Ha pedido una entrevista con el ministro de Justicia

La Asociación de la Prensa de Madrid acaba de aprobar la creación de una Comisión encargada de poner en conocimiento del ministro de Justicia las consecuencias que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil está teniendo sobre la libertad de expresión. En el caso de la demanda de cinco jugadores del Barça contra micanoa.com y Telemadrid podrían ser nefastas: piden cinco millones de euros por intromisión en su honor e intimidad.

E. S.

La pasada semana, la Asociación de la Prensa de Madrid acordó la creación de una Comisión encargada de poner en conocimiento del ministro de Justicia, José María Michavila, los peligros que para los medios de comunicación encierra la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Para ello, la asociación presidida por Alejandro Fernández Pombo va a solicitar una entrevista con el titular de esta cartera, en la que dará cuenta de las consecuencias perniciosas que la ejecución de una sentencia en primera instancia puede tener sobre medios pequeños, incapaces de costear el pago de cuantiosas sumas de dinero que ponen en peligro su continuidad empresarial.

Este podría ser el caso de micanoa.com, ahora diariodirecto.com. El próximo 21 de enero este diario digital, junto con Telemadrid, serán juzgados en Barcelona, acusados de intromisión en el honor. La demanda es de cinco jugadores del Barça, sobre los que varios medios de comunicación dijeron hace un año que habían pasado un “rato divertido” en un hotel madrileño en vísperas de un partido con el Rayo Vallecano, que acabó perdiendo el equipo azulgrana.

Tras la publicación de esta noticia, de la que se hicieron eco numerosos medios, los jugadores demandaron a micanoa.com y a Telemadrid, a los que acusan de haberles provocado perjuicios profesionales y morales con la difusión de la información, que desmienten, y a los que reclaman cinco millones de euros (la mitad por cada uno de los medios) para reparar su honor.

El diario digital ya ha empezado a sufrir las consecuencias de la demanda. Su accionista Quebecor, multinacional canadiense y primera impresora en el mundo, desinvirtió en micanoa.com ante la amenaza de una posible quiebra, lo que ha provocado su cambio de nombre (ahora es diariodirecto.com) y una reestructuración de la plantilla.

Pero lo peor está por venir, ya que la sentencia podría provocar la desaparición del medio de forma fulminante ante lo desproporcionado de la demanda nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (nada comparable con los 6.000 euros de multa que el Comité de Competición impuso al equipo azulgrana tras los lamentables incidentes que protagonizó el Camp Nou durante un reciente partido Barça-Madrid).

Por otra parte, el director del diario de Internet, Fernando Jáuregui, también ha sido demandado. Esta circunstancia resulta especialmente delicada ya que la presencia on line de micanoa.com hace inviable que sus informaciones puedan estar controladas por el responsable de la publicación, por lo que, para casos de este tipo, la Asociación de la Prensa también planteará un tratamiento específico del régimen de responsabilidades en el caso de la Red.

Reportaje del Colegio de Periodistas de Cataluña.

 La revista Capçalera, editada de forma bimensual por el Colegio de Periodistas de Cataluña (la publicación tiene diez años de historia a sus espaldas y se envía a 3.000 colegiados), ha dedicado el mes de enero un amplio reportaje de seis páginas escrito por el periodista Francesc Rafols sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil titulado LEC: una amenaza a la libertad de expresión.

Entre otros aspectos, detalla los problemas que pueden tener los medios que no estén en disposición de costear las multas impuestas por los jueces y que se deberían pagar en primera instancia aunque la sentencia no sea firme y el peligro de autocensura entre propios medios que deseen evitar problemas de este tipo.

Respecto a las graves consecuencias de la ley, da cuenta de los dos casos que ya han sufrido sus secuelas: el periódico independiente cántabro La Realidad, que tuvo que cerrar tras ser condenado a pagar una indemnización de 27 millones de euros (incluidas las costas) al secretario general autonómico del PP, Carlos Saiz, por una presunta violación del honor; y la revista El Siglo, condenada a pagar 20 millones de pesetas (incluidas las costas) al director general de Sistemas de Informática y Comunicación del Gobierno murciano, Juan José Ríos Piñera, por la misma supuesta agresión.

Capçalera recoge el comunicado que el pasado octubre emitió la Federación de Sindicatos de Periodistas, en el que consideraba que “la posibilidad de ejecutar sentencias antes de que sean confirmadas por instancias judiciales superiores es un clarísimo atentado a la libertad de expresión, porque estrangulan económicamente los medios de comunicación modestos”. La publicación catalana considera que “el hecho de haber de afrontar las condenas tiene, además, una circunstancia que todavía agrava más sus consecuencias: si finalmente, en última instancia, la pena es revocada, no hay ninguna garantía de que el dinero pagado reinvierta de nuevo a su punto de origen, ya que no hay manera legal de conseguir la devolución de los pagos”. Su secretario general, Enric Bastardes, dice que se plantea la necesidad de iniciar una campaña pública para demandar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El amplio reportaje recoge las declaraciones de los hasta ahora principales afectados. Patxi Ibarrondo, director del desaparecido La Realidad, dice que estamos ante “una estrategia calculada contra las publicaciones de escasos recursos económicos para acabar con la libertad de expresión”. José García Abad, director de El Siglo, asegura que argumentar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la necesidad de agilizar la justicia y evitar abusos de los avispados “es una excusa de mal pagador. Nadie tiene la culpa de la lentitud de la justicia, que tampoco tiene que ser utilizada para recortar las garantías judiciales”.

Capçalera también recoge una resolución de la junta del Colegio de Periodistas de Cataluña, donde dice que “hace falta llamar la atención sobre los daños colaterales que de esta ley se pueden derivar sobre los medios de comunicación, que, en caso de ser condenados a indemnizaciones económicas desmedidas, se verán, a petición de la parte agravada, a satisfacerlas antes de poder recurrir a instancias judiciales superiores. En la práctica, esta previsión de la ley puede acabar derivando en un claro atentado contra la libertad de prensa porque si un medio no puede satisfacer la indemnización que se le ha impuesto en primera instancia puede verse abocado al cierre y a la desaparición sin poder abocar antes todas las vías de recursos legales previstas en el ordenamiento jurídico”.

La junta del Colegio de Periodistas también apunta a que, preocupados por la situación y la posible indefensión de un medio ante una sentencia en primera instancia, está estudiando la ley a fondo sin descartar la posibilidad de iniciar un proceso para pedir su reforma.

El reportaje también recoge las opiniones vertidas por otros medios de comunicación a lo largo de los últimos meses (de los que El Siglo ya ha dado cuenta) y otras declaraciones del director de nuestra revista. Así, recoge la noticia de su recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Murcia, donde se recuerda que el artículo objeto de la demanda se refiere a un cargo público en ejercicio de sus funciones y a la manipulación de presupuestos. José García Abad, asegura que la sentencia “está llena de irregularidades” y confía que la Audiencia de Murcia les absolverá “puede que incluso antes de que la juez se pronuncie sobre nuestro recurso en el que pedíamos que no se ejecutase la sentencia a causa de las consecuencias definitivas que esto tendría en la publicación”. García Abad explica que “la juez permitió que el abogado de la acusación me interrogase sobre mi ideología y la de la revista”.