Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo

"PUEDO ELEVAR UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ESTATUT"

El Parlamento volvió a otorgarle su confianza el pasado mes de junio. Es el primer caso en que un Defensor del Pueblo es reelegido para un segundo mandato —de cinco años—. El total acuerdo entre PSOE y PP ha permitido que Enrique Múgica Herzog continúe desempeñando su labor hasta el año 2010. Ex ministro socialista, diputado en todas las legislaturas (hasta su primer nombramiento para el actual cargo), fue propuesto por primera vez para desempeñar esta función por el PP en 2000. Preocupado por la violencia doméstica, la inmigración, la telebasura o la educación, advierte de su disposición a poner en marcha un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de reforma del Estatuto catalán si no se modifica de su actual redacción el punto que establece competencias exclusivas de la Generalitat en materia de Defensoría del Pueblo —Sindic de Greuges—.

Por Pedro Antonio Navarro

Es la primera vez que un Defensor del Pueblo es reelegido para un segundo mandato.

—Para mí ha sido un estímulo haber sido propuesto simultáneamente por el partido en el Gobierno y el primer partido de la oposición. En alguna comunidad autónoma ya se había dado el caso, pero sí es la primera vez que sucede con el Defensor del Pueblo de España. Eso significa que tienen confianza en mí, y yo trato de corresponder a esa confianza con mi independencia y la total disposición hacia los ciudadanos y la defensa de sus derechos.

—La institúción del Defensor del Pueblo, junto a la Justicia, es una de las que más solicitudes y reclamaciones recibe.

—Sí. El año pasado recibimos alrededor de 30.000 quejas. Las distintas administraciones prestan ahora más atención al Defensor del Pueblo porque comprenden que es una instancia útil. Defendemos una serie de derechos, que no es que sean conculca-dos por la Administración, sino que no son atendidos suficientemente.

— Visto desde dentro, ¿qué efectividad tiene la institución que usted representa?

— Bastante. Hay que tener en cuenta que, normalmente, el 62 ó el 63 por ciento de las reclamaciones que recibimos son atendidas en sentido positivo por la Administración Central, las administraciones autonómicas y las locales.

— ¿Cuáles van a ser las prioridades para estos cinco años?

— Fundamentalmente, los problemas que afectan a la gente. Dar una respuesta positiva a los problemas vinculados a la enseñanza, a la sanidad, a la inmigración, a la violencia doméstica; problemas del medio ambiente, asuntos ligados a la ordenación del territorio. Esos problemas que hoy llenan los medios de comunicación. Lagente viene a nosotros buscando nuestro apoyo y una solución.

— Ha comentado recientemente que le preocupa mucho el incremento de la violencia en los centros educativos.

—Se está incrementando notablemente el nivel de violencia en los centros escolares. Antes éramos más optimistas, porque nuestros niveles en ese aspecto estaban muy lejos de los que se producían en países de nuestro entorno próximo, como Francia o Alemania, pero ahora ha crecido mucho en nuestro país. Ahí está el triste ejemplo del caso de Jokin, ese muchacho que se suicidó ante la presión del acoso de sus compañeros, o el caso de esa muchacha que fue asesinada por unas compañeras de clase, porque querían saber qué se siente al matar a alguien. Publicamos un informe sobre la violencia escolar en el año 2000, en el que nos mostrábamos relativa-mente optimistas. Pero esos datos de entonces han cambiado. Ahora hemos adquirido un compromiso para estudiar y analizar lo que está ocurriendo y para proponer soluciones No digo que soy pesimista, pero hay facto res como la existencia emergente de ban das organizadas de jóvenes, la falta de disciplina en las aulas...

—¿Hay una influencia de la televisión e todo esto?

— Sí. Y también de Internet. Los valore que se transmiten muchas veces en un medio incontrolable como ése... Tampoco la televisión que tenemos es la más adecuada para los jóvenes. Realizamos un informe soba peligros televisivos.

—Se llegó a firmar un acuerdo de conte nidos entre las diversas cadenas de televisión para mejorar la calidad de la programación y adecuar los horarios a la audiencia infantil y juvenil.

—Sí. Se firmó un protocolo entre la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y las cadenas, pero su influencia y los cambios sólo se han percibido con claridad en los canales públicos, nacionales y autonómicos. También se ha notado, aunque menos, en las privadas. Pero la cuestión está también en el número de televisiones locales, en casi todos los pueblos y ciudades de España, en un ámbito, digamos alegal. Habrá que controlar esto de alguna forma. La libertad de expresión es lo fundamental, pero hay que hacer compatible esta libertad con la racionalización, con criterios de ordenación de las televisiones y de sus programas. Hay una serie de derechos fundamentales, pero también una serie de deberes.

—Ha comentado que le preocupa mucho el problema de la inmigración. ¿Qué medidas piensan adoptar al respecto desde su institución, en un momento especialmente dramático en este asunto?

—Hemos acudido con nuestro personal a las ciudades españolas del norte de Africa donde se han producido los últimos acontecimientos para seguir de cerca lo sucedido. Hemos visitado los centros de internamiento de inmigrantes: Hemos conseguido que algunas deficiencias en estos centros sean corregidas, que el tratamiento que reciben estas personas sea mejorado. Hemos denunciado algunas actitudes de algunos letrados encargados de la asistencia jurídica a los inmigrantes. No podemos estar a favor de la entrada masiva e indiscriminada, pero debemos estudiar cada caso y cada necesidad. Quiénes son esas personas, cómo se llaman, cuál es su país de origen, para poder ofrecer todas las garantías en cada caso.

—Los medios de comunicación denunciaron que, recientemente, se había producido la expulsión de suelo español de seis personas solicitantes de asilo político.

—Hay que diferenciar claramente la inmigración ilegal de la solicitud de asilo. Los que solicitan asilo suelen hacerlo porque las condiciones políticas en sus países de origen ponen en peligro sus vidas o las de sus familiares o las amenazan seriamente. Tenemos que hacer un esfuerzo por delimitar esto muy claramente estudiando en profundidad cada caso.

—Asistimos a una ola de violencia doméstica que no cesa.

—La violencia doméstica no cesa porque viene de una herencia lamentable que considera a la mujer inferior. Es la cosificación de la mujer. Si la mujer se convierte en cosa, la violencia se desata. Se ha aprobado, prácticamente por unanimidad, en el Parlamento una ley integral contra la violencia de género. Es necesario aplicarla inmediatamente, pero, para poder hacerlo, hace falta lo de siempre; hacen falta medios. Si la ley no cuenta con medios suficientes para su inmediata aplicación, se queda en papel abstracto.

—Ha denunciado estos días la inconstitucionalidad del proyecto de estatuto catalán en lo que atañe a la figura del Defensor del Pueblo.

—He enviado una carta a los grupos parlamentarios, al presidente del Congreso, al presidente del Senado, a la vicepresidenta del Gobierno y a otras instancias advirtien do de que el proyecto de reforma del esta tuto catalán invade las competencias atribuidas al Defensor del Pueblo por el artículo 54 de la Constitución española, ya que otorga al Sindic de Greuges (la figura equivalente al defensor del pueblo en Cataluña) las competencias exclusivas y, por tanto, excluyentes, en esta materia. Nosotros aten demos numerosas peticiones que nos llegan desde Cataluña por muchas causas, lingüísticas, sobre aspectos de la educación sobre la sanidad. En estos días pasado he mos visitado las cárceles catalanas, como lo hacemos habitualmente con los centros penitenciarios a lo largo del país. Si este proyecto de estatuto sale adelante, tal y como está redactado, en las Cortes Generales, en Cataluña desaparecen las competencias de Estado. Aunque creo que, finalmente, se im pondrá el buen sentido y será modificado. He recordado en mis cartas que la institu ción del Defensor del Pueblo es una de las instancias con potestad para elevar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley. En esta cuestión concreta del proyecte de estatuto, en su momento, ya el propio Consejo Consultivo de la Generalitat advirtió a los redactores del texto de la inconstitucionalidad de este punto. Los derechos dE los ciudadanos que estoy obligado a defender por imperativo legal, además de por profunda convicción, los voy a defender hasta el final.

— ¿Considera que, además de este aspes to concreto, el proyecto de nuevo estatuto para Cataluña vulnera otros puntos de la Constitución?

— Siendo una institución legitimada para interponer recursos de inconstitucionalidad, permítame que ahora no me pronuncie sobre ello. Lo haré cuando el texto definitivo del estatuto salga de las Cortes Generales.