Las elecciones catalanas han resultado un verdadero rompecabezas para la derecha española: a excepción del PP, todos los partidos catalanes, representando a muy cerca del 90% de la población, se han pronunciado a favor de un nuevo Estatuto que refuerce el autogobierno de aquella Comunidad. Todo ello dentro de un marco de normalidad cívica, de calma ciudadana impresionante. Resulta que cualquiera que sea la combinación del Gobierno autonómico -y hay varias posiblesque cuaje en las negociaciones que posiblemente estén en su apogeo cuando se publiquen estas líneas, Madrid se encontrará en un futuro próximo con una demanda de reforma del Estatuto que posiblemente afectará a la Constitución.

Mientras el Gobierno se esforzaba en provocar un levantamiento de la opinión pública española contra el plan Ibarretxe, mira por dónde se le abre otro frente en una de las Comunidades Autónomas más importantes, que se desenvuelve en paz sin asomo alguno de terrorismo.

El Gobierno ha reaccionado inmediatamente, con una iniciativa de Mariano Rajoy, que actúa como si ya fuera su jefe, mientras el señor Aznar salta de un avión a otro danzando por el ancho mundo en su papel de peón de brega de¡ presidente Bush. El nuevo líder el PP ha viajado raudo a Barcelona y, al intentar poner coto a la situación, ha cometido el error más estrepitoso.

Acostumbrado como está el Gobierno a ignorar las reglas democráticas, convocó a cinco grandes empresarios catalanes, a los que sin ninguna cautela, pidió que pusieran su influencia en juego para que, ignorando los resultados electorales, se forme en Cataluña un nuevo Gobierno de CiU, minoritario, para que todo continúe como estaba. Rajoy ha dejado clara la noción que tiene de la democracia: cinco grandes empresarios pueden anular la voluntad del 90% de los ciudadanos utilizando la influencia que les proporciona su poderío económico.

Pero aunque es verdad que en algunas de las llamadas democracias occidentales esas cosas pasan frecuentemente y el dinero tiene a veces más poder que los votos, en Cataluña ese cálculo ha fallado. Los empresarios catalanes no tienen las mismas razones que Rajoy para sentirse alarmados y se lo han dado a entender. Hasta el señor Pujol ha criticado públicamente la torpeza. Y a estas horas parece cierto que al líder del PP le ha salido el tiro por la culata y regresó a Madrid con el rabo entre las piernas.

Una de las combinaciones posibles de Gobierno autónomo, la que ha tenido una indudable mayoría en las urnas, sería un Gobierno PSC-ERCIC.Verdes, encabezado por el candidato que ha tenido mayor votación, Pascual Maragall. Desde Madrid, el Comité Federal del PSOE ha mostrado su voluntad favorable al Gobierno catalanista de progreso. Está muy bien y resultan difícilmente comprensibles los reparos que, sin romper la unanimidad final, han expresado algunos dirigentes regionales. Máxime cuando la coalición de los tres partidos está gobernando brillantemente en Barcelona desde hace largos años y la mayoría de los ciudadanos le han dado sus votos. Ezquerra Republicana de Cataluña es un partido democrático que ha hecho sus pruebas y que nunca ha tenido nada que ver con el terrorismo.

La democracia española ha llegado a un momento en que la consolidación del Estado de autonomias seguramente demanda reformas que mejoren la Constitución y la adapten a las necesidades de hoy. Para eso se precisa un nuevo consenso que está exigiendo nada menos que el mismísimo presidente fundador del PP, Manuel Fraga. Un consenso del que tampoco puede excluirse al nacionalismo vasco. Por eso resulta contradictorio y hasta algo histérico apoyar al Gobierno catalanista de progreso y a la vez pedir a Europa a través de Aznar que interfiera en nuestros asuntos internos amenazando con expulsar a Euskadi de la UE.