El PP aumenta la presión sobre sus medios

Tormenta periodística contra
la manipulación en la campaña

La campaña electoral vuelve a poner en entredicho a los medios más cercanos al Gobierno. Los trabajadores de RTVE y Antena 3 TV denuncian el recrudecimiento de la constante manipulación a la que se está viendo sometida la cobertura informativa de estas cadenas, sobre todo en lo referente al seguimiento de la campaña. En el Ente público, pocos comprenden cómo puede permanecer de responsable de sus Informativos Alfredo Urdaci, condenado por la Audiencia Nacional por manipular la información sobre la huelga general del 20-J y cuya actuación ha sido recientemente puesta en evidencia por el Consejo de Europa. En Antena 3, algunos periodistas afirman que el control político y la censura han alcanzado cotas nunca vistas anteriormente.

Por Fermín Nuñez

Cómo es posible que nos acomodemos al hecho insólito de que siga al frente de los servicios informativos de Televisión Española un profesional que ha sido condenado por un tribunal por manipulación de la información? Y, todavía más increíble, que esa persona sea la responsable de la cobertura informativa de unas elecciones generales”. La pregunta, realizada por la subdirectora de El País, Soledad Gallego-Díaz el pasado 13 de febrero en la columna Las cosas que se nos van pegando, recogía una cuestión que muchos trabajadores se llevan preguntando casi un año: la cobertura primero de la huelga general y después del Prestige y de la guerra de Iraq han dejado al director de Informativos de Televisión Española, Alfredo Urdaci, en evidencia ante sus propios empleados y buena parte de la sociedad. Una situación que ha venido a agravar a finales del pasado mes una resolución del Consejo de Europa que cita explícitamente a Radio Televisión Española como ejemplo de manipulación informativa y sometimiento al control gubernamental en el continente.

Ante esta situación, los representantes de los trabajadores en el que probablemente es el centro territorial más conflictivo, el de la capital, decidieron hace un año formar el llamado Comité Antimanipulación de los Servicios Informativos de Torrespaña. Ahora, tal y como preveían, la recién inaugurada campaña electoral no ha hecho más que agravar el férreo control al que el Gobierno del PP tiene sometida toda la información que presta la cadena.

A finales del pasado mes de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa –una organización internacional que reúne a 45 países entre los que se encuentra España–, citó explícitamente a Televisión Española como ejemplo de influencia del poder político en la radiodifusión pública, señalando que la “manipulación de la información” ha llevado a la cadena estatal a “una condena sin precedentes” por la cobertura de la huelga general celebrada en nuestro país el 20 de junio de 2002. Lo hizo, dentro de una recomendación que incluye a España entre los países en los que el “clientelismo político” y el “paternalismo estatal” han impedido “la completa emancipación de los servicios de radiodifusión pública del control político directo”, y en la que insta a los gobiernos a “abstenerse de toda injerencia en la independencia editorial y la autonomía institucional de los radiodifusores públicos”.

Como consecuencia inmediata de este informe del Consejo de Europa, un buena parte de los trabajadores del Ente Público ha decidido no esperar un minuto más para poner en marcha mecanismos de defensa que combatan esta situación. La primera de sus iniciativas ha partido del propio Comité Antimanipulación de Torrespaña, que el pasado día 12 emitió un comunicado en el que afirmaban: “ha llegado el momento de dar un paso adelante y sentar unas bases mínimas para que la política informativa de RTVE inicie un proceso de democratización acorde con los principios de pluralismo y veracidad”, y anunciaban la convocatoria de elecciones entre la plantilla con el fin de cumplir una vieja reivindicación de los profesionales que hasta ahora había sido rechazada sistemáticamente por las distintas direcciones de la Empresa: conformar el primer Consejo de Informativos dentro de la redacción de una cadena pública.

Sus representantes fueron elegidos los pasados 14 y 15 de febrero por un total de 500 de los 1.200 empleados del citado centro territorial. La misión fundamental de este Consejo –que sólo es el primero de los que se pretenden impulsar por toda España–, será combatir la manipulación velando por la imparcialidad y el pluralismo informativo desde las propias plantillas. Sin embargo, aunque la inmensa mayoría de los empleados de la cadena coinciden con este propósito, la formación del mismo no ha estado exenta de polémica: los representantes del sindicato UGT han acusado al comité de empresa de CC OO en Torrespaña de haber fraguado la iniciativa con fines electoralistas y sin contar con una parte importante de los trabajadores, representada por UGT y el Comité Intercentros de RTVE. Su acusación de electoralismo se ha visto refrendada por la propia composición del Consejo, la mitad de cuyos representantes están ligados de uno u otro modo a la dirección de la antigua etapa socialista en el Ente: Alicia Gómez Montano, José Antonio Sacaluga y Rafael Díaz Arias fueron jefes de Nacional, Internacional y Documentación respectivamente. El segundo es, además, hermano del actual representante del PSOE en el Consejo de Administración de RTVE.

El recién nombrado Comité pretende iniciar contactos con la dirección de la empresa y con el Comité General Intercentros (CGI) de RTVE, destinados a reconocer oficialmente su constitución, tras lo cual se impulsará la elaboración de un Estatuto del Informador Audiovisual –que vele por la independencia profesional y preserve la imparcialidad, la objetividad y el pluralismo–. Sin embargo, el rechazo de la cadena al nuevo Consejo de Informativos no se ha hecho esperar: el Consejo de Administración –presidido este mes por Consuelo Álvarez de Toledo–, lo ha considerado “un falso sistema de representación, al margen del Estatuto, que pretende limitar la libertad de los profesionales de RTVE”.

Por su parte, el Comité General Intercentros ha redactado un Proyecto de Estatuto y Código Deontológico para los Servicios Informativos de RTVE, en el que se aboga por una “clara distinción” entre lo que es información y lo que es opinión, así como por que se faciliten “diligentemente” todos los datos esenciales para la información difundida “sin tergiversar los mismos”, que se rectifiquen si se demuestra que son falsos sin eludir la disculpa y que no se utilicen procedimientos ilícitos para obtener informaciones o imágenes. En este documento, se recoge también la vieja reivindicación de crear Consejos de Información en los distintos centros territoriales.

Junto a estas iniciativas, los trabajadores del Ente también permanecen atentos a los datos que arroja el seguimiento informativo de la campaña electoral: según los manejados por trabajadores del centro territorial madrileño, durante el pasado mes de diciembre el PP ocupó el 97,48% del minutaje de información política, mientras que el PSOE lo hizo en un 1,84%, e IU en un 0,68%. En enero, los datos fueron del 95% para el PP, el 3% para el PSOE y el 2% para IU. Frente a estas evidentes acusaciones, el Partido Popular ha reaccionado con desaire: su vicesecretario general (y vicepresidente del Gobierno) Javier Arenas defendió la pasada semana la “imparcialidad y profesionalidad” de Urdaci, afirmando que habría que “hacer un monumento” a la misma. Un desplante inmediatamente posterior en el tiempo al que protagonizó en Almería el ministro de Defensa Federico Trillo, que lanzó un euro a una periodista de la Cadena Ser cuando ésta le preguntó por las armas de destrucción masiva de Iraq, afirmando que lo tenía reservado para el primer periodista que le preguntase por las mismas.

Pero las denuncias en el Ente público no acaban en Televisión Española. También han salpicado a Radio Nacional de España, cuyo comité de empresa en Madrid se ha hecho eco de la preocupación de los trabajadores “por la manipulación y la falta de pluralismo, especialmente grave en estos momentos” y “el continuo deterioro de la programación, en sus distintos canales”, que afectan fundamentalmente a los espacios de opinión y tertulias. Según este Comité: “RNE está siendo instrumentalizada a favor del Gobierno y del PP en detrimento de la oposición y de los partidos nacionalistas”.

Episodios del mismo tipo se repiten también en Antena 3 TV, según afirman taxativamente algunos de sus trabajadores: “el control político y la censura informativa han alcanzado cotas nunca vistas en esta cadena. La dirección de informativos sólo se preocupa de que los programas de noticias respondan a los intereses del Partido Popular” Y citan ejemplos, como el del caso Fabra o el del alcalde de Toques, cuya cobertura ha sido –según estas fuentes–, pasada por alto. Todo lo contrario que ha ocurrido con la de la reunión entre el político republicano Josep Lluís Carod-Rovira y la banda terrorista ETA.