Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración

"YA NO COMPENSARÁ
TENER UN TRABAJADOR ILEGAL"

Este lunes, 7 de febrero, se pone en marcha el mayor proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular que ha afrontado hasta ahora España: en tres meses cerca de un millón de personas podrán legalizar su situación. Su principal responsable no lo llarna así: habla de "norrnal ización" de quienes ya están trabajando aquí y asegura que, por primera vez, la estancia legal de inmigrantes en nuestro país se vincula, exclusivamente, a su dimensión laboral. También afirma que no habrá colapso burocrático y que, a partir de mayo, la inspección será inflexible con los empresarios que mantengan a trabajadores sin legalizar.

Por Inmaculada Sánchez

En qué se diferencia este proceso de regularización extraordinaria (le los que realizaron anteriores gobiernos?

Lo primero, en que no es una regularización extraordinaria. Es una normalización que no es para todo el mundo sino para quien tenga un vínculo real con el mercado laboral. Tiene que existir un contrato de trabajo firmado, y nunca antes se había hecho así. En las últimas que hizo el Gobierno del PP ¡)(,día una oferta de trabajo que, en muchos casos, no se llegaba a materializar. Lo segundo, en que es la primera vez que se piden antecedentes penales. Lo tercero, en que no va a haber autorización para residir y trabajar en nuestro país hasta que no haya un .)¡la en la Seguridad Social. Y lo cuarto, en que se pide, para justificar la estancia en nuestro país, un certificado de empadronamiento, que es un documento muy difícil de comprar y de manipular. En anteriores procesos se justificaba la estancia con un ticket de autobús o un recibo de la luz. Sobre todo, tanto en este proceso como todo el reglamento de la Ley de Extranjería, vincula, por primera vez, la inmigración a su dimensión laboral. Además, por primera vez también es el empresario el que va a entregar la documentación, no el inmigrante, y en las oficinas de la Seguridad Social. Lo primero, por tanto, que se va a investigar es la empresa, si está al día de sus obligaciones tributarias. Absténganse, pues, empresas fantasma.

-A pesar de estas condiciones ¿no teme que pueda producirse un "efecto llamada", como denuncia el PP?

-Estamos convencidos de que el "efecto llamada" en este país tiene dos causas. Una, las declaraciones que hacen algunos dirigentes del PP que manipulan, tergiversan y dan informaciones falsas. Otras, la posibilidad de trabajar en el empleo ¡legal, algo propiciado por el anterior gobierno. Una persona, si no lleva aquí seis meses no se va a poder acoger al proceso pero si, además, no tiene un contrato de trabajo, tampoco. Por tanto, en este procedimiento no hay ningún "efecto llamada". Y el resto del reglamento de la Ley, que también entra en vigor el día 7, arbitra medidas para la llegada de trabajadores de forma regular. Con un contingente más ágil, con unos procesos de selección más factibles para los empresarios, unos visados de búsqueda de empleo más acordes con las necesidades que nos han demandado los empresarios... Ese es el procedimiento por el que se debe llegar a nuestro país.

-¿Qué cifras manejan sobre cuántos inmigrantes serán regularizados y cuantos mantendrán su condición de ilegales?

Estas cifras no se conocen y hablar de ellas es totalmente especulativo. Lo que sí sabemos es que el número de personas que tienen permiso de residencia y trabajo en España está alrededor de los dos millones ya. El número de personas no españolas empadronadas gira sobre los tres millones. Luego la diferencia esta cerca de un millón. Cuando se habla del millón es por esta operación aritmética, pero todas estas personas no están en edad laboral. Hay niños y ancianos. Lo único, por tanto, que puedo decir es que no se van a acoger en este proceso un millón de personas.

-Serán menos, entonces...

-Sí. Serán menos.

¿Cuántos menos?

-Dependerá de los empresarios que quieran colaborar con el Gobierno en aflorar economía sumergida. Lo cierto es que el proceso tiene un plazo fijo de tres meses, acordado con empresarios y sindicatos. Después, habrá una operación, puesta en marcha con refuerzos de la inspección de trabajo y que va a ser inflexible con aquellos empresarios que tengan trabajando a personas irregulares. Es mas, en el Reglamento Se han incrementado las sanciones por tener trabajando a gente en situación irregular hasta en 60.000 euros. Es decir: ya no le va a compensar a un empresario tener a una persona irregular porque la sanción sea menor que lo que tendría que pagar a la Seguridad Social. A partir del 7 de mayo la sociedad española va a ver como el Gobierno actúa con toda contundencia en estos casos.

-¿Va a haber medios para que esto se ¡leve a efecto como comenta? ¿No va a haber colapsos burocráticos?

-Somos conscientes de la gran afluencia de personas que pueden acudir a las oficinas de la Seguridad Social. Pero también somos conscientes de, que la mayor parte de esa afluencia va a ser demandante de información. Por eso, ante un proceso de, esta envergadura, se han diseñado tres redes. La de información, donde participan ONG,s, ayuntamientos, sindicatos y empresarios y que suman 742 puntos de asesoría en todo el territorio nacional. La de la Seguridad Social, que es la de contacto y atención, que va a recoger las solicitudes, donde irán los empresa rios. Finalmente esta la red de gestión, la de la tramitación, y esas son las oficinas de extranjería. ]unto a esto se han puesto 160 centros de la Seguridad Social a disposición de los empresarios y se ha aumentado en un 130 por cien los recursos humanos. Va a haber adicionalmente en las oficinas de, extranjería 10 39 personas más También habrá una unidad de seguimiento para actuar en función de las circunstancias que se vayan dando.

-¿Cuáles son los sectores económicos que, mayoritariamente, van a participar en el proceso?

-Los sectores están claros. Son el servicio doméstico, hostelería, construcción y agricultura.

-¿Y en cuanto a países de origen? ¿De dónde, procederán la mayor parte de los inmigrantes que serán regularizados

-El mayor número es originario de Ecuador, Colombia, Rumanía y Marruecos. Fundamentalmente del primer país que he citado. Los marroquíes, por el contrario, siguen siendo la población extranjera mayoritaria con autorización de trabajo y residencia en España.

-¿Por qué? ¿Se era más permisivo con la entrada ilegal de unos ciudadanos extranjeros que con otros dependiendo de su origen?

-Está claro. La deducción es sencilla. Los anteriores gobiernos tuvieron muchas quejas contra Marruecos. Todos los marroquíes, antes y ahora, que llegaban a España son repatriados. Y Marruecos acepta a sus ciudadanos. Sin embargo todos conocemos las operaciones con Ecuador, los famosos viajes de ida y vuelta y la permisividad que hubo en los controles en el aeropuerto hasta que se impuso el visado a Ecuador. Sólo desde entonces ha habido un descenso en el número de ecuatorianos que llegan a nuestro país en situación de irregularidad.

- Los subsaharianos, sin embargo, siguen siendo un problema también para el gobierno socialista. ¿No saben ustedes qué hacer?

-Lo que esta claro es que los ocho años de gobierno del PP no ha resuelto el problema. Nosostros llevamos nueve meses y éste es uno de nuestros objetivos. Entre ocho años y nueves meses hay una diferencia y no sólo de tiempo. Nosotros hemos iniciado ya una ofensiva para realizar acuerdos de readmisión con los países de donde proceden la mayoría de estos ciudadanos: Mali, Senegal, Camerún, Gambia y Ghana no sólo a través de España sino también de la Unión Europea. Pero también hemos trabajado con Marruecos para que cierre acuerdos de readmisión con los países colindantes que utilizan su territorio como vía de tránsito para llegar a España. Estamos en la vía para encontrar la solución. Es cierto que antes no existían apenas vías para venir a irabajar de forma regular. Y esto funciona como vasos comunicantes: si cierras las vías de entrada clandestina, cosa que este gobierno comparte, hay que facilitar las vías para venir de forma regular puesto que hay demanda de trabajadores extranjeros pero si cierras estas vías, que es lo que se hizo en el pasado, automáticamente aumenta la irregularidad.

-Entretanto se sustancian estos acuerdos este gobierno ha vuelto a utilizar aviones fletados desde Canarias para dejar abandonados a su suerte a inmigrantes subsaharianos en la península.

-Estos traslados se realizan por las condiciones especiales de insularidad del archipiélago canario y proceden de un acuerdo parlamentario, a iniciativa de Coalición Canaria y apoyado, por cierto, por todos los grupos, porque todos entendimos este ejercicio de solidaridad con Canarias. Durante el gobierno del PP comunidades también gobernadas por este partido han recibido inmigrantes en sus centros de internamiento sin comunicación por parte de la Administración central. Eso nosotros lo criticamos. Por eso hoy el Gobierno ha tomado una decisión importante: los traslados se van a seguir realizando pero con transparencia, algo que no se hacía antes. Va a haber una un¡dad de coordinación entre la Secretarías de Estado de Seguridad e Inmigración que verá dónde, cómo y cuándo se harán los traslados. Si hablamos de Murcia y Valencia es porque ahí hay centros de internamientos que no puso este gobierno sino el PP y si no quieren tener inmigrantes procedentes de Canarias que lo digan. Pero que se lo digan a los canarios y al PP de Canarias. También va a reforzarse la red de acogida con creación de centros nuevos, teniendo en cuenta que esto es una situación provisional.

-¿Hasta dónde puede llegar la capacidad de acogida de España?

-La marcará el mercado laboral. Ahora estamos alrededor del 7 por ciento de población extranjera. El 6,3 por ciento de los cotizantes de la Seguridad Social y son extranjeros. Pero estamos lejos de otras cifras de la Unión europea.