La deuda superará este año los 6.800 millones de euros

El ‘agujero’ de RTVE amenaza los planes
del nuevo Gobierno

La elección de la catedrática universitaria Carmen Caffarel para dirigir RTVE supone el primer paso en el plan del nuevo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para convertir la radiotelevisión estatal en un verdadero servicio público de calidad alejado de las ambiciones partidistas que tanta polémica han ocasionado en los últimos años. Sin embargo, esta pretensión se ve amenazada por el principal problema del que adolece aún el ente público. La pertinaz y creciente deuda que atenaza al mismo alcanzará este año los 6.800 millones de euros, un nuevo récord histórico con el que no ha podido acabar ni la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) –a la que RTVE fue adscrita en 2001–. Éste constituye, por tanto, el gran reto al que debe enfrentarse la futura directora general de la casa.

Por Fermín Núñez

L a deuda histórica que arrastra Radiotelevisión Española (RTVE) cae como una losa sobre cualquier plan mínimamente serio de reconvertirla en un servicio público de calidad que siga liderando los índices de audiencia en nuestro país, como parece ser el objetivo que se ha planteado el nuevo Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y que ha empezado a cumplir con la elección de la catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Caffarel, como directora general del ente público.

Desde finales de los años 80 el crecimiento del déficit en el ente público no ha impedido que cada Gobierno lo haya seguido utilizando a su antojo, como instrumento de sus intereses partidistas, implantando una cultura gestora del “todo vale” en el que el incesante saldo negativo en las cuentas del ente se inscribía en seguida en el capítulo de deuda pendiente.

De esta manera, el endeudamiento ha pasado de 133 millones de euros a principios de los 90, a 1.587 en 1996, 3.974 en 2000 y 6.192 millones el pasado año (ver cuadro). En los últimos ejercicios, la deuda ha crecido a razón de unos 600 o 700 millones por año. Así lo hará también, según todas las previsiones, a finales de 2004, cuando ese lastre económico alcance los 6.860 millones. Esto ha sumido a Radiotelevisión Española en un crítico estado financiero que se ve agravado aún más por la importante pérdida de audiencia y el conflicto con las televisiones privadas por su participación en el reparto de la suculenta tarta publicitaria.

La insoportable carga de endeudamiento ha llevado a que durante la recién finalizada legislatura, el gobierno del Partido Popular se planteara acabar de una vez por todas con la deuda. El plan seguido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, preveía hacerlo en un plazo máximo de tres años mediante la adscripción de RTVE a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), de forma que permitiera controlar el gasto corriente del ente y reordenar su estructura laboral. El objetivo final era equilibrar los resultados económicos de aquella casa, acabando de una vez por todas con las pérdidas y preparándola para que, en enero de 2005, el Gobierno la asumiera por completo como suya y pasara a gestionar directamente una deuda que ya había avalado.

El 28 de diciembre de 2000, mediante la Ley 14/2000, el Gobierno cumplió su deseo de adscribir RTVE a la SEPI, poniéndola bajo su control y supervisión. Este organismo estatal se puso manos a la obra en dos direcciones: reducir a cero las pérdidas del ente y estudiar la salida contable y financiera de la deuda histórica. En el primer apartado, la SEPI puso en marcha un Plan Marco de Viabilidad para reducir las pérdidas en tres años a razón de un 30% anual y acabar de esa manera 2004 con un saldo operativo equilibrado (sin incluir la deuda). En segundo lugar, se ha planteado poner en marcha –con ayuda de la dirección del Ente y de los sindicatos–, un Plan Integral que incluya modernizar el obsoleto marco laboral implantado en la casa desde 1977 y un Plan de Producción Propia que permita eliminar la costosa compra de material ajeno.

En el capítulo de recorte de gastos, el Plan de Viabilidad se ha centrado en los llamados operativos, es decir, los atribuibles al propio funcionamiento del ente público, que se dividen en Servicios Exteriores (venta de programas, material de archivo, etc.), Aprovisionamientos (derechos de imagen, deportivos, de cine, producción propia y ajena, etc.) y otros gastos. Y ha conseguido, efectivamente, adelgazar las pérdidas: a cierre de 2002 (primer año de aplicación del plan) esta reducción ascendió a 119 millones de euros, lo que supuso un mejora del 25% sobre el año anterior. Ello fue posible gracias al aumento de los ingresos en más de 60 millones, situándolos en un total de 910 millones, y a un recorte de unos 20 millones en los gastos totales (operativos y de personal), que pasaron de 1.351 millones en 2001 a 1.263 millones en 2002.

El presupuesto para el pasado año arrojaba previsiones similares: por un lado la subvención directa del Estado aumentaba de 66 a 75 millones de euros y los ingresos operativos alcanzaban los 851 millones (31,6 más que en 2002). Y todas las partidas de gasto operativo se veían reducidas, a excepción de los de personal, que experimentaban una subida del 2%. En 2004, la subvención seguirá aumentando hasta los 78 millones y los ingresos operativos alcanzarán los 935 millones, lo que permitirá afrontar un aumento de gastos operativos desde los 762 millones de 2003 a los 842 de 2004.

A pesar de ello, sigue habiendo dos quebraderos de cabeza: por un lado, los gastos financieros, es decir, los asociados a la deuda histórica, no han dejado de crecer (ver cuadro). Por otro, los importantes gastos de personal, que si bien en 2002 experimentaron una bajada (de 442 a 435 millones), volvieron a aumentar en 2003 (440) y crecen también en 2004 (459). Esto parece implicar que el equilibrio final de las cuentas del ente ha de pasar inexorablemente por una reestructuración de plantilla, que se estima que podría llegar a acabar con 2.000 de los 8.675 de los puestos de trabajo en RTVE. Ni que decir tiene que dicha medida generaría gran polémica. De hecho, el convencimiento entre los trabajadores de que la SEPI tiene intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acometa este recorte, llevó a principios del pasado mes el Comité General Intercentros (representado mayoritariamente por UGT y APLI) a convocar una huelga para el 12 de marzo. Finalmente, la dirección de RTVE logró alcanzar un acuerdo con los representantes sindicales, que han aprovechado las negociaciones del XVI Convenio Colectivo del ente, para plantear un plan de empleo que permita adecuar la plantilla a las necesidades reales de la empresa. Este nuevo marco laboral se aplicará a partir del próximo año e incluye un recorte significativo de las categorías laborales (de 155 a 46) y una modificación de la estructura salarial. UGT admite como necesaria una renovación de la plantilla que conduzca a su rejuvenecimiento y permita con ello reducir los costes salariales. Pero lo que no desea es que haya ningún recorte de la misma, y menos aún sin una decisión previa sobre los niveles de producción propia del ente. La dirección de RTVE se ha comprometido, de momento, a no realizar bajas de personal fijo sin un previo acuerdo social y a realizar una subida salarial del 2% este año.

La llegada del PSOE al Gobierno ha llenado de incertidumbre el futuro sobre el Plan de Viabilidad de la SEPI y la asunción de la deuda por parte del Ejecutivo. Lo cierto es que muy poco se sabe acerca de las pretensiones de José Luis Rodríguez Zapatero con respecto al modelo de financiación de RTVE y la posible asunción de la deuda por parte del Ejecutivo. ¿Seguirá el nuevo presidente los planes del PP? ¿Preferirá cambiar de manera radical las bases de la financiación de la televisión pública?

Sea como fuere, lo cierto es que el problema requiere una solución rápida: por un lado, las presiones de la Unión Europea son cada vez más constantes: el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, ve con malos ojos el aval sin restricciones del Estado español a la deuda de RTVE, ya que falsea la competencia con las privadas y, según la legislación comunitaria, la ayuda estatal no debe sobrepasar los costes del servicio público.

Fuentes cercanas a la SEPI no creen que el futuro presidente de la misma, el antiguo colaborador de Pedro Solbes en Economía, Enrique Martínez Robles, vaya a recomendar cambios radicales en un Plan de Viabilidad que ha demostrado su efectividad. Aunque ello no quiere decir que el Gobierno imponga desde arriba un cambio en el modelo de financiación. En este sentido, uno de los miembros del comité de expertos que ha de elaborar las bases de la nueva televisión publica de Zapatero, el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad Enrique Bustamante, opina que la financiación de este servicio debe ser “fundamentalmente pública”, para que no se vea obligado a competir por el mercado publicitario con las cadenas privadas. Un aspecto que ha suscitado no poca polémica en los últimos tiempos. Asimismo, la financiación podría quedar definida en “contratos programa suscritos con el Parlamento a cambio de los cuales los entes públicos ofrecieran distintos servicios de interés general, como el apoyo al cine español, etc.” Respecto a la deuda, sin embargo, los planes no se sabrán al menos hasta que el comité de expertos comience a deliberar.

Una académica al mando de la televisión pública

Cumpliendo uno de los puntos clave de su política de comunicación, José Luis Rodríguez Zapatero ha elegido como nueva directora general del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la catedrática Carmen Caffarel. Esta barcelonesa de 50 años, hija del actor José María Caffarel (fallecido en 1999) es una experta en comunicación cuya actividad docente estuvo vinculada durante más de 20 años a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y que desde julio de 2002 figuraba en la plantilla de la Rey Juan Carlos como catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Sobre ella recaerá –al menos provisionalmente– la difícil tarea de convertir RTVE en el buque insignia que devuelva a los medios públicos la credibilidad y la calidad perdida en los últimos años y los convierta en verdaderos servicios públicos.

El cambio ha sido bien recibido por la gran mayoría del sector, que confía en que la amplia experiencia teórica de Caffarel le sirva para sobrellevar tan complicada transición, en la que deberá acabar con la manipulación informativa y la telebasura. Aunque la nueva directora general no ha tenido experiencia laboral directa con los medios de comunicación, ha participado en numerosos seminarios sobre el sector audiovisual y ha coordinado multitud de publicaciones y estudios sobre los fenómenos comunicativos en las ciencias sociales y naturales. Pese a su falta de experiencia en estas lides, Caffarel rompe con la tradicional tendencia del Ejecutivo de nombrar como responsables del ente público a periodistas o políticos afines. Asumirá la gestión durante los próximos nueve meses, mientras el comité de expertos nombrado por Zapatero –formado por los filósofos Fernando Savater y Emilio Lledó, y los profesores Enrique Bustamante y Victoria Camps– emite un informe sobre el modelo adecuado de radiotelevisión pública que el presidente del Gobierno se ha comprometido a respetar y llevar tal cual al Parlamento.