El echo de que unas firmas (de una o varias administraciones) transformen, al recalificarlo, el valor del suelo multiplicándolo por cien o más, está en el origen de grandes y pequeñas corrupciones. También de tramas que pretenden agarrarse, como garrapatas, al poder político. Un peligro para la democracia y un expolio para la sociedad. Porque, vamos a ver, ¿qué creación de riqueza real aportan los especuladores? Obviamente, ninguna.

A este mal se añade el que las tasas de beneficio en este negocio son mucho más elevadas que en cualquier otro. En tales condiciones, ¿quién es el guapo que invierte en, por ejemplo, I+D, si puede forrarse en el negocio del suelo? Un desastre añadido que socava el futuro de cualquier país. Eso es lo que está pasando en el nuestro.

Pese al bajo nivel de los tipos de interés hipotecarios, estudios recientes sobre la demanda potencial de vivienda en Madrid muestran que, a los precios actuales, los madrileños con ingresos familiares de hasta seis,veces el salario mínimo interprofesional (SMI), difícilmente pueden acceder a la compra de una vivienda, lo cual excluye a más del 85% de la demanda potencial.

En ese precio final de la vivienda influye cada vez más el coste de¡ suelo, de suerte que en Madrid, por ejemplo, representaba, hace algunos años, en torno al 30% del precio final de una vivienda y actualmente supera ya ampliamente el 50%. Ello quiere decir que los precios del suelo han aumentado mucho más que los soportados por los demás componentes de la construcción (materiales, mano de obra ... ).

"Hágase urbanizable, recalífíquese gran cantidad de suelo y una acrecida oferta hará bajar los precios". Éste ha sido y sigue siendo el eslogan de quienes, con irritante monotonía, tocan la flauta del mercado con el solo agujero por el que la soplaba Bartolo. Ésta ha sido la filosofía (y la política) de los últimos años, ley del suelo incluida. Los resultados ahí están: los precios del suelo siguen en ascenso imparable, mientras los amigos de Bartolo, convertidos en marxistas (de Groucho), continúan pidiendo más madera, es decir, más recalificación, más desregulación... pero sin entrar, claro está, en el fondo de¡ asunto, aunque, como bien se ve, más suelo recalificado no implica menores precios. La evidencia empírica señala precisamente lo contrario.

Esta viejísima ideología anti-planeamiento es la que está detrás de la vigente ley del suelo (ley 6/98) de 23 de abril de 1998. La exposición de motivos de esta ley es transparente en cuanto a sus intenciones: "la presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado"'. Pero lo más significativo, desde él punto de vista ideológico, es su definición de la vivienda como "producto final" del suelo. Una revolución del pensamiento, pues considera a la epidermis del planeta, el suelo, únicamente como soporte del negocio inmobiliario, los demás usos son irrelevantes, desde la agricultura al paisaje.

Si alguien quisiera contrastar honradamente los resultados de esta política 'liberal izadora' , le bastaría con mirar lo ocurrido en Madrid desde 1995 (inicio de los PAUs) hasta ahora. Las cosas son tan claras como las siguientes: viviendas entregadas en el nuevo suelo recalificado: prácticamente, ninguna; mientras, el precio M suelo recalificado aún sin urbanizar se ha multiplicado por ocho. Todo un éxito.

¿Qué ha pasado? Pues lo que todos los urbanistas sabían que iba a pasar: dado que los especuladores trabajan en régimen oligopólico y monopólico a la hora de fijar los precios y dada la renuncia de los poderes públicos a intervenir en el Uproceso de fabricación', los operadores retienen el suelo (especulan) cuanto quieren y, lógicamente, los precios se disparan. A esta renuncia de los poderes públicos a intervenir en el proceso urbanizador (con el consiguiente embarrancamiento en las juntas de compensación) se han unido dos factores más: el vertical descenso de la producción de viviendas de protección oficial y la venta de suelo público a precio de mercado, es decir, especulativo.

Los propietarios originales de¡ suelo poca vela llevan en este entierro; el proceso suele ser más complicado y más siniestro. Los protagonistas son los especuladores, que ahora se hacen llamar, muy dignamente, operadores del suelo. Sean, a la vez, constructores o no lo sean, estos operadores controlan el mercado del suelo de forma oligopolística, sin arriesgar un euro. Uno de los mecanismos que utilizan consiste, no en comprar suelo, sino en atar las voluntades de los dispersos propietarios originales, mediante documentos que suelen tomar la forma de "opciones de compra'. Esta operación la suelen hacer, claro está, antes de que el suelo haya sido recalificado, en el momento en que ellos intuyen o saben o empujan para que lo sea. Ahí está el negocio y ahí está la corrupción.

Últimamente, la desregulación liberalizadora ha metido en el baile una demanda de suelo añadida, la de los bancos. Éstos, según la Comisión Nacional de¡ Mercado de Valores, han comprado durante los últimos años en toda España y a buen precio ¡350 millones de metros cuadrados! para urbanizar. Como no hay plazos para poner ese suelo en funcionamiento, lo harán cuando más les convenga. Estamos ante un ofigopolio fomentado por una política que, como bien se ve, está resultando nefasta.

Pára mayor escarnio, renunciando a intervenir para intentar bajar los precios de ese bien no-renovable que es el suelo, algunos notables ayuntamientos, acuciados por sus haciendas nada boyantes, sacan a subasta su propio suelo público edificable. Una perversión, dudosamente legal, que, como es obvio, repercute en el alza de¡ coste de la construcción y, por lo tanto, de la vivienda.

A estas alturas conviene recorda el tenor literal de¡ Artículo 47 de la Constitución vigente. Dice así: "Tbdos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas per tinentes para hacer efectivo este de recho, regulando la utilización de suelo de acuerdo con el interés ge neral para impedir la especulación la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción ur banística de los entes públicos'. Una cita algo larga pero, sin duda, pertinente.

El caso de Madrid demuestra varias cosas y, sobre todo, que la aseveración según la cual la masiva recalificación de suelo conduce a rebajar el precio de éste es mentira. Una mentira, eso sí, muy rentable para los especuladores.

Que la actual ley del Suelo y las prácticas que ella ha propiciado van contra la letra y el espíritu de la Constitución es, a mi juicio, obvio, pero hay más. En el campo privadisimo de la media docena de promotores que operan, por ejemplo en Madrid, dominando el mercado del suelo existe una permanente "maquinación para alterar el precio de las cosas", es decir, un delito tipificado en el artículo 281 del Código Penal, que castiga estas prácticas con la pena de prisión de uno a cinco años. Pero estarán tranquilos porque nadie los va a denunciar ni a perseguir judicialmente. Tampoco se harán públicos sus nombres. Son demasiado poderosos. Desde el suelo han alcanzado el cielo y, de paso, han arrojado al resto de los mortales al subsuelo, es decir, al infierno.