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Cada semana se suma un nuevo medio de. comunicación haciéndose eco del peligro que para la libertad de expresión supone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta pasada semana ha sido el semanario catalán El Tríangle quien ha ofrecido a sus lectores su visión de¡ caso que condenó a esta revista y que ofrecemos íntegra a nuestros lectores traducida al castellano.

“La nueva ley de Enjuiciamiento ataca la libertad de Prensa” 1

"El Triangle" (7 de octubre de 2002)

J. M. de Su

La continuidad de la revista El Siglo está en peligro porque un juzgado de primera instancia de Murcia les ha impuesto una condena de 120.000 euros, que deben pagara pesar de que la sentencia no es firme.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor en enero de 2001, se ha revelado como una amenaza contra la libertad de expresión y de prensa. Con la nueva normativa, cualquier juez de primera instancia puede ejecutar una sentencia contra un medio de comunicación sin que se resuelvan los correspondientes recursos en instancias superiores. Esto significa que un tribunal ordinario puede hacer efectiva una cuantiosa indemnización económica a una publicación, por supuestas intromisiones al honor, antes de que se pronuncie la Audiencia o el Supremo. Desde que ha entrado en vigor la nueva ley, las decisiones de los juzgados de primera instancia ya han supuesto el cierre de un semanario, La Realidad de Santander, y han puesto en serias dificultades la supervivencia de dos publicaciones más, la revista El Siglo de Europa y el rotativo La Voz de A¡mería.

las publicaciones pequeñas están en peligro. Cualquier juez puede provocar su cierre si les impone sanciones económicas que no pueden pagar, a pesar de que luego la Audiencia o el Tribunal Supremo anulen la sentencia condenatoria. El mal ya estará hecho. Esto advierte el director del semanario El Siglo, José García Abad, que ha emprendido una campaña para denunciar que los jueces pueden imponer a una publicación indemnizaciones desmesuradas que provoquen su cierre sin tener posibilidad de apelación. Los querellantes que hayan ganado una sentencia pueden pedir automáticamente su ejecución en primera instancia, de manera que la publicación condenada deberá depositar el importe antes de que se resuelvan los recursos en instancias superiores. Esta situación puede conllevar el cierre W medio, si no puede hacer frente a la indemnización, o que nunca la llegue a recuperar en el caso que posteriormente un tribunal superior anulase la condena. Si el beneficiario de la indemnización es un poco listo, pude declararse insolvente cuando unos años después la Audiencia o el Supremo anulen la sentencia.

El juzgado de instrucción número 4 de Murcia condenó en julio pasado a la revista El Siglo a indemnizar con 90.000 euros y las costas ‑en total, 120.000 euros, 20 millones de pesetas‑ al director general de Sistemas de Información del gobierno autónomo de Murcia, Juan José Ríos, destacado militante del Partido Popular, por haber publicado que éste adjudicó contratos de compra de material informático a una empresa de la cual supuestamente había sido accionista.

El juzgado de instrucción murciano ya ha ejecutado la sentencia, a pesar de que todavía no es firme, de forma que El Siglo debe hacer efectivo en los próximos días el importe si quiere evitar que se embarguen los bienes de la empresa, los de su director y los del autor de la información.

Información Contrastada. La sentencia ha levantado polémica, porqué Juan José Ríos sólo se querelló contra El Siglo, una prestigiosa revista de carácter progresista, cuando esta misma historia había sido publicada meses antes por la prensa murciana, en especial por el diario La Verdad (Grupo Correo), sin que el dirigente popular los llevase a los tribunales. El grupo socialista en la asamblea de Murcia solicitó una comisión de investigación para esclarecer las compras de material informático, pero fue denegada por la mayoría popular. El Siglo publicó este caso después de¡ debate parlamentario y de que lo recogieran los medios de comunicación murcianos y, además, incluyó las declaraciones de Ríos en las que exponía su versión de los hechos. A pesar de ello, una juez murciana les ha impuesto una sentencia de 20 millones de pesetas, que, según fuentes jurídicas, lo más probable es que sea anulada por la instancia judicial superior.

Esto sucederá, sin embargo, después que se haya hecho efectiva la indemnización.

La semana pasada, El Siglo publicó un dossier sobre las consecuencias de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en el cual diversas personalidades del mundo político y judicial cuestionaban su aplicación. Antonio Camacho, portavoz de la Unión de Fiscales Progresistas, apuntaba que "era necesario introducir cautelas para evitar utilizaciones torticeras" de la normativa. José María Benítez, presidente de la Asociación de Abogados Demócratas, puntualiza que un mismo caso puede ser considerado irrelevante por un juez, y por otro, meritorio de una severa condena. Eduardo de Urbano, magistrado del Tribunal Supremo, considera que los puestos de trabajo y la actividad de un medio de comunicación se deben preservar mientras no exista un pronunciamiento en firme.

Mientras, la Ley de Enjuiciamiento se está cobrando las primeras víctimas.

“La Realidad' renace como boletín digital. La cooperativa de trabajadores que editaba La Realidad, semanario de información de Cantabria, cerró la publicación en diciembre pasado, poco antes de cumplir dos años de existencia, a raíz de que un juez de primera instancia les condenara a pagar una indemnización de 20 millones de pesetas a Carlos Saiz, secretario general del Partido Popular cántabro, diputado autonómico y presidente de Caja Cantabria.

El director del semanario, Patxi Ibarrondo, declaró en aquel momento que "tuvieron la desgracia de inaugurar la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil". Saiz se querelló contra la revista por haber publicado que se había ido de viaje a Suiza acompañado de su secretaria. Ahora, La Realidad ha renacido como publicación digital (www.otrarealidad.net)