La FAPE y el Defensor del Pueblo apremian la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Fernández Pombo y Múgica urgen a Justicia

Mientras la recomendación del Defensor del Pueblo para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil ya se halla en poder del ministro de Justicia, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Alejandro Fernández Pombo, urge a los poderes públicos. Ahora ha publicado un artículo donde explica la necesidad de encontrar una solución para evitar que la ejecución provisional de una sentencia cause daños irreparables a la libertad de expresión.

E. S.

La recomendación del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, al ministro de Justicia, José María Michavila, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), ya obra en poder del titular de esta cartera ministerial. El documento dice textualmente que en el marco de la ponderación de derechos fundamentales, a su institución “no le parece razonable que la vertiente económica de la reparación del daño causado ponga en riesgo  la existencia misma del medio de difusión, máxime cuando la decisión judicial no es definitiva, y por tanto revisable. El interés particular, en fin, no debe prevalecer sobre el interés general de configurar una opinión pública que es libre en la medida en que está plural y debidamente informada (...). La empresa periodística no es una empresa más; sin ella, sencillamente, la democracia sería imperfecta”. El comunicado añade que su recomendación pretende que “nuestro ordenamiento no facilite en modo alguno, sin perjuicio del respeto a los derechos de todos y del acatamiento de las resoluciones judiciales, la desaparición de los medios de comunicación (...). Siendo perjudicial para las empresas periodísticas, lo es también para la ciudadanía y el sistema político en su conjunto”. Por todo ello, el Defensor del Pueblo recomienda que se estudie la modificación de la LEC “en el sentido de que no sean ejecutables provisionalmente las indemnizaciones establecidas en las sentencias condenatorias por violación de los derechos fundamentales al honor, intimidad y propia imagen, cuando estos derechos hayan entrado en colisión con la libertad de información”.

Mientras, Alejandro Fernández Pombo, que tal y como anunciamos hace  semanas ha pedido al ministro Michavila la modificación de la LEC, ha publicado un artículo en prnoticias.com, titulado La Ley de Enjuiciamiento Civil y la libertad de expresión. En él describe cuál ha sido el proceso recorrido por la FAPE y la prensa nacional para poner en conocimiento de la opinión pública los peligros que entraña para un medio de comunicación la ejecución provisional de una sentencia en primera instancia, tal y como contempla la LEC. El presidente, que considera la modificación de la norma “tan necesaria como urgente”, explica que “uno de los objetivos de esta nueva Ley es el de conseguir una Justicia Civil nueva caracterizada por la efectividad. Para ello, como se dice en la exposición de noticias del texto legal, ‘la regulación de la ejecución provisional es, tal vez, una de las principales innovaciones’ […]. Como cuando se trata de condenas dinerarias no cabe formular oposición alguna”, la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, que también preside, acabó haciendo suya la preocupación de los periodistas afectados por dicha ejecución y que ha encontrado respuesta en la prensa, los sindicatos de periodistas, el Defensor del Pueblo y el propio titular de Justicia. Incluso dice que “en los primeros días de febrero también varios vocales del Consejo General del Poder Judicial manifiestan, que aún reconociendo los beneficios de la Ley de Enjuiciamiento Civil a favor de la agilidad de la justicia, hay en ella algún punto débil como es el de los regímenes de ejecución que no siempre están justificados en algunos casos que afectan a los periodistas y medios de comunicación y que pueden ocasionar perjuicios irreparables vinculados a un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión”.

Fernández Pombo también aclara en su artículo que “la Asociación de la Prensa de Madrid dejó muy claro” durante su reunión con Michavila “que no se trata de pedir ningún privilegio, pues la ejecución de las sentencias que afectan a los medios, sólo cuando sean firmes, no va a suponer nunca la impunidad de los periodistas o de los medios irresponsables, sino la salvaguardia de la pluralidad y la libertad de prensa”.