La agenda del futuro inmediato viene cargada de acontecimientos: las consecuencias de las elecciones inglesas del 5 de mayo, el referéndum francés del 29 de mayo, la conversación J.L Rodríguez Zapatero - lbarretxe, el debate del estado de la Nación, 11 /12 de mayo, y sólo un poco mas allá, las elecciones gallegas del 19 de junio.

Con todo, la atención ha estado centrada en las votaciones sobre dos leyes: la de agilización del divorcio y la ley relativa al matrimonio homosexual. Además, un gran tema ha dominado todos los debates: la propuesta de financiación realizada por el tripartito catalán y, por ende, lo relativo a la reforma del Estatuto de Cataluña. Veamos las dos cuestiones.

En primer lugar, los temas mora¡es y la disciplina de grupo. Con frecuencia se habla de la necesidad de dar mayor protagonismo a cada diputado y más vigor al Parlamento. Pues bien, parece claro que uno de los aspectos importantes es conseguir la compatibilidad de la disciplina de grupo -nadie duda de su necesidad- y la libertad de voto en determinadas cuestiones. Por ejemplo, en las mociones a los debates Trillo manifestó un voto contrario en el tema del divorcio a la posición de su grupo (favorable) mientras Celia Villalobos lo hacia en sentido favorable en la ley del matrimonio homosexual (su grupo era contrario) y Paco Vázquez, senador socialista, manifestaba su intención de votar en contra de este tema. ¿Es todo esto admisible? En mi opinión, sí. Está claro que estos temas -y otros, léase guerra de Iraq o antes Kosovo son de tal naturaleza que deben permitir excepciones a la disciplina de grupo si se quieren conseguir los objetívos antes mencionados.

Respecto a la financiación y el nuevo Estatuto catalán, tenía que suceder y sucedió. La propuesta de financiación ha hecho saltar todas las alarmas provocando algunas descalificaciones graves que hubiera sido mejor evitar. Ciertamente, la propuesta tiene elementos muy controvertidos, otros negociables y algunos -en mi opinión- abiertamente rechazables. Pero debe entenderse que es una propuesta de "máximos" (así lo ha reconocido Maragall) y abierta a al debate y negociación. Por lo tanto, si antes podría ser discutible, en el momento en el que nos hallamos ya no caben dudas: hay que hablar mucho y va a ser una negociación larga (Solbes dixit)

Y, en primer lugar, hay que hablar entre el PSC y el PSOE. ¿Será demasiado decir que pese a la presencia de Montilla -primer secretario del PSC y ministro de Industria en el Gobierno- este diálogo ha resultado insuficiente hasta la fecha? A mí me parece claro que así es. En todo caso, no parece muy razonable dejar que las cosas sigan tal cual y llegara a aprobarse un Estatuto en el Parlamento catalán con propuestas de financiación demasiado detalladas (algo más que dudosamente constitucionales si afectan a aspectos como capacidad normativa plena en IRPF o impuesto sobre Sociedades. Y no se trata sólo de financiación sensu estricto. Por lo que se va conociendo, se pretende blindar en el propio Estatuto competencias que pueden ser delegadas a una Comunidad según el artículo 150.2 de la Constitución, pero cuya posesión definifi va y exclusiva por la citada Comunidad pudiera ser también inconstitucional. Por lo tanto, es la hora del debate y el diálogo, sensato, sin estridencias, sin prisas. Pero ya.