Ambos grupos podrán mantener sus televisiones locales

El Gobierno se rinde ante Prisa y Vocento

“Donde dije digo, digo Diego”. El dicho popular define claramente la marcha atrás del Gobierno en sus planes para regular el panorama audiovisual en nuestro país. Justo hace un año –por medio de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado–, el Ejecutivo del PP lanzaba un polémico régimen de incompatibilidades que impedía a Prisa y Vocento compatibilizar su respectiva participación en Canal Plus y Telecinco con sus intereses en la televisión local. Ahora, el Ministerio de Ciencia y Tecnología se desdice anunciando una flexibilización legal que permitirá a ambos grupos mantener todas sus inversiones. Finalmente, y como no podía ser de otro modo, la lógica del mercado ha ganado la batalla, aunque no son ajenos los cálculos políticos.

Por Fermín Núñez

A través de tres enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, el Ejecutivo ha decidido flexibilizar la Ley de Televisión Privada con el fin de permitir que un mismo accionista pueda mantener al mismo tiempo inversiones en canales nacionales y televisiones de ámbito autonómico o local. Una posibilidad que había prohibido hace justo un año mediante el mismo procedimiento rápido. Si aquella iniciativa castigó entonces a Prisa y Vocento –grupos de comunicación que compatibilizan sus respectivas participaciones en Canal Plus y Telecinco con diversos canales locales distribuidos por toda nuestra geografía–, la nueva medida rinde ahora al Gobierno ante la evidencia: es imposible mantener unos criterios mínimos de calidad en el mercado de la televisión local impidiendo la entrada en el mismo de empresas de comunicación sólidas y bien asentadas. Si entonces el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, utilizó la pluralidad informativa como justificación de aquel régimen de incompatibilidades, hoy el mismo argumento es usado por su sucesor, Juan Costa para explicar el levantamiento de esa prohibición.

En este contexto, algunos analistas políticos interpretan que Prisa y Vocento –dirigidos por Jesús Polanco y José María Bergareche respectivamente–, han ganado su particular batalla política contra el intento del Gobierno de mermar su expansión. Inevitablemente, la lógica de mercado se habría impuesto en este caso a la presión política, y el Ejecutivo –obsesionado por el control mediático–, ha sido el último en enterarse. Mientras, otros consideran que –ante la inminente convocatoria de elecciones–, el levantamiento de la incompatibilidad es en realidad un guiño del PP a dos de los grupos más influyentes del país con el objetivo de que suavicen su beligerancia contra el Ejecutivo.

Prisa –empresa editora del diario El País y propietaria de la Cadena Ser–, controla a través de Sogecable el canal nacional de pago Canal Plus. Y desde hace años, ha apostado fuerte por el mercado de la televisión local, constituyendo una auténtica red nacional de televisiones bajo la marca conjunta de Localia, que ha llegado a aglutinar 76 emisoras por todo el país. Por su parte, Vocento –surgido de la fusión entre el antiguo Grupo Correo y la editora de ABC Prensa Española–, tampoco se queda manco: compagina su participación del 13% en el accionariado de la cadena generalista Telecinco, con su control sobre 66 emisoras locales reunidas en UNE y su propiedad sobre la autonómica Onda 6 heredada de Prensa Española. Ambos grupos, que se habían visto condenados a deshacerse de todas estas televisiones locales, podrán ahora mantenerlas con ciertas condiciones.

Rendición con límites. El nuevo plan gubernamental regulará de una vez por todas la configuración de la televisión local en España y su salto a la tecnología digital. El mapa de este mercado quedará dividido territorialmente en 256 demarcaciones de más de 25.000 habitantes. En cada una de ellas –entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2004–, las Comunidades Autónomas podrán adjudicar licencias para cuatro canales como máximo, mediante concursos públicos en los que se tendrán en cuenta criterios de viabilidad económica, técnica, etc. Esto permitirá la creación de más de 1.000 nuevos canales, que deberán ofrecer programación local propia al menos durante cuatro horas al día y que, en un plazo de dos años, tendrán que emitir en digital. Las empresas que actualmente operan en este mercado podrán presentarse a los concursos, aunque no tendrán garantizada la licencia por el simple hecho de haber estado retransmitiendo hasta ahora. ¿Qué ocurre entonces con Localia y UNE? Para evitar situaciones de monopolio, el Gobierno ha establecido que un mismo accionista podrá participar con más de un 5% en canales autonómicos o locales, siempre y cuando la población a la que esos canales den cobertura no exceda el 20% de la población total. Es decir, permitirá que un mismo operador gestione canales en varias demarcaciones, mientras sean menos de ocho millones y medio los telespectadores que reciban la señal de todos ellos. Con los operadores autonómicos que quieran participar simultáneamente en cadenas locales dentro de la misma Comunidad, ocurrirá algo semejante: no podrán exceder una cobertura superior al 20% de la población de esa autonomía. Y respecto a las inversiones en canales dentro del mismo ámbito territorial (sea nacional, autonómico o local) se fija un límite del 5%, cuando hasta ahora, en el ámbito nacional no se permitía estar en dos canales, lo que ha provocado que Telefónica salga de Antena 3 tras haberse incorporado al accionariado de Sogecable.

Según estas nuevas restricciones, Prisa y Vocento podrán conservar Localia y UNE, aunque deberán reducir su red de emisoras, que ahora mismo supera ese límite de cobertura del 20%. Así mismo, también deberán restringir sus emisiones en cadena a cinco horas diarias (25 semanales), en horarios que no estén dentro de los considerados de máxima audiencia (entre las 13 y las 16 horas por la tarde y las 20 y las 23 por la noche). El prime time tendrá que dedicarse a programación exclusivamente local. Junto a esto, las emisoras deberán transmitir un mínimo de cuatro horas diarias y 32 semanales de programación original.

Pese a está limitaciones, el Gobierno ha dado de nuevo su brazo a torcer en el tema del paso a la tecnología digital. El plan técnico recientemente aprobado obligaba a comenzar las emisiones digitales en 2004, pero ahora, la última enmienda presentada por el PP en la Ley de Acompañamiento modificará la Ley de Televisión Local de 1995 con el objetivo de ampliar el plazo hasta 2006. Esto permitirá a Prisa y Vocento seguir emitiendo por vía analógica durante dos años más.

Una vez otorgadas las concesiones, las empresas que queden en situación de incompatibilidad se verán obligadas a desinvertir en un plazo de seis meses, tras el cual la legislación les podrá imponer multas de hasta cien mil euros diarios hasta que corrijan la irregularidad.

Según afirmó la semana pasada Juan Costa, esta reforma del marco legal supondrá “una liberalización plena del sector de la televisión local, que va a favorecer la inversión en el mismo precisamente cuando el mercado audiovisual comienza una fase de recuperación”, y tendrá el objetivo de “contribuir al despliegue de la televisión local digital, con unas inversiones previstas de 600 millones de euros que permitirán generar entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo”. Al mismo tiempo, este plan “garantiza una oferta más plural y de calidad dando entrada a nuevos operadores”.

¿Cómo han reaccionado todos los implicados al plan gubernamental? Prisa y Vocento, a través de medios como El País o ABC, la han recogido ampliamente destacando la marcha atrás del Ejecutivo en el asunto, y –en el caso del último–, considerándola como positiva aunque insuficiente. El pasado martes, su editorial Un paso, pero sólo un paso destacaba la “excesiva cautela” del Ejecutivo a la hora de flexibilizar el sistema de incompatibilidades que “impedía objetivamente el desarrollo de las empresas de comunicación multimedia” y “privaba a la televisión local de calidad y robustez”. Junto a ello, reconocía tímidamente que “el Gobierno parece querer enmendar el yerro de una incompatibilidad anterior tan drástica como errónea y, en términos generales, parece dar un paso en la buena dirección en la regulación de un sector que lo precisaba”, y que “debe percibirse con esta enmienda un signo de sensibilidad y buen juicio en un ámbito que lo precisa de manera muy especial”. Aunque también daba un toque de atención al Ejecutivo, afirmando: “queda camino por recorrer, todavía son llamativas las rigideces que persisten”, y “es preciso seguir manteniendo una interlocución fluida entre la Administración y el sector”.

Por su parte, la Asociación de Televisiones Locales (ATEL) ha sido mucho más dura, calificando los cambios en la legislación de “parque” y “chapuza”. Los portavoces oficiales de los actuales operadores del sector afirman que las enmiendas gubernamentales “se contradicen unas a otras” y también “entran en contradicción con el articulado de la Ley de Televisiones Locales”. Además, “no solucionan el problema del sector”, que se encuentra en una situación de “permanente incertidumbre”, lo que tiene efectos sobre las inversiones, el empleo y el desarrollo de los canales locales.

En lo que se refiere al plazo de dos años fijado por el Ejecutivo para que se produzca el “apagón analógico”, ATEL considera que su cumplimiento “es imposible”, porque “cualquier persona que entienda un poco la técnica sabe que la convivencia de la tecnología digital y la analógica supone un mayor consumo de canales y no hay frecuencias disponibles”, por lo que el poner plazo a la emisión digital supone “condenar al fracaso” a las televisiones locales.