Ángeles Muñoz, portavoz de Inmigración del PP

“SI QUEREMOS TRABAJAR PARA VIVIR,
AQUÍ NO CABEMOS TODOS”

Esther Jaén

No escatima en comparaciones: con respecto al resto de la legislación europea, la Ley de Extranjería española –entiende– es la menos restrictiva. Si se trata de comparar la garantía de los derechos de los inmigrantes con la anterior legislación socialista, Ángeles Muñoz es tajante: “¡No hay color!”. Es una de las caras nuevas y jóvenes que el PP fichó para su Ejecutiva en su último congreso nacional. Ahora, además, su partido le plantea otro reto: enfrentarse al importante reducto que mantiene Jesús Gil en Marbella y hacerse con la alcaldía de esta localidad en 2003.

—N o se ha quedado corta la Cumbre de Sevilla en lo que a una política común de inmigración se refiere?

—Los Estados miembro tendrán que acordar políticas tan importantes como el control de fronteras y de los flujos migratorios. Todo en una política común. Es cierto que España es quizá uno de los países que más tarde ha afrontado el problema de la inmigración. Tenemos que aprender de los errores de otros países. Si queremos que nuestra política de inmigración se base en una inmigración legal, tendremos que tomar como referencia otros lugares. Tenemos que ofrecer garantías a todos aquellos inmigrantes que quieran venir a trabajar, dentro de la capacidad de acogida de nuestro país. Eso hay que compatibilizarlo con la lucha contra las mafias y la inmigración ilegal. Son cosas que se vislumbran ya en los acuerdos de la Cumbre de Sevilla. Pero la preocupación de la UE por la inmigración comenzó en la Cumbre de Tampere. En cualquier caso, hay muchas otras cosas por acordar, como las repatriaciones, por ejemplo.

—¿De qué países debe seguir el ejemplo España, de Francia o del Reino Unido?

—Tenemos que seguir nuestro propio modelo, cuando nosotros éramos los inmigrantes. En los años de la inmigración masiva española, los españoles emigraban con un permiso de trabajo y una oferta laboral. Eso le daba garantías de que iba a tener un salario digno y le permitía retornar, si lo deseaba, o llevarse a su familia. Ése es el modelo a seguir. España necesita inmigrantes. Es cierto que nuestra política económica está generando empleo, pero la capacidad de acogida y el número de desempleados no nos permite practicar una política de puertas abiertas. Hay que planificar la mano de obra inmigrante de forma adecuada. España puede tener una política de inmigración mucho mejor que cualquier otro país. Alemania, Reino Unido o Dinamarca están planteando un giro muy restrictivo en sus políticas. Pero España no va a caer en ese error, porque se está planteando muy seriamente su política de inmigración. En la modificación que hicimos en nuestra legislación, se garantiza la Seguridad Social, la Sanidad, la Formación Profesional y la posibilidad de traerse a toda su familia, si está dentro de la legalidad. Eso no lo contempla ningún otro país de la UE.

—Sin embargo la actual Ley de Extranjería, un año y medio después de su aprobación, ya no es válida, según ha indicado el propio Aznar…

—No. La Ley de Extranjería no se ha quedado obsoleta. Lo que decimos es que, probablemente, habrá que hacerle unos retoques. La anterior ley, que llevaba en vigor 15 años, la aprobada por el PSOE, no contemplaba ningún derecho para el inmigrante. Era muy restrictiva y policial. Lo que ocurre es que eso no se hizo patente porque apenas recibíamos inmigrantes. Esos errores se intentaron resolver a través del reglamento, aprobado en 1996. Fue la última ley que se aprobó en una legislatura en la que el PP no tenía mayoría absoluta. Nosotros ya dijimos que habría que cambiarla, no sólo porque provocaba un efecto llamada, sino porque no clarificaba cuál era la situación de legalidad e ilegalidad. Y eso es fundamental. Esa ley se modificó y el PSOE no sólo votó en contra, sino que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ella, pese a que, comparada con el resto de legislaciones de los países de la UE, es la que más derechos garantiza y a que deja clara la situación de legalidad e ilegalidad. Probablemente se tenga que seguir avanzando en la lucha contra las mafias y la inmigración ilegal. Pero no es una prioridad del Gobierno restringir los derechos de los inmigrantes.

—Además de la lucha contra las mafias, ¿cuáles son el resto de prioridades a incluir en nuestra política?

—Hay que seguir avanzando en la firma de acuerdos para poder expulsar a los inmigrantes que, no sólo están en situación irregular, sino que han cometido delito. Si para ello tenemos la posibilidad de contar con el apoyo de la UE, es un avance importante. No hay que hacer demagogia cuando se habla de inmigración, ni caer en prejuicios de que el PP tiene que plantear políticas más restrictivas que el PSOE. ¡No hay color en materia de derechos entre la ley de extranjería socialista y la del PP!

—Aznar dijo públicamente que una buena parte de los presos de las cárceles españolas son inmigrantes. ¿No puede generar eso rechazo hacia la inmigración?

—Un inmigrante con permiso de trabajo puede delinquir igual que usted o que yo. Pero sí es cierto que una persona que está fuera de la legalidad tiene más posibilidades de estar en ambientes marginales, que le lleven a delinquir. Precisamente por ello, queremos que la inmigración legal esté plenamente integrada en nuestro país.

—¿Tienen los gobiernos europeos la obligación de endurecer sus políticas de inmigración para evitar dar bazas a la ultraderecha, como vino a decir Tony Blair?

—Eso no tiene validez en España. Las cosas se están haciendo razonablemente bien y no tiene por qué surgir un brote xenófobo. En el resto de países de la UE los problemas han surgido a raíz de actitudes demagógicas por parte de algunos partidos que sí que han favorecido el hecho de que surjan grupos radicales.

—¿Sancionar –como se intentó, aunque no se materializó finalmente– a los países de origen que no controlen la salida de emigrantes ilegales es un buen método?

—Eso se debe situar en el ámbito de la cooperación. Si establecemos sistemas de cooperación y ayuda con los países inmigrantes, es de esperar que ellos controlen sus flujos migratorios, que eviten que no se trafique con esas personas que entran de forma clandestina en nuestro país.

—Desde la oposición se ha denunciado que, de los cupos establecidos para acoger inmigrantes, el porcentaje materializado es ínfimo. Hablan de descoordinación…

—Dentro de los cupos, hay un grupo de trabajadores temporales y otros fijos. Cuando el Gobierno establece cupos es porque hay oferta de empleo por parte de los empresarios. Durante mucho tiempo los empresarios se quejaron de que no tenían mano de obra. Y en los dos últimos años se ha duplicado la población con permiso de trabajo y afiliada a la Seguridad Social en nuestro país. Se ha producido un proceso de regularización y arraigo y muchas personas ocupan ya un puesto de trabajo. Si no se han cubierto esos cupos es porque no ha habido ofertas suficientes de los empresarios.

—Como dijo Aznar, aquí no cabemos todos…

—Es cierto. Si queremos trabajar para vivir, no cabemos todos. Aquí seguimos teniendo tasas altas de desempleo, en comparación con el resto de países de la UE.

—¿Coincide con el delegado del Gobierno para la Inmigración y su recomendación a los encerrados en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla para que, si no tienen trabajo, se vuelvan a sus casas?

—No se está haciendo justicia al trabajo de Fernández-Miranda. Se intenta sacar punta de cualquiera de sus declaraciones para convertirlas en un titular de periódico, pero no se le da igual importancia a su labor. Es una persona de gran valía.

—¿Qué salida tienen esos inmigrantes encerrados?

—Habrá que estudiar las situaciones individualizadas de cada uno de los encerrados. Pero no se puede utilizar una vía de presión para conseguir algo que legalmente no es viable.

Deberían deponer su actitud y estudiar uno por uno sus casos. Hecho esto, a aquellos que no tienen papeles, la única salida que les queda es abandonar voluntariamente España. Por otra parte, habría que detenerse a pensar quién está detrás de ese encierro, porque ellos, 400 personas, decidieron precisamente en ese momento, y todos a la vez, encerrarse en esa universidad.

—¿Qué opina de la reforma italiana, que establece la expulsión inmediata de aquellos inmigrantes que pierdan sus puestos de trabajo?

—Eso no tiene nada que ver con nuestra legislación. Ni hemos ido por esa vía ni pensamos ir en el futuro.

—En relación a los inmigrantes legales, ya establecidos. ¿Hay que integrarlos, como en Francia, o mantener sus especificidades y sus zonas geográficas de residencia, como en el Reino Unido?

—Ninguno de los dos modelos en su totalidad, pero el de la integración total, con derechos y deberes, es el que más se aproximaría…

—Aspira usted a ser alcaldesa de Marbella en las próximas elecciones. ¿Sin Gil ya parece asequible?

—Es un reto importante. Yo le voy a dedicar todo mi trabajo y mi esfuerzo, porque Marbella se lo merece. Para mí sería más fácil no asumir ese reto. Y no creo que sea más fácil que cuando ha estado Gil. Porque el grado de confrontación política es muy alto. Aunque no está Gil, están sus hombres. Y, además, ahora dice que también se presenta Rodríguez Menéndez: otro grupo que quiere hacer un negocio del ayuntamiento.

—Sin embargo, los ciudadanos de Marbella han votado durante años mayoritariamente a Gil…

—Porque cuando una ciudad progresa, no se quiere el cambio. Marbella ha progresado por la coyuntura internacional. Pero esos progresos no han repercutido en el bien de la ciudadanía, aunque todavía no se note demasiado. Nosotros vamos a ofrecer una alternativa seria y en la que la gente confíe.