la sedición, es decir, Salamanca.

Cuando la dictadura desapareció, por consunción de su más alto representante, ese archivo pasó a llamarse "Archivo de, la guerra c¡vil" y se abrió a los investigadores. De manejarlo la policía política y los tribunales militares de la dictadura, pasó a ser gestionado por archiveros profesionales y a operar como un archivo más, pero ello no obstante, el origen del mencionado archivo no podía obviarse ni podía impedir las lógicas reclamaciones de los expoliados, ya fueran instituciones públicas, como la Generalitat catalana partidos, sindicatos o personas privadas.

Estas reclaniaciones acabaron por convencer al Gobierno, entonces socialisti, de la conveniencia que tenía dictar una norma que solucionase el problema, devolviendo a sus legítimos dueños los clocunientos incautados, manteniendo, eso sí, una copia en el archivo sobrevenido para uso de los estudiosos y del público en general. Pues bien, anunciar esa norma y estallar la reivindicación salmantina fue todo uno. El Gobierno dio entonces un frenazo, más tarde el PSOE perdió las elecciones... y hasta hoy.

En España estalló una guerra (1808), que en no pequeña parte fue guerra civil, porque un madrileño, que debía de tener un vozarrón, gritó: "¡Que nos lo llevan!", ante el palacio real. Era el caso que Napoleón, con la anuencia de Carlos IV y su real familia (tan amablemente retratada por Goya), había trasladado a una finca del sur de Francia, propiedad del incombustible Talleyrand, a dicha familia, habiéndose quedado en Madrid ese joven infante de cuyo viaje a Francia se quejaba el gritón. Algo parecido debió de ocurrir en Salamanca tras el anuncio gubernamental de devolver los documentos a sus dueños. Alguien gritó: "¡Que nos lo llevan!", y los documentos y el archivo se convirtieron, ipso facto, en bandera. Pero como los tiempos cambian y ahora se exige, al menos, un argumento científico, los abanderados salmantinos, con todas las fuerzas vivas a la cabeza, lo encontraron en un concepto archivístico: la unidad de archivo", que en rornán paladino dice algo sencillo y razonable, a saber: que un archivo no debe dispersirse. Pero habrá de reconocerse que éste no es un archivo cualquiera.

Imaginemos (y es un decir) que yo he heredado un cuadro de mi pobre abuela y el cuadro es de Picasso. Si a mi casa llegaran unos matones para robarme el cuadro y éste apareciera colgado en el Museo de Málaga, creo que yo tendría todo el derecho para exigir li devolución de la obra y el niuseo no podría argumentar (eso me parece) que allí, a disposición del público, está mucho mejor. Pues eso mismo ocurre con los docurnentos del mentado archivo robados a sus dueños.

Con el nuevo cambio político tras las elecciones del 14 de marzo de 2004, los dueños y sus portavoces, como era de esperar, han vueltoa la carga exigiendo la devolución de documentos. Ahora, me temo, volverán a agitarse unas cuantas banderas y, como es sabido, entre binderas no hay dios que se haga entender.