|
Notas
para "libertad y seguridad:
un binomio a reconsiderar"
Desde
el atentado del 11-S, el terrorismo de raíz islámica radical
ha golpeado varias veces en diversas partes del mundo. En nuestro continente,
los atentados de Madrid y Londres nos han hecho percibir de forma más
descarnada que la amenaza terrorist ya no es algo que sucede en lugares
lejanos, sino también en nuestras ciudades.
Esta amenaza no desaparecerá de inmediato y va a poner a prueba
la capacidad de la sociedad europea de hacerle frente desde el respeto
de sus valores democráticos. No es la primera vez que las sociedades
democráticas hacen frente a amenazas que la pueden destruir. Durante
gran parte del siglo XX las democracias se enfrentaron a la amenaza de
los totalitarismos.
El equilibrio en el binomio libertad-seguridad ha sido la base sobre la
que se han asentado nuestras sociedades. Ahora se nos llama a reconsiderar
esta relación ante la amenaza terrorista y sustituir parte de nuestras
libertades por seguridad. Pero la libertad y la seguridad no son alternativas:
van juntas de la mano, la una permite que exista la otra. Así se
ha entendido desde la Ilustración.
Nadie subestima el alcance de la amenaza terrorista para Europa. Nadie
desconoce la necesidad de reforzar la cooperación policial y judicial.
Incluso todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de cooperación
a nivel multilateral. Ningún país puede hacerlo por sí
solo, ni el más poderoso de la tierra.
Tras el 11 -M y el 7-J este debate está sobre la mesa de la discusión
política en Europa: ¿qué medidas antiterroristas
hay que poner en marcha para atajar la amenaza. La presidencia de turno
británica ha lanzado una serie de propuestas con las que dice pretende
adaptar los instrumentos existentes a la nueva situación.
Algunas de estas propuestas se refieren a la retención y conservación
de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, sistemas
de visados uniformes, inclusión de información biométrica
en los permisos de conducir, etc. Otras hablan de modificar los actuales
marcos legales de protección de derechos, incluida la Convención
Europea de Derechos Humanos de 1950 y el "reequilibrio" de su
jurisprudencia.
Frente a todas estas propuestas, desde el PE se ha recordado que los derechos
humanos son individuales, y no son divisibles, ni negociables. Los sospechosos
de terrorismo también tienen sus derechos.
La amenaza terrorista confronta a las sociedades democráticas frente
a la prueba suprema de cumplir con sus compromisos previos de respeto
a la universalidad e invariabilidad de los derechos humanos. Como ha escrito
el jurista norteamericano Ronald Dworkin, en épocas de amenaza
terrorista, la concesión mutua no es entre nuestra libertad y nuestra
seguridad, sino entre nuestra seguridad y su libertad, refiriéndose
a las libertades de aquellos que nos amenazan.
Las medidas que se tomen para defender nuestra seguridad deben ser proporcionadas,
controlables y basadas en los valores que guían nuestros sistemas
democráticos. No caben atajos.
En junio, la Comisión de libertades Públicas del Parlamento
rechazó
una propuesta de decisiónmarco, elaborada por algunos Estados miembros
que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a conservar toda la
información del tráfico generado por sus clientes por un
período de entre uno y tres años. El rechazo se debía
a que el PE entendía que creaba obligaciones desproporcionadas,
no garantizaba suficientemente el derecho a la intimidad y no le permitía
participar en la adopción de estas medidas en su plena capacidad
de colegislador. Esta situación de no mediar un acuerdo entre Consejo
y PE, podía acabar en una seria batalla jurídica entre las
instituciones europeas.
El respeto a los derechos humanos está en la base de la identidad
europea. Es condición previa para todo país candidato a
la adhesión. Sí la UE debe generar instrumentos contra amenazas
supranacionales, también debe ser capaz de garantizar la libertad
en este nuevo marco que sobrepasa al Estado-nación.
Europa necesita una política antiterrorista más legitimada,
más creíble y más eficaz. Pero el problema hay que
plantearlo también en términos de eficiencia y prevención,
cumpliendo lo que se acuerda, poniéndolo en funcionamiento y no
eludi r el control parlamentario y judicial de las medidas que se proponen.
La desaparición de controles judiciales y parlamentarios, la justificación
de las detenciones preventivas, o la disminución de los derechos
y libertades, si no tienen control, pueden acabar siendo peor remedio
que la terrible enfermedad que representa la amenaza terrorista.
* Presidente
del Parlamento Europeo
|