Cuatro expertos estudian los cambios de la Ley de Enjuiciamiento Civil

El gobierno, dispuesto a modificar la ley

El Gobierno ha dado un paso más para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Ministerio de Justicia ha encargado la comisión técnica que estudia su reforma a cuatro catedráticos de Derecho para incluir excepciones a la ejecución de sentencias indemnizatorias en primera instancia en los casos que afecten a la prensa. Mientras, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia su intención de proponer alternativas.

E. S.

El proceso para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que obliga a ejecutar sentencias en primera instancia, ya está en marcha. El periódico digital, diarioDirecto.com, publicaba la pasada semana que el Ministerio de Justicia ha encargado a una comisión técnica formada por cuatro catedráticos de Derecho la reforma de los artículos 524 y 525 de la norma referentes a dicha ejecución. Los responsables de introducir estos cambios son el abogado de la Asociación de la Prensa, Carlos Hernández San Juan, y los responsables de la reciente reforma del Código Penal. El titular de Justicia, José María Michavila, les ha encargado la tarea de incluir excepciones en la ley para los procesos judiciales que afecten a la prensa, aunque también está previsto incluir otros casos. Fuentes del ministerio consideran que la aplicación de la LEC ha resultado satisfactoria, pero también son conscientes de que se han producido determinadas “desviaciones” de la ley en los casos relativos a la libertad de prensa. La reforma iniciada por la ex titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, se hizo para evitar que el cobro de una deuda pendiente supusiera “un calvario judicial para el perjudicado”. Sin embargo, no tuvieron en cuenta determinados casos específicos que lamentablemente han puesto en serios apuros a varios medios de comunicación, como los de La Realidad de Cantabria, Telemadrid, micanoa.com, el ex director de Tiempo, Pedro Páramo, y el semanario El Siglo. Precisamente, el Ministerio de Justicia adoptó su decisión de modificar la LEC tras estudiar un completo dossier sobre los problemas judiciales de estos medios.

Mientras, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que hace varias semanas comunicó su intención de interesar a los poderes públicos su reforma, acaba de remitir a la cartera de Michavila una recomendación para evitar “que no sean ejecutables provisionalmente las indemnizaciones establecidas en las sentencias condenatorias por violación de los derechos fundamentales al honor, intimidad y propia imagen, cuando estos derechos hayan entrado en colisión con la libertad de expresión”. Según la adjunta 1ª de la oficina del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se pretende conseguir “un mejor equilibrio entre los derechos fundamentales a la información, por una parte, y al honor, intimidad y propia imagen, por otra”. La institución manifiesta su preocupación por “el hecho de que medios de comunicación puedan desaparecer” y recuerda que éste ha sido el caso de la revista La Realidad, que tuvo que dejar de editarse a consecuencia de una condena en primera instancia de 27 millones de pesetas (162.270 euros) y que, tras verse el recurso, ha quedado rebajada en dos millones (12.020 euros).

El secretario general del PSOE también se ha interesado por las sentencias millonarias en primera instancia impuestas a varios medios de comunicación. José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que “es conveniente estudiar la situación. Vamos a proponer alternativas. Estamos en una fase prematura para dar una respuesta definitiva pero algo hay que hacer, evidentemente”.

Entre el resto de respuestas políticas a la ya denominada en algunos ámbitos periodísticos como “ley antiprensa”, también cabe destacar las iniciativas de varios grupos parlamentarios. El socialista, el de Izquierda Unida y el del Partido Nacionalista Vasco han encargado a sus expertos jurídicos que preparen los argumentos para llevar iniciativas de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil al Congreso de los Diputados.

Por otra parte, los profesionales de la prensa continúan con su campaña para evitar el perjuicio que el pago de indemnizaciones desmesuradas puede causar a los medios de comunicación. Ahora ha sido la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que ha recogido firmas para pedir la modificación de la LEC. En su comunicado dice: “Los abajo firmantes deciden expresar su solidaridad y apoyo con el compañero Fernando Jáuregui y manifiestan su rechazo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite la ejecución inmediata de sentencias como las que recientemente han condenado al pago de multas millonarias a micanoa.com, a Telemadrid y al semanario El Siglo”.

Por último, merece especial atención el artículo publicado por Patxi Ibarrondo, director de la desaparecida La Realidad, en el diario digital prnoticias.com. Bajo el título ’La Realidad’, el honor y la libertad de expresión, el periodista comenta que “la sentencia que acabó con La Realidad fue la culminación de un persistente cerco judicial que se inició temprano (en el número 4 de la publicación) y ya no cesó hasta la asfixia económica de la misma. El monto de todas esas acciones judiciales ascendió a más de 100 millones de pesetas. Ninguno de los demandantes ejerció el derecho de rectificación, sino que acudieron directamente a los tribunales, lo que evidenciaba su mala fe. El periodismo de investigación, sobre todo el ejercido en la periferia estatal, se enfrenta habitualmente a este tipo de contextos, donde las concomitancias y convergencias de poderes ejercen una censura férrea”. Ibarrondo añade que “en el caso de ‘La Realidad’, la herramienta utilizada por el poder institucional ha sido una vez más la confrontación del honor con la libertad de informar. Algunos tribunales se convierten así en un brazo ejecutor de los políticos bajo sospecha”.