‘Los Albertos’ siguen los pasos de Mario Conde y Javier de la Rosa

DEL 'PELOTAZO' A LA CÁRCEL

Por Vera Castelló

La historia de los primos Alberto Alcocer y Alberto Cortina ha estado llena de vaivenes. Subidas a la cumbre tras casarse con las hermanas Koplowitz, descensos momentáneos por líos de faldas, victorias transitorias al ser absueltos por la Audiencia Nacional, y, finalmente, disgustos tremendos por el cambio de apreciación de la justicia. La sentencia del Tribunal Supremo es tajante: ambos han sido condenados a tres años y cuatro meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de los terrenos en los que hoy se erigen las famosas Torres KIO de Madrid.

El caso Urbanor ha acabado con el ya deteriorado glamour de los primos que se hicieron famosos por vestir idénticas gabardinas beiges. Finalmente, el alto Tribunal ha estimado que los delitos no habían prescritos y que debían ser condenados por el dinero que sustrajeron a los pequeños accionistas de dicha sociedad al engañarles a la hora de vender los terrenos a un precio más alto del comunicado.

Una historia que en el espíritu es la misma vivida por varios de los hombres que durante los años 80 y principios de los 90 representaban a una clase empresarial a la que le gustaba aparecer en las revistas del corazón o capitanear la jet set local casi tanto como enriquecerse a marchas forzadas. Gente como Mario Conde o Javier de la Rosa, hoy en prisión.

Sin duda, el máximo representante de lo que se ha llamado delincuentes de cuello blanco es Mario Conde. El hombre que encandiló a buena parte del mundo financiero y la sociedad en general a principios de los noventa después de desembarcar en el Banesto y hacerse rápidamente con la presidencia. En sólo unos meses pasó de ser el bailarín de sevillanas más codiciado y ser nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, a ser el objetivo de la ira de los accionistas de un banco al que casi lleva a la quiebra.

Su procesamiento ha durado más de nueve años. Conde perdió todo su encanto cuando el Banco de España decidió en el día de los Santos inocentes de 1993 intervenir Banesto y cesar a todo el consejo de administración, el primero a Conde. En un primer momento, los peritos del Banco de España estimaron el fraude contable en 501.200 millones de pesetas, finalmente quedó establecido en 605.000 millones de pesetas.

A medida que proseguían las investigaciones, un asunto fue cobrando especial relevancia, el que luego pasaría a ser llamado caso Argentia Trust. Conde era acusado de pagar 600 millones de pesetas a dicha sociedad por informes inexistentes para la corporación industrial de Banesto. La Audiencia Nacional le condena en marzo de 1997 a seis años de prisión. El banquero recurre ante el Supremo y finalmente, en febrero de 1998, el alto tribunal rebaja la pena hasta los cuatro años y seis meses. Mientras tanto, el caso Banesto sigue su curso y el 31 de marzo de 2000 la Audiencia Nacional falla contra Conde y le condena a diez años y dos meses y le obliga a devolver 7.200 millones de pesetas a Banesto. El banquero recurre ante el Supremo, pero esta vez le sale el tiro por la culata. El pasado mes de julio, el alto tribunal no sólo ratificaba su culpabilidad sino que elevaba a 20 años la pena de cárcel. Frente al criterio de la Audiencia Nacional de considerar prescrita la retirada de 300 millones de pesetas de Banesto por parte de Conde, el Supremo calificó como delito continuado de apropiación indebida (más grave y, por tanto, no prescrito) consistente en disponer de dos fracciones de 150 millones de pesetas cada una.

De entre los principales representantes de esa delincuencia de cuello blanco de la que hablamos, Mario Conde es quien más experiencia carcelaria tiene. Tanto a la hora de ingresar como a la hora de evitarla mediante argucias legales. Al año de ser intervenido Banesto, su ex presidente entró en Alcalá-Meco en prisión preventiva. Un mes después, el 30 de enero de 1995, sale tras pagar una fianza de 2.000 millones de pesetas. El 26 de febrero de 1998 Conde vuelve a pisar la cárcel ya condenado a cuatro años por el caso Argentia. 16 meses después sale en libertad condicional. El ex presidente de Banesto no vuelve a pisar la prisión hasta hace unos meses cuando el Tribunal Supremo aumentó su pena por el caso Banesto, y ahí permanece después de que recientemente la juez de vigilancia penitenciaria, Reyes Gimeno, rechazara el recurso planteado por Conde para lograr el tercer grado.

El auto de la jueza ha debido molestar especialmente a financiero, ya que en él se vincula la reinserción del banquero a que abone la indemnización de 3.763 millones de pesetas que fue condenado a pagar por el caso Banesto y que, hasta ahora, no ha satisfecho. Ya la primera vez que le fue denegado el tercer grado, la jueza adujo que ”el penado ni ha colaborado con la Administración de Justicia, ni ha indemnizado a los perjudicados, ni ha abonado ni ha hecho intento de abonar las elevadas cantidades a las que ha sido condenado en concepto de responsabilidad civil”.

En los últimas semanas, la lista de deudas de Conde ha vuelto a engrosarse después de que el ministro de Hacienda ratificara la multa propuesta por el Banco de España  por su gestión en Banesto: 240.404 euros y 20 años de inhabilitación por “poner en grave situación de riesgo la estabilidad del sistema financiero. El expediente de  Caruana acusa a la entidad y a su ex presidente de insuficiente cobertura del coeficiente de recursos propios; llevanza de contabilidad con irregularidades esenciales que impedían conocer la situación patrimonial y financiera; resistencia a la labor inspectora; dotación insuficiente para insolvencias, y, por último, incumplimiento de las normas sobre los límites de riesgos concedidos por la entidad.

Su hija Alejandra, espera a que su padre salga de la cárcel para contraer matrimonio con Fernando Guash, hijo del antiguo presidente de Renault y Azucarera Española. Cree que deberá esperar unos cuatro años.

Más incierto es el futuro de Javier de la Rosa.  Su via crucis judicial no ha hecho más que empezar. Sus fantasmas se llaman caso KIO y Grand Tibidabo.Pasados diez años desde que el grupo Torras, bajo control de Kuwait Investment Office (KIO), declarara la suspensión de pagos de 300.000 millones de pesetas, la más espectacular de la historia financiera española, Javier de la Rosa conoció su primera condena penal por la operación WardBase, una de las piezas del gran Caso KIO en el que el Gobierno kuwaití le acusa de ser uno de los máximos responsables de las tremendas pérdidas en las inversiones del Emirato en España. Se le imputan varios delitos de estafa, apropiación indebida y fraude a Hacienda por un valor total de 100.000 millones de pesetas por delitos cometidos entre 1987 y 1992. De la Rosa pasó de ser el hombre fuerte de los Kuwaitíes en España, a ser el principal objetivo de sus odios. De pavonearse por Madrid y Barcelona, ha rogar al juez, con lágrimas en los ojos, que retrasara su entrada en prisión.

Concretamente por la operación Wardbase, la Sala de lo Penal, sección primera, de la Audiencia Nacional condenó el pasado mes de diciembre a Javier de la Rosa a cuatro años de prisión por apropiación indebida y un año y seis meses por falsedad. Esta trama consistió en el desvío de doce millones de euros del grupo Torras el 25 de mayo de 1992, siete meses antes de que suspendiera pagos y un día antes de que De la Rosa dimitiera como vicepresidente de la compañía. Un dinero que fue a parar a una cuenta de Manuel Prado y Colón de Carvajal –más tarde hablaremos de este otro protagonista de pelotazos– en Suiza. Según el tribunal, los acusados se sirvieron de un contrato simulado apoyado por otro documento, también ficticio, para “enmascarar el destino y la causa de la salida de ese dinero”. En el proceso civil iniciado por KIO en la Corte de Londres De la Rosa también resultó condenado por estos hechos en 1999.

El catalán espera en la cárcel el comienzo de otros juicios. En los próximos meses el financiero responderá de la venta de la papelera Icsa, propiedad de Inpacsa, por 4.200 millones de pesetas a una sociedad instrumental radicada en Gibraltar que fue revendida al grupo Torras por 8.000 millones de pesetas.

El siguiente juicio del caso KIO será el que resuelva sus responsabilidades penales en la operación Pin 5, un entramado de ingeniería financiera para desviar fondos de Torras con ocasión de la guerra del Golfo en 1990. La cuantía de la operación asciende a 30.000 millones de pesetas, de los que 300 fueron a parar a las cuentas privadas de Manuel Prado y Colón De Carvajal. El último de los juicios pendientes del caso KIO es el que resolverá la operación Acie, sobre un presunto blanqueo de dinero negro por valor de 8.000 millones de pesetas.

De la Rosa ya había probado los sinsabores de la prisión cuando el 14 de octubre de 1994, el juez barcelonés Joaquín Aguirre ordenó la detención, el ingreso en prisión y embargo de bienes del financiero por presuntas irregularidades, incluida una estafa de 7.000 millones de pesetas, entre 1991 y comienzos de 1994, en la gestión  de la sociedad Grand Tibidabo y el supuesto uso indebido de mil millones de un crédito avalado por la Generalitat. En juicio está previsto para los próximos meses y el fiscal solicita 13 años de prisión por estafa. Javier De la Rosa descapitalizó Grand Tibidabo, una sociedad que llegó a tener unos 10.000 pequeños accionistas.

Manuel Prado Colón y Carvajal es otro de los hombres cuyo enriquecimiento ha puesto tras la pista a la justicia. El ex diplomático cercano al rey don Juan Carlos fue condenado junto a De la Rosa por la operación Wardbase por apropiación indebida a dos años y al pago de 12.020.242,09 euros más intereses. Prado, según dicha sentencia, fue el beneficiario del desvío del dinero que ordenó Javier de la Rosa.

A Prado se le considera un leal servidor del Rey, para quien realizó misiones diplomáticas a espaldas del Ministerio de Asuntos Exteriores al final del franquismo e inicios de la transición como representante directo del monarca. Sin embargo, este senador por designación real en las Cortes Constituyentes de 1977, abandonó los quehaceres políticos y se dedicó a amasar una importante fortuna en diversos negocios. Sus quebraderos de cabeza empezaron cuando se vinculó empresarialmente a Javier de la Rosa. Junto al catalán, le espera el caso Pincinco, en el que se le acusa de apropiarse de 8.000 millones de pesetas y Grand Tibidabo en el que los juzgados de Barcelona le acusan de apropiarse de 1.000 millones en una compleja operación con unos terrenos.

De momento, no ha pisado la cárcel. Dentro de unos meses, se verá.