La Convención Europea ha acabado su trabajo. Durante 16 meses, 21,0 personas que representábamos a la Comisión y el Párlamento Europeo, a los gobiernos y parlamentos nacionales de los miembros de la UE y de los candidatos a serio, hemos debatido en 27 lenguas distintas para proponer una Constitución para Europa. Su texto, demasiado largo al final, sustituye a la compleja maraña de tratados que han configurado la PE desde que inició su andadura en 1951 comunitarizando los instrumentos, de la guerra, el carbón y el acero, que de forma tan terrible habían usado unos contra otros los pueblos de Europa.

Giscard d'Estaing ha calificado el resultado de la Convención como 'imperfecto pero inesperado'. Inesperado, porque no estaba nada claro que la Convención llegara a producir un texto único, sin opciones que reabrieran automáticamente el debate en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que debe aprobarla durante la presidencia italiana para acabar sometiéndola al referendo de los europeos.

Pero el método de la Convención ha demostrado su superioridad sobre las negociaciones secretas entre diplomáticos gracias a su transparencia y al empleo de un tiempo más largo del que ninguna CIG puede durar. En una negociación intergubernamental que no trasciende a la opinión pública, cada cual defiende sus intereses soberanos sin explicar sus razones. En cambio, en un debate en el que se contrastan los intereses nacionales con las posiciones ideológicas, hay que explicar por qué se propone o rechaza tal o cual solución. La Convención enlaza así con

el intento de crear una democracia supranacional que sirva de base a la emergencia de una identidad europea, un demos, que respete y defienda las múltiples identidades que componen Europa.

Por eso fue bueno que a última hora se constitucional izaran los símbolos de la UE: la bandera, el himno, la moneda y el lema Unidos en la diversidad, que refleja muy bien su objetivo. Hubo que vencer la resistencia de quienes no quieren que esa unidad cree un super-Estado que amenace su identidad nacional. Hubo que vencerla también para que se aceptara el término Constitución, tabú, hace dos años, en Bruselas.

En cambio, en aras de¡ consenso, la palabra federal ha sido suprimida. El problema con federal, como también con fiscal, es que no significan lo mismo en distintas lenguas. En alemán o en castellano, no digamos ya en catalán, suena a descentralización y unión libremente consentida. En inglés es sinónimo de centralización política que absorbe poderes vitales de las partes. Quizá sea así desde que los fundadores de la Convención de Filadelfia pasaron más de un año convenciendo a las antiguas colonias británicas confederadas de que ratificaran la Constitución.

Esa confusión semántica, que algunos se esfuerzan en mantener, ha contribuido a que se mantenga la unanimidad en materias fiscales, lo que será un grave freno para la unión económica. En Londres, fiscal suena a todo lo que se refiere al presupuesto y no sólo a los impuestos. Y, después de la resaca del euro y de perder la soberanía monetaria, muchos gobiernos no quieren ceder más soberanía en el otro pilar de la política económica.

Éste es, sin duda, uno de los puntos débiles del texto constitucional. La falta de coordinación de las políticas económicas europeas impedirá sacar del euro todo su potencia1 El haber mantenido la unanimidad en las decisiones de política exterior, política social y fiscal es un riesgo de parálisis para las politicas internas de la Unión su papel en el mundo.

Pero la Convención ha rebasado el encargo de los jefes de Estado y de Gobierno en Niza, y aunque Bruselas no ha sido Filadelfia sólo la Historia podrá juzgar su trascendencia en el largo construir de una identidad europea basada en la democracia, la, paz y el respeto a la dignidad.