Juan F. López Aquilar, ministro de Justicia

"VAMOS A REMOVER TODAS LAS BARRERAS DE DESIGUALDAD"

En su cartera están los cambios sociales de mayor calado que prometió Zapatero y por eso está teniendo que hacer frente a las críticas de los sectores más reacios a ellos, principalmente la Iglesia y la derecha judicial. No obstante, se muestra entusiasmado con la tarea ya que asegura sentirse arropado por la sociedad española, mucho más tolerante de lo que algunos pretenden. Al Consejo del Poder Judicial le pide que cumpla sus funciones constitucionales y deJe de confrontar con el Gobierno, y a los obispos, sosiego, ya que el Ejecutivo quiere seguir cooperando con la Iglesia aunque por ello no va a dejar de cumplir su programa.

Por Inmaculada Sánchez

Obispos, jueces, algunas feministas... ¿Pensaba usted que iba a tener tantos frentes en sus primeros0 ros seis meses como ministro?
Trabajamos cuatro años para llegar al Gobierno y no fueron fáciles. Y sabíamos que, una vez en él, todo iba a ser aún más difícil. Pero lo estamos haciendo con motivación porque sentimos el aliento de muchísima gente todos los días. Puede haber dificultades a la hora de sacar adelante iniciativas transformadoras o de cambio pero somos conscientes de que cumplimos con nuestro deber y nuestro compromiso y que, además, la mayoría de la sociedad española las está apoyando.

-Uno de los frentes más activos en estos momentos es el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde él acusan al Gobierno de querer dinamitarlo, y desde el PP de pretender nombrar jueces afines. ¿Cuáles son los objetivos de los cambios propuestos en la forma de seleccionar los jueces del Supremo y de los Tribunales autonómicos?
-El Consejo General del Poder Judicial está definido en la Constitución por sus funciones ejecutivas. Adopta decisiones relativas a nombramientos, inspecciones, régimen disciplinario y sanciones, con una composición colegiada que describe mayorías y minorías. Por consiguiente, está abocado a dar cuenta de su pluralidad interna. Hemos observado que el Consejo ha ido derivando en el curso de su actual mandato de cinco años en un funcionamiento mecánico: ¡a mayoría adopta sus decisiones sin diálogo ni negociación con la minoría. El Gobierno lo que quiere es incrementar y reforzar los acuerdos precedidos de diálogo y de consenso para adoptar nombramientos. Creemos que ciertas declaraciones exageradas están fuera de lugar y de razón. Desde luego las que alegan defectos de constitucionalidad", porque no los hay por ninguna parte. Y también las que pretenden que esto es una `ruptura de las reglas de juego" para ocupar el Poder judicial, cuando lo que se está haciendo, pre cisamente, es asegurar una regla por la que se invite a los 20 miembros del Consejo, como mínimo, a deliberar conjuntamente antes de decidir nombramientos que, de otra manera, quedan enteramente resueltos por una misma mayoría mecánica, la de los vocales propuestos por el PP.

-¿Ha querido, entonces, el Gobierno dar la vuelta a un mapa judicial heredado con predominio de jueces cercanos al PP?
-El PSOE y su Gobierno han distinguido siempre entre el Consejo del Poder Judicial y el poder judicial. A menudo, el lenguaje periodístico confunde uno con otro. No son lo mismo. El Poder Judicial en este país está residenciado en todos y cada uno de los 4.000 jueces y magistrados que ponen sentencias. Pero el CGPJ es un órgano político, cuya legitimación, a nuestro juicio se deriva de su elección parlamentaria y de las funciones de expresión de las distintas sensibilidades que conforman la propia judicatura y la sociedad a la que sirve. Por tanto, resulta muy llamativo que quienes más se han llenado la boca con un discurso de, "despolitización de la justicia" en el seno del Consejo, estén exhibiendo ahora tantas ganas de confrontar políticamente con el Gobierno.

-Usted ya conocía a los miembros del Consejo. ¿Se esperaba tanta beligerancia?
-El Gobierno quiere establecer con el CGPJ unas relaciones positivas de colaboración. Nosotros hemos adquirido un compromiso con la ciudadanía. Lo cumplimos. Esperamos del Consejo que cumpla también con sus propias responsabilidades. Y tiene mucho por hacer: en materia de inspección de juzgados y tribunales o de desarrollo reglamentario de leyes orgánicas relativas a la organización del funcionamiento de los juzgados. Vemos, también, que los ciudadanos denuncian defectos, dilaciones o un mal funcionamiento del sistema judicial que requiere acciones disciplinarias y correctivas muy enérgicas por parte del Consejo. Creemos que la sociedad espera que se emplee a fondo en el cumplimiento de esas funciones y entiende mal que, desatendiendo esas, tenga tantas ganas de desplegar otras que la Constitución no le atribuye, como la de dictaminar todas las iniciativas legislativas del Gobierno y, mucho menos, pronosticar los vicios de inconstitucional¡dad que no aparecen por ninguna parte.

-En ese programa que alude estaba la legalización del matrimonio entre homosexuales. ¿Cree que provocará conflictos?
-justicia tiene una agenda ambiciosa para esta legislatura. Entre ellas el muy importante capítulo penal y judicial de la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género. La del matrimonio homosexual es una medida con gran impacto mediático pero, en realidad, es una reforma legislativa de carácter muy escueto aunque con un gran calado social porque remueve una barrera de desigualdad centenaria o milenaria: la que prohibe a una categoría de personas ejercer, en una sociedad que quiere ser libre, abierta y plural, su modalidad de convivencia afectiva en igualdad de derechos que cualquier otra persona, sin discriminación por su orientación sexual. Comprendemos que haya suscitado resistencias por parte de los sectores que tradicionalmente se resisten al cambio y son hostiles a los avances y al progreso. Pero estamos convencidos de que esta medida tiene detrás de sí a la inmensa mayoría de la sociedad española que es mucho más tolerante de lo que, a menudo, el ruido o la espuma de algunos debates permite entrever con claridad.

-En su proyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género han tenido que añadir, en el trámite parlamentario, a otras "personas especialmente vulnerables" del ámbito familiar para conseguir que fuese aprobada por unanimidad ¿No es esto el reconocimiento de un error no calibrado a priori?
-En absoluto. El Gobierno lanzó un mensaje muy potente, el de tomar partido por las mujeres en una relación de desigualdad define a toda una sociedad, que no es la sumatoria de episodios individuales de violencia de muchos hombres contra mujeres, sino la descripción de una sociedad donde hay muchísimas mujeres que menos oportunidades que los hombre de emanciparse, de elegir su propia vida y que, además, viven aterrorizadas. El Gobierno ha tomado partido por ellas, que son la parte más débil. Construye una respuesta integral que hinca raíces en el plano educativo, en valores, se expande por la imagen de la mujer en los medios de comunicación y la publicidad comercial, las ayuda a emanciparse, promueve la inserción socio-profesional cuando ésa es la razón de su esclavitud o su terror cotidiano y responde penal, y judicialmente, de forma dura y especializada, contra la violencia. Todo eso este el primer proyecto de ley. A partir de ahora abre un proceso de diálogo con otros grupos parlamentarios y se llega a un punto de consenso en un aspecto muy específico en una ley de largo recorrído. Ese punto concierne a un tipo penal agravado. Si con la nueva agravante se cubren situacione de vulnerabilidad en el ámbito de la convivencia o las relaciones afectivas, bienvenido sea. Eso no cambia ni la filosofía ni la orientación de la ley.

-¿Esta corrección no va a frenar al bierno en su intención de utilizar la discriminación positiva para algunos colectivos?
En absoluto. Incluso queremos poteneciar y multiplicar este tipo de discriminaciones en otras que tomaremos en estos cuatro años. Se ha anunciado ya que se va a promover una iniciativa legislativa para garantizar la igualdad de derechos de la mujer en el mercado de trabajo. Vamos a remover todas las barreras de desigualdad que estén a nuestro alcance en esta legislatura.

-La reforma de la Ley del Divorcio ha tenido sus primeras críticas desde colectivos feministas hasta ahora entusiastas con el Gobierno, sobre todo en cuanto a la custodia compartida de los hijos. ¿Prevé que, al igual que con la Ley Integral contra la Violencia, también pueda haber correcciones al proyecto en aras a conseguir mayor consenso?
-La agilización y simplificación del divorcio se corresponden con un estado de opinión con respecto al derecho a casarse y a disolver el matrimonio inmensamente mayoritario que ya venía tardando demasiado tiempo. A comienzos de los ochenta se aprobó, con grandes dificultades, una primera legislación. Se introdujeron muchas cautelas que en el curso del tiempo han probado ser origen de una
multiplicación del sufrimiento procesal, económico pero, sobre todo, emocional y moral. Por eso estamos convencidos de que esta iniciativa está cargada de razón y de sentido. La hemos dialogado mucho con todos los colectivos. Somos conscientes de que algunos de ellos representan una vivencia especial, como lo somos de que la iniciativa, correctamente explicada, crea soluciones a la altura de los modelos mayoritarios de nuestro tiempo. La custodia compartida no se impone como una obligación. Es una opción disponible. En el caso de que no haya acuerdo, el juez, como hasta ahora, y como es obligado por las coordenadas constitucionales de, protección al menor, deberá decidir. Siempre oyendo a las partes, en interés del menor.

-¿Y la retorma sobre la legislación del aborto, por qué va a quedar para el final de la legislalura? ¿No es también una prioridad?
-Hemos establecido un orden de prioridades. Estamos acometiendo esa extensión de derechos civiles en este periodo de sesiones. El 2005 será el año en el que se cumplan los diez de vigencia del Código Penal de la democracia. Hemos deplorado, en ocasiones, el modo atropellado y acumulativo de reformarlo que caracterizó a la mayoría absoluta del PP. Nosotros queremos, por el contrario, marcar una diferencia, convocar a las fuerzas politicas al diálogo, identificar los problemas y poner en marcha una reforma del Código, quizá dos, en el curso de la legislatura, que tengan sentido y que no sea fruto de ningún propagandismo ni precipitación. Eso es lo que explica que las reformas que precisan retoques las hayamos remitido al tramo posterior de la legislatura.

-¿No ha sido por no agravar la crispación con la jerarquía de la Iglesia católica?
-No solamente no tenemos ninguna intención de participar en ninguna crispación sino que somos profundamente incompatibles con ella. La crispación es un artificio del que la derecha se ha valido en este país. Creemos que todo, en el estilo y en el provecto de ]osé Luis Rodríguez Zapatero, invita, por el contrario, al diálogo, al entendimiento, al manejo templado del conflicto. Y eso comprende a todas las instituciones representativas de nuestra propia pluralidad. La Iglesia, evidentemente, no es el adversario del Partido Socialista. Es una institución merecedora de todo respeto. La Constitución mandata, además, a cooperar con la Iglesia y con las demás confesiones, y es lo que estamos intentando hacer.

-Las declaraciones de algunos obispos, sin embargo, no parecen nada templadas
- Escucho declaraciones todos los días que me resulta imposible compartir. Están, además, alejadas del sentir mayoritario de la sociedad española del 2004, que no es la del 78. En el 78 apenas había espacio en España para la confesión islámica. Hoy hay cerca de 800.000 musulmanes, medio millón de protestantes, 50.000 judíos... y ese pluralismo está ahí para quedarse. Además, hay millones de ciudadanos que quieren ejercer sus derechos sin vincularse a ninguna doctrina confesional.

-Otros gobiernos socialistas ya han hecho ese discurso pero la financiación no la tocaron. ¿Va éste a avanzar en que la Iglesia deje de estar subvencionada por el Estado?
-El marco está establecido en la Constitución. Uno de los acuerdos del Estado con la Santa Sede es el económico-financiero que define las actuales soluciones como transitorias porque dibuja en el horizonte la atofinanciación. Ese es un asunto sobre el que podemos dialogar. Ahora mismo, con las confesiones tradicionalmente minoritarias hemos intentado reparar su discriminación. Hemos establecido en el primer presupuesto de Zapatero una fundación de carácter público, con cargo a los presupuestos y a otros fondos privados, para contribuir al sostenimiento de la acción social integradora de estas confesiones. Ésta nos ha parecido una fórmula muy acertada. Pero, con respecto a la Iglesia, mientras los acuerdos estén en vigor los estamos respetando. Escucho todos los días declaraciones más o menos subidas de tono con respecto de pretendidas ofensivas contra la Iglesia y recuerdo que mientras tanto estamos sosteniendo la acción social de la Iglesia, la enseñanza de a religión católica en el sistema educativo y al clero. Además, mantenemos un amplísimo y generoso sistema de conciertos educativos en el que participan las órdenes religiosas. Por tanto, no podemos hablar de ninguna "ofensiva contra la Iglesia", sino de una cooperación intensa y positiva.

-¿No se ha marcado plazo el Gobierno para que esta transitoriedad que contemplan los Acuerdos con la Santa Sede concluya?
-Los Acuerdos están en vigor mientras no se negocie otra opción. Lo que sí es necesario revisar, simplemente porque concluye el plazo, es la modalidad concreta de acuerdo económico, cuya última prórroga caduca en 2005: se trata de la fórmula específica de aplicación de[ mismo, que implica asignación tributaria más dotación presupuestaria directa. Quiero, no obstante, lanzar un mensaje de tranquilidad. Estamos cooperando y estamos dispuestos a seguir haciéndolo en el futuro, pero reclamamos, con toda firmeza, el deber del Gobierno, democráticamente elegido, de sacar adelante un programa.