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Nº 663 - 26 de septiembre de 2005

Notas para "libertad y seguridad:
un binomio a reconsiderar"

Desde el atentado del 11-S, el terrorismo de raíz islámica radical ha golpeado varias veces en diversas partes del mundo. En nuestro continente, los atentados de Madrid y Londres nos han hecho percibir de forma más descarnada que la amenaza terrorist ya no es algo que sucede en lugares lejanos, sino también en nuestras ciudades.

Esta amenaza no desaparecerá de inmediato y va a poner a prueba la capacidad de la sociedad europea de hacerle frente desde el respeto de sus valores democráticos. No es la primera vez que las sociedades democráticas hacen frente a amenazas que la pueden destruir. Durante gran parte del siglo XX las democracias se enfrentaron a la amenaza de los totalitarismos.

El equilibrio en el binomio libertad-seguridad ha sido la base sobre la que se han asentado nuestras sociedades. Ahora se nos llama a reconsiderar esta relación ante la amenaza terrorista y sustituir parte de nuestras libertades por seguridad. Pero la libertad y la seguridad no son alternativas: van juntas de la mano, la una permite que exista la otra. Así se ha entendido desde la Ilustración.

Nadie subestima el alcance de la amenaza terrorista para Europa. Nadie desconoce la necesidad de reforzar la cooperación policial y judicial. Incluso todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de cooperación a nivel multilateral. Ningún país puede hacerlo por sí solo, ni el más poderoso de la tierra.
Tras el 11 -M y el 7-J este debate está sobre la mesa de la discusión política en Europa: ¿qué medidas anti
terroristas hay que poner en marcha para atajar la amenaza. La presidencia de turno británica ha lanzado una serie de propuestas con las que dice pretende adaptar los instrumentos existentes a la nueva situación.

Algunas de estas propuestas se refieren a la retención y conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, sistemas de visados uniformes, inclusión de información biométrica en los permisos de conducir, etc. Otras hablan de modificar los actuales marcos legales de protección de derechos, incluida la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y el "reequilibrio" de su jurisprudencia.

Frente a todas estas propuestas, desde el PE se ha recordado que los derechos humanos son individuales, y no son divisibles, ni negociables. Los sospechosos de terrorismo también tienen sus derechos.

La amenaza terrorista confronta a las sociedades democráticas frente a la prueba suprema de cumplir con sus compromisos previos de respeto a la universalidad e invariabilidad de los derechos humanos. Como ha escrito el jurista norteamericano Ronald Dworkin, en épocas de amenaza terrorista, la concesión mutua no es entre nuestra libertad y nuestra seguridad, sino entre nuestra seguridad y su libertad, refiriéndose a las libertades de aquellos que nos amenazan.

Las medidas que se tomen para defender nuestra seguridad deben ser proporcionadas, controlables y basadas en los valores que guían nuestros sistemas democráticos. No caben atajos.

En junio, la Comisión de libertades Públicas del Parlamento recha
zó una propuesta de decisiónmarco, elaborada por algunos Estados miembros que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a conservar toda la información del tráfico generado por sus clientes por un período de entre uno y tres años. El rechazo se debía a que el PE entendía que creaba obligaciones desproporcionadas, no garantizaba suficientemente el derecho a la intimidad y no le permitía participar en la adopción de estas medidas en su plena capacidad de colegislador. Esta situación de no mediar un acuerdo entre Consejo y PE, podía acabar en una seria batalla jurídica entre las instituciones europeas.
El respeto a los derechos humanos está en la base de la identidad europea. Es condición previa para todo país candidato a la adhesión. Sí la UE debe generar instrumentos contra amenazas supranacionales, también debe ser capaz de garantizar la libertad en este nuevo marco que sobrepasa al Estado-nación.

Europa necesita una política antiterrorista más legitimada, más creíble y más eficaz. Pero el problema hay que plantearlo también en términos de eficiencia y prevención, cumpliendo lo que se acuerda, poniéndolo en funcionamiento y no eludi r el control parlamentario y judicial de las medidas que se proponen.

La desaparición de controles judiciales y parlamentarios, la justificación de las detenciones preventivas, o la disminución de los derechos y libertades, si no tienen control, pueden acabar siendo peor remedio que la terrible enfermedad que representa la amenaza terrorista.

* Presidente del Parlamento Europeo

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