Tras su fracaso con Gescartera, Pilar Valiente ahora investiga el fraude

Regresa a Hacienda

Sin hacer ruido para que nadie repare en ello, Pilar Valiente ha vuelto al trabajo y lo ha hecho bajo las ordenes de otro famoso inspector, Jesús Bermejo, su antiguo jefe y compañero de indagaciones en el ficticio caso de los 200.000 millones condonados por los socialistas. Con su regreso a la Agencia Tributaria, Valiente se reencuentra con numerosos compañeros inspectores que colaboraron en las investigaciones de Gescartera, el caso que le costó la presidencia de la CNMV y en el que todavía no ha sido llamada a declarar.

Por Vera Castelló

Con la mayor discreción posible y huyendo de la lamentable notoriedad que le dio la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente ha reingresado en la Administración. Concretamente en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, y encargada, entre otras funciones, de estudiar el fraude fiscal, la lucha contra él y la realización de actuaciones de investigación. Allí ocupa un puesto de inspectora jefe de equipo, nivel 29, bajo las órdenes de un viejo conocido, su compañero de indagaciones nocturnas Jesús Bermejo, ahora director de la ONIF. Valiente ha regresado así a sus orígenes, a la Agencia Tributaria, dada su condición de inspectora. Desde ese organismo empezó a medrar a partir de 1996. Con el PP ya en el Gobierno fue nombrada directora general de Inspección de la Agencia, o lo que es lo mismo, mano derecha del entonces director del organismo de Hacienda, Jesús Bermejo.

Eran los tiempos en los que el PP buscaba los cadáveres que el PSOE, teóricamente, había guardado debajo de las alfombras y Pilar Valiente fue la encargada de investigar la supuesta prescripción de 600 expedientes fiscales por valor de 200.000 millones que, según el Gobierno, habrían condonado los socialistas a gente de su entorno. Tal fue la sintonía entre Bermejo y Valiente en la tarea encomendada, que jefe y subordinada fueron sorprendidos visitando, fuera de horario, su anterior despacho de la Unidad del Fraude en busca de documentos que demostraran las acusaciones. Incursiones nocturnas que les costaron a ambos el cargo en julio de 1997. El caso fue investigado por una comisión parlamentaria, y tan sólo unos meses después, en diciembre de ese año, el juez Baltasar Garzón archivó el caso.Tras su cese fue nombrada jefa de la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra la Hacienda Pública, cargo que ocupó durante poco más de un año. Pronto Rodrigo Rato le encontró acomodo en la CNMV, el organismo que primero le dio prestigio y luego sacó a relucir los errores cometidos en la supervisión de Gescartera. Ahora, con su regreso a la Agencia Tributaria, esta licenciada en Derecho intenta retomar las labores de inspección desde un puesto medio mucho más bajo de lo que “cree merecer”, según afirma un compañero del organismo. De hecho, según esas misma fuentes, la ex presidenta de la CNMV aspira a un cargo de nivel, más acorde con los desempeñados en épocas pasadas. Sin embargo, la actual dirección de la Agencia Tributaria no parece estar por la labor de seguir engrosando su currículo. Al menos hasta después de las elecciones y una vez que esté concluido el informe que el organismo elabora sobre el seguimiento de las inversiones de Gescartera, y en el que han participado como peritos decenas de los actuales compañeros de Valiente.

Tras dos años. Apenas nada se ha sabido de Pilar Valiente desde que dejó la CNMV. Lo cierto es que parece que ha querido evitar cualquier tipo de suspicacias y atenerse al artículo 21 de la Ley del Mercado de Valores que estipula claramente que tanto el presidente como el vicepresidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estarán sujetos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración tras cesar en sus cargos. Concretamente, la norma fija en dos años el período en el que no pueden ejercer actividad profesional alguna relacionada con el mercado de valores. Así, una interpretación rigurosa de la ley le hubiera impedido entrar a trabajar en cualquier empresa que cotice en Bolsa, en el caso de que Valiente haya recibido alguna oferta. En cualquier caso, la ex presidenta de la CNMV ha tenido cubiertas sus necesidades ya que ha estado percibiendo la compensación económica establecida en el Real Decreto 1079/1992, según consta en el Reglamento de Régimen Interno del organismo, es decir, el 80% del sueldo que cobraba como presidenta, dividido en doce mensualidades, y durante el mismo período de tiempo que ocupó el cargo, siendo incompatible esta compensación con el desempeño de cualquier puesto de trabajo en el sector público. De ahí que Valiente haya esperado hasta el pasado mes de octubre para reingresar en la Administración Pública.

Sin duda, la trayectoria de esta técnica ha estado rodeada por la polémica. Ya lo fue su nombramiento como consejera de la CNMV en 1998. Como inspectora de Hacienda se dudó que su perfil encajase con el de una persona “de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores” que establecen los estatutos de la Comisión. Se interpretó el nombramiento como un premio por los esfuerzos desempeñados en la investigación de los famosos 200.000 millones de deuda fiscal. Sin embargo, dos años más tarde ya era presidenta del organismo.

El cese de Pilar Valiente al frente de la CNMV fue una de las principales piezas políticas que se cobró el “caso Gescartera”. Su dimisión se produjo el 19 de septiembre de 2001, cuando el escándalo ya había protagonizado la actualidad durante todo el verano. Un cese que tardó en llegar más de lo que muchos pensaban, dado que Rodrigo Rato se empeñó en evitar su defenestración pese a que las nuevas informaciones que iban apareciendo entraban en seria contradicción con lo que Valiente venía defendiendo. Tuvo que intervenir José María Aznar para forzar una renuncia con la que el Gobierno pretendía saldar sus responsabilidades políticas en el caso sin que salpicara más arriba.

La dimisión de Valiente se produjo después de conocerse el contenido de los dietarios de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, en los que se ponía de manifiesto las relaciones que tanto la presidenta de la CNMV como el ex-secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, mantuvieron con la agencia de valores intervenida por el supervisor en junio de 2001 al descubrirse un “agujero” de 18.000 millones de pesetas.

La CNMV comenzó a investigar Gescartera en diciembre de 1998. En abril de 1999 el Consejo de la Comisión decidió no intervenirla con los votos de tres consejeros, entre ellos Valiente, y continuó sus actuaciones en la agencia hasta julio de 2000, fecha en que cerró el expediente al tiempo que elevaba el rango de Gescartera de sociedad de valores a agencia de valores, e imponía una sanción de siete millones para la sociedad y tres para sus responsables.

Sin embargo, cuando la instrucción de la jueza Teresa Palacio del “caso Gescartera” va por su tercer año y los cerca de 100 millones de euros invertidos por los clientes de la agencia siguen sin aparecer,  la Fiscalía aún no ha solicitado la comparecencia –tal y como creen conveniente, entre otros juristas, el fiscal Anticorrupción encargado del caso, Vicente González Mota– ni de Valiente ni de Juan Fernández-Armesto, así como la del ex diputado del PP y ex vicepresidente de la Comisión, Luis Ramallo.

Valiente tan sólo ha tenido que dar explicaciones sobre Gescartera ante la Comisión de Investigación de Parlamento. En su declaración negó que en el Consejo de la CNMV de abril de 1999 se discutiera la intervención de la agencia, en contra de lo declarado por su antecesor en la presidencia Juan Fernández-Armesto. Además, Valiente dijo que muchos apuntes del dietario de Pilar Giménez-Reyna eran falsos.

Uña y carne. Jesús Bermejo y Pilar Valiente se conocen desde 1988, cuando ella ingresó en el Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios del Estado y llegó a presidir la Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas del Estado en la segunda mitad de la década de los ochenta. Ambos coincidieron en la Unidad de Vigilancia y Represión del Fraude Fiscal. Ella como coordinadora y él como jefe de la unidad responsable de la investigación y tramitación ante los tribunales de los expedientes de delito fiscal.

Se fijó en ella para encargarla el asunto de los 200.000 millones de pesetas quizás porque ya había actuado como perito fiscal en otro asunto de relevancia pública como fue la investigación de la financiación irregular del PSOE, conocido como “caso Filesa”, en 1992.

Tras el escándalo de la presunta prescripción forzada de los famosos expedientes, Bermejo fue nombrado director general del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente también del Ministerio de Hacienda, lugar desde el que el Gobierno esperó a que amainara la tormenta para volverle a dar un cargo de relevancia, la dirección de la ONIF. Los caminos de Bermejo y Valiente se han vuelto a encontrar.