La lucha contra el terrorismo se hace utilizando a fondo la institución policial y la judicial. Y en este terreno España tiene mucho que agradecer a Francia, que ha golpeado seriamente al terrorismo etarra. En buena parte, tenemos que agradecer a este país la reducción de la capacidad de acción de los comandos terroristas, aunque los señores Michavila y Acebes den la impresión de ser ellos y su Gobierno los únicos en la consecución de este resultado.

Pero la acción política y judicial no es el exclusivo medio de la lucha anterrorista. La política es también un factor que en definitiva podría ser decisivo. Una política encaminada a aislarlo radicalmente.

Constituye un craso error tratar al nacionalismo político como terrorismo y encargar a los jueces -y si seguimos por el camino que hoy se anda, también a la policía- de abordar y resolver un problema esencialmente político Sobre todo si se toma en cuenta que en un país plurinacional como España, cualquier error en el tratamiento puede tener reflejos negativos en otras partes de nuestro territorio. No podemos ignorar las convulsiones que históricamente han provocado estos problemas, convulsiones que sería locura repetir.

Ya el pacto antiterrorista entre el PP y el PSOE con el estrambote previo del ataque al nacionalismo democrático, representó, a mi juicio, un serio error.

Contribuyó de hecho a que la fractura en Euskadi se estableciera no entre demócratas y terroristas, sino entre nacionalistas y constitucionalistas.

No niego que en esta situación haya una parte de responsabilidad de los nacionalistas con los pactos de Lizarra, que por cierto tuvieron escasa duración. Pero así como entiendo que los no nacionalistas del País Vasco, agobiados por la amenaza diaria a sus vidas y sus libertades reaccionaran radicalmente, no comprendo que desde Madrid -y al decir Madrid me refiero a la sede central del poder español- se haya intervenido agudizando la gravedad del enfrentamiento. A mi entender, desde aquí hubiera debido de intentarse introducir más serenidad y prudencia en la contienda vasca. Aunque no fuera más que porque en Madrid debería existir una conciencia más clara del interés de que Euskadi continúa unida a España y que en esta época las soluciones de fuerza utilizadas en otros periodos, que no dieron resultados definitivos -antes bien lo contrario- no tendría ya ninguna justificación.

A este respecto, los efectos negativos de la Ley de Partidos están a la vista. 120.000 vascos han seguido las consignas de Batasuna. ¿Son 120.000 terroristas o cómplices del terrorismo? Si lo tomamos así apaga y vámonos. Considero que hay que verlo de otro modo y no se puede descartar que una parte de esos votos nulos expresen simplemente su deseo de que no se anulen los derechos políticos de una tendencia, que quizá vean en el mantenimiento del partido político un camino que lleve al fin del terrorismo, del que incluso algunos activistas se sienten fatigados y en el que han perdido confianza.

Y lo que vendría a completar los desaciertos sería el procesamiento de un hombre como Atutxa, que se distinguió luchando contra ETA, poniendo en riesgo su vida en más de una ocasión.

Sin dudarlo, antes de acumula más errores, hay que hablar con Ibarretxe. Hay que dialogar. El problema es fundamentalmente político y los poi iticos ti nen que afrontarlo, s es preciso, con mucha paciencia lbarretxe dijo hace poco que no quería ni la sumisión ni la independen cia. Hay que cogerle la palabra.