Los medios critican la Ley de Enjuiciamiento Civil

MÁS SOLIDARIDAD CON EL SIGLO

UGT, con'El Siglo’ sus trabajadores     

Comunicado de Prensa de la Federación de Servicios de UGT
y la Agrupación de Periodistas de Madrid

Madrid, 16 de octubre de 2002: Ante los hechos que se están sucediendo debido a la demanda interpuesta por un responsable político de la Comunidad Autónoma de Murcia contra el semanario El Siglo, por una información publicada acerca del mismo en dicho semanario,. y que pueden acabar obligando a cerrar a dicho medio de comunicación ante la imposibilidad de poder pagar la cantidad fijada por la jueza, la Agrupación de Periodistas de Madrid de UGT y la Federación de Servicios de UGT quieren salir al paso de la situación, manifestando, tanto en defensa de la libertad de expresión como del mantenimiento de los puestos de trabajo en la empresa, lo siguiente:

En primer lugar, creemos que la denuncia interpuesta es una intromisión y un ataque a la libertad de expresión que en todo momento, y ciñéndose a la verdad y una vez contrastados los datos, debe prevalecer como parte esencial de las normas democráticas de cualquier país que se precie. No es matando al mensajero como se arreglan los asuntos, sino ateniéndose al respeto en cada momento.

En segundo lugar, nos preocupa el hecho de que los trabajadores de El Siglo puedan   perder sus puestos de trabajo, con todo lo que ello significaría tanto para ellos como para sus familiares. Un dato éste en el que al parecer no se han parado a pensar ni el demandante ni la jueza que ha dictado sentencia, empeñados en afirmar que debido a lo publicado le será difícil encontrar trabajo una vez deje el cargo.

El Correo Gallego

(Carta enviada al director de El Siglo)

Nosotros también nos solidarizamos contigo y estamos de acuerdo en que la ley de Enjuiciamiento Civil puede representar un doloroso freno a la libertad de expresión.

José M. Rey Novoa
Director de El Correo Gallego

Contra la Ley del honor

(Carta enviada a la redacción de El Siglo)

El esclarecedor (y estremecedor) artículo del director de El Siglo, publicado el día 12 de septiembre, pone de manifiesto algo que muchos sentíamos: la necesidad de reformar la Ley de protección M derecho al honor, que por cierto, acaba de cumplir ahora veinte años. El problema no es, a mi entender, de Derecho procesal, pues si al final la sentencia firme confirma la sanción de 90.000 euros, el resultado sería el mismo: el cierre de los periódicos "pequeños", que no pueden hacer frente a sumas tan elevadas. la Ley M honor era mala, y peor ha sido su aplicación, en un contexto de creciente separación entre medios y ciudadanos. la relación entre comunicación y Derecho ha estado marcada por una óptica privada, patrimonialista (la propia de los individuos directamente aludidos), orientada al cobro de una indemnización, y no por una óptica pública de interés general (de los intereses del público o de los ciudadanos en su conjunto). En vez de potenciarse unos medios participativos, a los que los ciudadanos tuvieran fácil acceso, se ha permitido é¡ dominio de unos medios autistas, dependientes de intereses mercantiles, ajenos al derecho del público a una información plural y objetiva. Una buena forma (y gratuita) de defender los intereses de unos y otros, aludidos y público en general, habría sido el derecho de rectificación, pero esta vía no ha interesado ni a los políticos ni a los medios. En todo caso, de momento valdría un parche: limitar la potestad judicial de fijación de las indemnizaciones. El problema de la politización de ¡ajusticia, para otra ocasión.

Guillermo Escobar Roca.
Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.