Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE

“Al PP no lo ha derrotado una mentira, sino su talante”

Bastó que Zapatero dijera que en su Gabinete habría un canario para que todas las miradas se volvieran hacia este catedrático de Derecho Constitucional. Juan Fernando López Aguilar, muñidor de un pacto de la Justicia primero alabado y después frustrado, porque el PP “violó clamorosamente” sus reglas, cosechó, además, unos excelentes resultados electorales en las Islas, pero sobre sus posibilidades de ocupar cartera, no suelta prenda, convencido como está de que el presidente entrante diseñará el Gobierno que más convenga a España.

L e ha comunicado Zapatero si le hará ministro, por ejemplo, de Justicia?          

—José Luis está gobernando el tiempo para hacer públicas sus decisiones y estaremos con él en donde nos indique. Se está tomando muy en serio su primer compromiso, hacer el mejor Gobierno para los intereses de España.

—Se puede dar por seguro que el liderazgo del PSOE será el mismo tras su 36 Congreso. ¿Y la Ejecutiva?

—Me gustaría subrayar algo: cualquiera que hubiese sido el resultado del 14-M, estamos convencidos de que, desde el 35 Congreso, Zapatero ha sido una apuesta de futuro. Tiene todas las hechuras, la templanza, la bonhomía y la visión para liderar un proyecto de largo recorrido. Ha garantizado la cohesión interna del partido como no hemos conocido en mucho tiempo y prueba de ello es la unanimidad lograda en las decisiones que ha ido adoptando, tanto orgánicas como políticas. Por tanto, está claro que en el 36 Congreso será reelegido líder del partido y hará la Ejecutiva que las circunstancias aconsejen.

—¿Se plantean las elecciones europeas como una segunda vuelta de las generales?

—Una lección de las experiencia electorales que venimos sumando es la constatación de que la ciudadanía española vota cada vez más racionalmente, diferenciando en cada ocasión lo que está en juego. Un ciudadano votando el mismo día en urnas distintas demuestra hacer un cálculo político adecuado a cada circunstancia. Ocurrió en Andalucía. El 13 de junio los electores serán conscientes de que se juegan el futuro de una Europa ampliada y abierta a un mundo globalizado. Eso sí, haremos un duro esfuerzo por ganar, el mismo que en las generales, y será desde la convicción de que el PSOE tiene la mayor credibilidad el compromiso de devolver España a Europa. Ése ha sido uno de los ejes principales de nuestra acción política en estos últimos años y una prioridad en nuestro programa para 2004. Parte del legado más negativo de Aznar ha sido hacer descarrilar a España de su papel central en la construcción europea. Nos ha perjudicado en credibilidad y fiabilidad ante los socios principales de la UE; ha debilitado nuestro prestigio como aportación positiva y constructiva; nos ha hecho aparecer como un país cada vez más descentrado y antipático. Y todo es consecuencia de lo que Aznar llamó el giro atlantista para tratar de encubrir una sumisión sin precedentes de EE UU.

—Tras la reunión de Zapatero con los líderes políticos mundiales, especialmente con Powell y Blair, ¿hay esperanzas de que la ONU tome las riendas en Iraq antes del 30 de junio?

—Los días transcurridos desde el 14-M han sido muy intensos en la agenda internacional de la dirección del PSOE, no digamos en la del futuro presidente del Gobierno. Muchos de nosotros nos hemos esforzado en explicar a interlocutores extranjeros que el partido ha sostenido una línea de coherencia en su oposición a la guerra de Iraq y, consiguientemente, en la estrategia política de gestión de la situación planteada por una guerra ilegal y una ocupación militar sin legitimación en el derecho internacional, pero que es un hecho que nadie puede ignorar. Nuestra decisión de retirar las tropas antes del 30 de junio es independiente del golpe del terror y nuestra contrastada firmeza frente a éste ya se garantizó a los interlocutores más comprometidos en la ocupación militar de Iraq, Gran Bretaña y EE UU. Pero estamos en marzo y la asunción de responsabilidades efectivas por el nuevo Gobierno será bien avanzado abril, así que es difícil pensar que antes del 30 de junio pueda producirse un cambio drástico de coordenadas de legitimación de esa situación.

—Usted ha sido uno de los dirigentes socialistas que con mayor dureza ha culpado al Gobierno popular de manipulación de los medios de comunicación públicos. Ahora, desde el PP, se asegura que el PSOE ganó las elecciones gracias al “poder fáctico” de otros privados. ¿Hasta cuándo serán los medios protagonistas del rifirrafe político?

—Vivimos una democracia mediática que debe suscitar una reflexión, y no sólo por los que tenemos responsabilidades políticas, sino también por el conjunto de la ciudadanía, pues está modificando las reglas de juego con las que actuamos en las democracias pluralistas. El PP no ha entendido nada del mensaje de la ciudadanía: lo que le ha derrotado no ha sido una mentira; ni siquiera una mentira de más, por inmensa que haya podido parecer. Lo que ha derrotado al PP ha sido su talante, empeorado cada día durante ocho años y que tenido la pretensión de eliminar de los telediarios todo lo que no les gusta, para que deje de existir. Sólo debe salir en los informativos el tema de la unidad de España. Esa pretensión es lo que les ha llevado a la derrota.

—A ese “poder fáctico” que les habría ayudado a ganar las elecciones, el PP suma el supuesto de que los ciudadanos fueran a votar bajo la conmoción del 11-M...

—Hay que estar fuera de la realidad y despreciar mucho a la gente para razonar que los ciudadanos colaboraron con el terror al votar el 14-M. En España había una tendencia de cambio claro, pero el aplastamiento mediático del PP logró que los españoles tuvieran dificultades en ver que ese cambio estaba al alcance de su mano, que sólo había que ir y votarlo. Por eso, el Partido Popular hizo una campaña gris y desmovilizadora y mientras nosotros la emprendíamos activamente, hablando de los problemas de la gente, ellos sólo mencionaban la unidad de España. El PP no sale de su asombro, y lo expresó muy claro Pilar del Castillo cuando dijo que millones de españoles que normalmente no salen a votar, ese día sí lo hicieron. ¡Como si eso deslegitimase el resultado de las urnas! Los terribles sucesos del 11-M en adelante no cambian el sentido del voto, sino que lo cristalizan en una ciudadanía que es consciente, como nunca, de lo imprescindible que se hace cambiar de Gobierno. El PP y su aparato de propaganda deberían reflexionar sobre esta lección. Es importante para todos.

—Familiares de algunas víctimas del atentado de Atocha se quejaron por que el funeral de Estado fuese una ceremonia estrictamente católica. ¿Tuvo el Ejecutivo entrante algo que ver en esta decisión?

—No, fue exclusiva del Gobierno en funciones, pero esa crítica tiene fundamento, con todo respeto a las confesiones presentes en la sociedad española y, para empezar, a la mayoritaria, que sigue siendo la católica. Un ceremonial de Estado debe ser sensible desde una perspectiva de neutralidad, que los socialistas interpretamos en clave laica. Máxime cuando constatamos que entre las víctimas, había gente que profesaba religiones distintas de la católica y las familias de todas ellas, sin perjuicio del protocolo, eran las protagonistas de esa ceremonia.

—¿Es hora de llevar a la práctica el laicismo del Estado recogido en la Constitución?

—Con todo el respeto, insisto, a las confesiones y, desde luego, a lo que representa la Iglesia católica en España, vamos a intentar que las políticas públicas tengan una inspiración y una orientación de neutralidad dentro de la colaboración y un acento más laico en la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y no sólo en el ámbito educativo, sino también en los que van desde las prestaciones de asistencia religiosa en las esferas administrativas hasta lo simbólico.

—La propuesta del PSE, digamos, a cambio del plan Ibarretxe ha sido rechazada por el Gobierno vasco...

—El plan Ibarretxe no va a tener pase. No colaboraremos en una revocación de las reglas de juego pactadas en el Estatuto vasco del 79 para dar satisfacción a una pretensión de más nacionalismo, que no suscita mayor consenso, sino que excita la confrontación y la división sobre ejes identitarios que entendemos que deben convivir. No aspiramos a que el nacionalismo vasco desaparezca o renuncie a planteamientos que entran en su visión de las cosas, aunque no los compartamos. Pero exigimos que aprenda a vivir y a gobernar en una sociedad plural en la que un sector muy importante no es nacionalista, ni vota tal, ni quiere modificar las reglas convenidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Naturalmente, estamos dispuestos a hablar, de acuerdo con nuestra doctrina, si quieren plantear la modificación de algún aspecto de aquéllos, pero un proyecto político que pretende desarbolar el marco de convivencia constitucional y no tiene visos de alcanzar un consenso siquiera remotamente comparable al alcanzado por la Constitución y el Estatuto, no puede contar ni con la complicidad ni, incluso, con la pasividad del PSOE. Sólo con una resistencia activa.

—Hablemos de Justicia. Del lado socialista, el frustrado Pacto de Estado en esta materia va unido sin remedio al nombre de Juan Fernando López Aguilar. ¿Van a reeditarlo?

—La visión que el PSOE tiene de la Justicia, como un ámbito requerido de grandes consensos en reformas de largo alcance, ha sido defendida siempre. Y ahora que regresamos a responsabilidades de Gobierno será la misma. Cuando negociamos el pacto, dijimos que uno solo del conjunto de motivos que lo impulsaban bastaba para justificarlo. La Justicia requiere un gran consenso, pero también  exige unas reglas, no escritas, de no interferencia en el ámbito de la Justicia y otras, escritas, de régimen presupuestario. El PP violó las dos clamorosamente en su borrachera de mayoría absoluta y pecó de ingenuidad asegurando que mantendría el talante dialogante, cuando un Aznar cada vez más ensoberbecido se cargó incluso su propia firma en el Pacto de la Justicia. Se ha utilizado a la Fiscalía General como brazo ejecutor y, a menudo, mamporrero; se ha desarbolado por completo la Fiscalía Anticorrupción; se han bloqueado investigaciones penales en los aledaños del poder del PP,... En estas condiciones, el acuerdo no podía sostenerse. En el futuro, la filosofía de ese pacto debe ser reconstruida, con un Gobierno socialista esforzándose, desde luego, en buscar bases de acuerdo necesarias con el PP.

—ERC, su socio en Cataluña, va a pedir cambios en la Ley de Partidos.

—Insisto, estamos dispuestos a hablar con los nacionalistas, pero tenemos compromisos muy claros con la seguridad y la lucha contra el terrorismo que nos han llevado a tomar decisiones de gran esfuerzo pedagógico, pero que hemos asumido plenamente. Una de ellas es la Ley de Partidos, que ha servido para poner fuera de la ley a Batasuna y debilitar todas las proyecciones políticas y sociales del terror. No daremos ni un paso atrás en estos compromisos, antes al contrario: seguiremos trabajando en ellos buscando siempre el máximo consenso entre partidos.

—El rechazo del PSOE a las últimas iniciativas de Jesús Cardenal ha quedado de manifiesto, una vez más, de forma tan inmediata y contundente que supongo que ya estarán trabajando en su relevo inminente...

—Desde luego, una de las primeras decisiones del Gobierno entrante, sea quien sea el ministro de Justicia, será el relevo de Jesús Cardenal, que se ha demostrado como uno de los servidores más incondicionales de las políticas del PP. El papel del presidente del Gobierno es decisivo en esta cuestión, aunque al respecto, ya se ha pronunciado el negociador designado, Jesús Caldera. Hemos incluido en nuestro programa una reforma importante del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que garantice su autonomía y la desvinculación del Gobierno cuando las investigaciones penales conciernen a éste o a sus miembros. Es muy probable que primero se produzca el relevo del Fiscal del Estado durante un periodo de transición. Después, vendrá la citada reforma y un primer mando del Ministerio Fiscal de acuerdo con las coordenadas incluidas en nuestro programa, entre ellas, un periodo de mandato de cinco años, con un cese que sólo podrá tener lugar por causas tasadas por la ley y por comparecencia parlamentaria.