Nº 676 - 26 de diciembre de 2005
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Asesinos 'legales'

La ejecución de Stanley Tookie Williams en la prisión de San Quintín en California, no es sino una más de las más de 1.000 ejecuciones que han tenido lugar en EEUU desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. Lo que haría más singular este caso es que el condenado, miembro fundador de una vio-lenta banda callejera en los setenta, había escrito libros para contribuir a dar ideas sobre cómo evitar la vinculación de los jóvenes a este tipo de bandas callejeras y su proliferación, llegando a estar propuesto para el Premio Nobel de la Paz por ello. Al parecer, el gobernador Schwarzenegger ha considerado un agravante la pretensión del reo de ser inocente de unos asesinatos que él considera perfectamente probados. Pues bien: en mi opinión, aunque no hay que desantender otros deba-tes, el fundamental respecto a la pena de muerte no es otro que el de la calidad de la democracia y el de la necesaria superioridad moral del poder público sobre la delincuencia. Otras cuestiones, tales como eficacia/ineficacia de la pena de muerte, imposibilidad de reparación de errores procesales, desprecio a la reinserción del delincuente, etc., pueden jugar un papel, pero sin olvidar que el debate de fondo es el otro: y esa batalla es la que hay que ganar en la opinión pública y en la mente de los gobernantes, algunos tan prestos a sacar músculo y aparentar firmeza rechazando el perdón final.

Como ha dicho Emilio Lledó, "ese señor Schwarzenegger representa un conjunto de intereses que pone en sus manos la posibilidad de matar aun individuo y que también pondría en sus manos la posibilidad de pulsar un botón para que caigan bombas o para que se declare la guerra". Un único matiz: ¿por qué hablar en condicional?. De hecho, Bush representa esa coalición de intereses, cada vez más lesiva para los derechos de los ciudadanos y para la democracia misma. ¿Dónde están todos los hipócritas que se rasgaban las vestiduras con el caso Lewinsky, no por el tema moral –tan liberales ellos– sino porque el presidente había ocultado la verdad? ¿Porqué no pedir ahora el de Bush? ¿Acaso no ha admitido cínicamente que ordenó espiar las llamadas telefónicas y el correo electrónico de cientos o miles de ciudadanos estadounidenses y extranjeros? Y todo ello sin ningún control judicial, con carácter
preventivo y por una simple orden presidencial.

Más allá de la batalla legal, (es evidente que darle unos poderes tan amplios como hace la Patriot Acta Bush ha sido en enorme error que algunos empiezan ya a ver) está el problema político. ¿Podrá el Partido Demócrata deshacerse de sus complejos y denunciar firmemente todo esto: Guantánamo, Abu Ghraib, las cárceles ilegales, los vuelos secretos, etc.? ¿o se caerá de nuevo en la tiranía de la en-cuesta favorable a todos estos excesos renunciando a toda pedagogía política? O, peor aún, el relativismo de Powell, cuando afirma que los europeos se escandalizan hipócrita-mente porque también ellos sabían de esos traslados y esos vuelos. Por cierto, ¿hay algo de verdad en ello? ¿Cuánto de verdad?

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