Una sentencia en primera instancia les obliga a pagar 600.000 euros

TELEMADRID Y MICANOA.COM, ÚLTIMAS VÍCTIMAS DE LA LEY

Cada vez son más las voces críticas contra la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y sus consecuencias sobre la libertad de expresión. Ahora se han alzado con motivo de la desmesurada indemnización (600.000 euros) que Telemadrid y micanoa.com deben pagar por una supuesta intromisión en el derecho al honor e intimidad de cinco jugadores del Barça. Periodistas, sindicatos, juristas y políticos solicitan la modificación de la norma para evitar que la ejecución de esta y otras sentencias de primera instancia, como la dictada contra El Siglo, suponga un menoscabo de la libertad de prensa y la continuidad empresarial de los medios.

E. S.

La libertad de expresión ha sufrido un nuevo varapalo. El titular del juzgado de Primera Instancia número 43 de Barcelona, Juan Francisco Garnica, ha condenado a Telemadrid y al periódico digital micanoa.com (ahora diarioDirecto.com) a indemnizar con 600.000 euros (100 millones de pesetas) a los cinco jugadores del FC Barcelona Patrick Kluivert, Phillip Cocu, Gabri García, Gerard López y Dani García, por intromisión en el honor y la intimidad. Debido a la capacidad de difusión de cada uno de los medios, la cadena autonómica deberá pagar 500.000 euros (100.000 a cada jugador) y el resto la página web dirigida por el periodista Fernando Jáuregui. La televisión y el periódico de Internet difundieron la noticia de que los futbolistas mantuvieron un encuentro con “cuatro señoritas” en el hotel Hesperia de Madrid la víspera de un partido contra el Rayo Vallecano. Según el magistrado, no sólo se vulneraron estos derechos, sino que la información también supuso un desprestigio profesional de los jugadores por “sugerir una conducta poco profesional” de los mismos.

Todos los periódicos de tirada nacional y los diarios digitales se han hecho eco de la noticia y han vuelto a reiterar la necesidad de introducir modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que obliga a ejecutar las sentencias de primera instancia antes de que prosperen los recursos antes instancias judiciales superiores.

El ABC ha publicado un artículo del abogado de micanoa.com (ahora diarioDirecto.com), Javier Cremades, titulado “Una sentencia histórica contra la libertad de expresión”. El letrado explicó que “la sentencia, al imponer unas muy elevadas indemnizaciones a favor de los futbolistas […], rompe con la tradicional moderación con la que la judicatura española […] había contemplado las sanciones económicas derivadas de violaciones del derecho al honor. El objetivo, alabado de forma unánime por todos los especialistas, no era otro que evitar que en nuestro país se desarrollase lo que en Estados Unidos se ha venido a llamar un “mercado del honor” […]. Una cosa es que se dañe el honor de un personaje público –conducta siempre repudiable– y otra cosa es que el personaje se forre por ello. Una práctica generalizada […] llevaría a una desnaturalización de lo que es la lesión de un derecho de la personalidad, a un aumento de la litigiosidad y a una nueva […] limitación de la libertad a informar. Cremades también explica que además de los dos medios sancionados, el director de diarioDirecto.com, Fernando Jáuregui, está también sujeto a la responsabilidad solidaria del periódico digital. “Y ello en virtud de la Ley Fraga, de hace casi 40 años que estableció entonces la llamada responsabilidad en cascada, por la cual un director asume las responsabilidades de cualquier información impresa en su periódico. Desconocía entonces el legislador […] lo que era o había de ser Internet”, explica el abogado. Por otra parte, el letrado insiste en que “estamos ante una sentencia lamentable que, como las producidas frente a la revista cántabra La Realidad –que acabó cerrando por esta razón– o El Siglo, supone un paso atrás en la casuística que jalona la historia de la libertad de prensa en España”.

Mientras, el diario El Mundo, en su editorial del día 11 de febrero, dice que “el fallo reúne elementos muy preocupantes para la libertad de información […]. Es desorbitada la indemnización, muy superior a las que se aplican en otros ámbitos. Además, la aplicación de la vetusta Ley de Prensa de 1966 hace responsable subsidiario de micanoa.com a su director, Fernando Jáuregui, aunque es imposible que el director de un medio electrónico actualizado las 24 horas controle todos sus contenidos. Pero, sobre todo, es intolerable que la reciente reforma de la LEC permita aplicar la sentencia sin que sea firme.

Por su parte, el periódico La Razón ha respaldado la iniciativa del presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Alejandro Fernández Pombo, que tras conocer la sentencia, ha pedido que no se haga efectiva y que no se obligue al pago de las indemnizaciones en tanto no se resuelvan los recursos judiciales que pueden interponerse, ya que se puede causar un daño irreparable a las empresas informativas y, por ende, a la libertad de expresión, ante el previsible autocontrol excesivo en detrimento de la información.

El propio diario digital de Jáuregui, en un artícuo titulado Acatamos pero…, pese a todo seguimos, dice que la sentencia contra su medio “afecta a todo el colectivo relacionado con la información, incluyendo a los destinatarios de la misma”, “posibilita que, en adelante, cualquiera con recursos suficientes aumente su patrimonio con demandas desmesuradas, que podrían ser consideradas como mala fe”, y “revitaliza leyes preconstitucionales, como la ley de Prensa e Imprenta, o ‘ley Fraga’ (1966), por la que se demanda al director de este periódico, sin tener en cuenta que en aquella época del franquismo no existía Internet”.

También el colectivo de trabajadores de diarioDirecto.com ha emitido un comunicado donde explica que micanoa.com nunca faltó al derecho al honor de los jugadores porque no se habló de “orgía”, sino de una fiesta con chicas, “cosa que los propios jugadores reconocieron días después”. Asimismo, lamenta la situación de indefensión en que se encuentran los medios de comunicación, provocada por la LEC, frente a los juzgados de primera instancia, “que no pueden ser depositarios a discreción de la tutela del derecho a la libertad de prensa”.

Por su parte, la Agrupación de Periodistas de UGT y la Federación de Servicios de UGT instan la modificación, con carácter de urgencia, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a din de que los medios de comunicación no tengan que abonar la cantidad dictada hasta que exista una sentencia firme. El sindicato ha manifestado su preocupación por la reiteración de los casos que se están produciendo en torno al honor con la vigente norma, “casos como el de la revista cántabra La Realidad, el semanario El Siglo y la publicación madrileña Noticias de UGT y otros, que pueden acabar llevando a poner cortapisas” a la libertad de expresión. El comunicado considera que “esta situación es especialmente grave cuando afecta a periodistas en el ámbito profesional por figurar como promotores o editores de medios de comunicación de Internet, como es el caso de micanoa.com con Fernando Jáuregui […], condenado a abonar una cantidad difícilmente concebible en la profesión periodística”.

Los políticos también se han sensibilizado con el problema. La pasada semana, la diputada del PNV, Margarita Uría, preguntó en el Parlamento al ministro de Justicia, José María Michavila, cómo valora el Gobierno el funcionamiento del sistema de ejecución provisional que prevé la LEC en el tiempo que lleva vigente. El titular de Justicia, que tal y como anunciamos la pasada semana ha formado un equipo asesor para tratar de incluir excepcionalidades en la norma en los casos que afecten a los medios de comunicación, dijo que “el Gobierno […] está abierto al diálogo para encontrar respuestas y soluciones a los problemas que pudieran plantearse”.

El candidato de los verdes a la alcaldía de Madrid, José María Mendiluce, también se ha querido solidarizar con micanoa.com. Dice que “en todo este proceso, tengo dos cosas claras. Una, que Fernando Jáuregui y el equipo que dirige se han movido en todo momento por la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la profesionalidad, en un ejercicio de honestidad que ha marcado toda su trayectoria. Y, dos, que esta Ley de Enjuiciamiento Civil es una espada de Damocles sobre el periodismo modesto y crítico. Por muchos motivos, me siento muy próximo a este periodismo combativo que quiere hacerse un hueco entre los ‘grandes’ desde la libertad.

Espero que el Gobierno, tal y como se ha comprometido el ministro Michavila, estudie una reforma de los aspectos más negativos de esta Ley, entre otros, la obligación de pagar la sentencia antes de haber finalizado el proceso de los recursos, que se convierte de facto en una amenaza contra la libertad de expresión y la pluralidad, y en una hipoteca sobre el periodismo libre”.

Mientras el mundo periodístico se hacía eco de la sentencia, otro fallo judicial alertaba sobre la peligrosa sucesión de cortapisas a la libertad de prensa. El 5 de febrero, el titular del juzgado de Primera Instancia número 2 de Arrecife ordenó el secuestro de los ejemplares del número 11 de la revista Cuadernos del Sureste “sin dar audiencia previa a las personas contra las que se pretende dirigir la demanda”. El secretario del Ayuntamiento de la localidad canaria, Felipe Fernández Camero, había pedido esta medida cautelar argumentando que la publicación iba a difamarle. El demandante ha presentado su documentación y el juez ha considerado “indiciariamente probado” que la empresa editora iba a difundir esa información.