Encarnación Orozco, delegada especial de¡ Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer

"LA ACUMULACIÓN DE DENUNCIAS DEMUESTRA QUE SE HA ROTO EL SILENCIO"

Encarnación Orozco, delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, no tiene nada que objetar a que una juez haya presentado dos recursos de inconstitucionalidad a la Ley Integral de Violencia de Género. Asegura que la Carta Magna contempla la posibilidad de reequilibrar situaciones desiguales como las derivadas de la agresión de un hombre a su pareja o ex pareja, y está convencida de que el Tribunal Constitucional sabrá analizar este fenómeno. En cuanto a los juzgados específicos desbordados por el ingente número de demandas, asegura que ya están siendo reforzados y que la situación refleja que la ley ha permitido a las mujeres romper su silencio.

Por Virginia Miranda

Una juez ha presentado dos cuestiones de inconstitucional ¡dad a la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Cómo lo valora?
Nada que objetar. La interposición de un recurso de inconstitucional ¡dad hay que situarla dentro del marco de normalidad democrática que representa. El aplicador de la norma, si le surgen dudas de constitucionalidad de un precepto que tiene que aplicar, las tiene que poner en conocimiento del Tribunal Constitucional para que éste las resuelva.

-¿Cómo defiende la ley frente a esta cuestión de inconstitucionalidad?
-La violencia de género es un fenómeno que asienta sus raíces en pautas de conducta socio-culturales profundamente arraigadas y que sitúan a la mujer en una posición de sometimiento al hombre. Dicho esto, en el artículo 9.2 de la Constitución se insta a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio real de los derechos fundamentales reconocidos. Es decir, independientemente de la declaración formal del derecho a la igualdad, el legislador constitucional nos dice que en determinadas ocasiones en las que se atisbe un desequilibrio en la relación, debemos actuar mediante una acción positiva que trate de reequilibrar esa situación de partida desigual. ¿Qué es lo que sucede con el fenómeno de violencia de género? Se trata de un desequilibrio en las relaciones de pareja ex pareja y eso es precisamente lo que se pretende cambiar a través de la ley integral.

-¿Cree que el Constitucional tendrá en cuenta estas premisas?
-Espero que sí, que lo sitúe dentro de lo que el legislador ha considerado violencia de género y analice el fenómeno. Por otra parte, es al legislador a quien corresponde valorar el criterio de proporcionalidad y la gravedad de¡ hecho, y el Parlamento ha dicho por unanimidad que la violencia de género está poniendo de manifiesto una problemática social muy grave, y por eso le pone un plus de pena. Además, la ley integral tiene esa función pedagógica de todas las normas; que esto se penalice más en este momento obedece a una opción de la política legislativa, traducción de un sentimiento de la ciudadanía que percibe la violencia de género como una amenaza que atenta contra sus valores esenciales.

-Los juzgados específicos se han visto desbordados. ¿Ha habido imprevisión?
-No es una cuestión de imprevisión. Tras analizar las denuncias se determinó la existencia de 17 juzgados exclusivos y otros 417 juzgados de instrucción y juzgados de primera instancia e instrucción que comparten las cuestiones de violencia de género con otras de índole pena] o civil. Esto respondía a la realidad de ese determinado momento y es verdad que esa realidad nos ha superado. Pero una de las ventajas que tiene esta ley, de ahí deriva la Delegación Especial de¡ Gobierno Contra la Violencia sobre la Mujer, es la de la evaluación continua, que permite ir articulando nuevas medidas que mejoren la eficacia y eficiencia de la norma. El Ministerio de justicia se ha comprometido a evaluar mensualmente cuál es la carga de trabajo de esos juzgados para saber si es pertinente la constitución de otros nuevos o la delimitación de juzgados que podrían compatibilizar estas causas. Por otra parte, la acumulación de denuncias pone de manifiesto que la ley ha producido un efecto llamada y las mujeres están rompiendo la ley del silencio.

-El 10% de las mujeres que han muerto víctimas de la violencia de género en 2005 había presentado denuncia. ¿Eso avala la efectividad de la misma?
-La denuncia es muy importante porque abre la puerta de la privacidad y pone en conocimiento público el grave problema de violencia de género que están padeciendo Es ahí cuando los poderes públicos pueden aplicar parte de la dimensión de la norma, porque las de prevención y la de sensibilización funcionan previa a la denuncia.

-¿Se preparan nuevas actuaciones?
-Estamos trabajando en la puesta en marcha del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención, donde tendrán cabida las actuaciones de los distintos Ministerios y Comunidades Autónomas. Otra medida inmediata de la delegación es el Observatorio Estatal contra la Violencia sobre la Mujer, que nos permitirá ir analizando y evaluando la eficacia de las medidas aplicadas para proponer las políticas que en cada momento consideremos más ajustadas para la resolución y erradicación de la violencia de género.

-La ayuda económica prevista y el programa de empleo pronto serán efectivos.
-Con la ayuda económica se trata de romper con la dependencia económica que impide a la mujer despegarse de su agresor. Para eso, el Estado arbitra una ayuda del 75% del salario mínimo interprofesional que puede oscilar de seis a 24 meses. Las Comunidades Autónomas, al ser la Administración más próxima a la víctima, la abonarán de forma anticipada y el Estado se la reembolsará autom ática mente. En cuanto a los programas de empleo, incluirán una serie de directrices cuyo hilo conductor consistirá en la consecución de la autonomía personal de las víctimas.

-Agosto ha sido un mes negro con siete mujeres asesinadas. ¿Cómo lo ha vivido?
-Las cifras siguen siendo intolerables, pero es pronto para vivirlo como un fracaso. Una ley no resuelve un problema que hunde sus raíces en pautas de conductas socioculturales profundamente arraigadas de un plumazo. Se necesita la sensibilización de toda la sociedad para cambiar ese patrón de conducta.

-Para conocer los resultados de las medidas educativas contempladas en la ley tendrá que pasar más tiempo. Pero las sanitarias son más inmediatas.
Desde el Ministerio de Sanidad se ha lanzado una guía para la detección precoz del maltrato que le dice al profesional la manera en que puede ayudar a la mujer para que sea consciente del problema que está padeciendo. Por otro lado, desde Sanidad, los malos tratos sobre las mujeres ya han comenzado a tratarse como un problema de salud pública que puede prevenirse y tratarse con métodos que redunden en su correccion,

-El PP dice que faltan medios para aplicar la ley.
-Siempre digo que el presupuesto es incuantificable. Hay que sumar los esfuerzos que se hacen desde todas las Administraciones. Hay que contar, entre otros y a modo de concreción, con el presupuesto del Justicia para la dotación de los nuevos juzgados y el equipamiento de las unidades de valoración integral médico forenses. Con el presupuesto del Ministerio de Interior que habrá aumentado a finales de 2005 las un¡dades especializadas contra la violencia de género como son los SAM, los UPAP y los EMUME, en 380 nuevos efectivos, cuando los que teníamos eran 722; a su vez, este Ministerio aumentará en 9.600 nuevos efectivos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; desde el Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales se asume íntegramente la ayuda económica que el Estado abona a aquellas víctimas que no pueden insertarse en el mercado laboral, a través de un crédito ampliable en los Presupuestos Generales del Estado; también el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha destinado diez millones de euros en 2005 para coadyuvar con las Comunidades Autónomas en la puesta en marcha de unos servicios sociales integrales que garantizan el derecho a la asistencia de las víctimas de la violencia de género; también nuestro Ministerio asume íntegramente el coste del servicio de teleasistencia de estas mujeres víctimas de violencia. Y, por supuesto, con los presupuestos que los Ministerios de Sanidad, Educación, Interior, justicia, Trabajo y Asuntos Sociales destinan a la formación y especialización de los profesionales que intervienen contra esta lacra social ... Si a eso le añado las cantidades que invierten en este proyecto las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias exclusivas, nos vamos a cifras realmente importantes. Si eso es falta de medios... Pero no sólo es eso, porque continuamente estamos evaluando las nuevas necesidades, y desde ahí, efectuando las nuevas dotaciones que exigirán la puesta en marcha de nuevas medidas.