Huelga en TVE

Por sus huelgas los conoceréis. Después del espectáculo de manipulación sectaria y abyecta que han venido proporcionando en los ocho años anteriores de gobierno aznarista TVE y Radio Nacional sin que los 11.000 empelados hayan dado un ruido de protesta, salvo algún manifiesto de última hora suscrito por un porcentaje tan escaso como significativo, ha bastado el pronunciamiento en un periódico del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a favor de la privatización parcial de TVE para que los sindicatos del Ente amenazaran inmediatamente con el fuego del infierno y la convocatoria de una huelga.

0 sea, que aquí lo que ofende a los empleados es vislumbrar la pérdida de su condición de empleados públicos con la consiguiente reducción al estado laical y la exclusión de los privilegios exclusivos de duración indefinida atesorados con tan admirable tenacidad. Esa situación de los empleados de RTVE, que han ido adquiriendo en sucesivas negociaciones en pago a docilidades sin réplica, que es equiparable a la obtenida mediante oposición por los funcionarios públicos, que les hace inamovibles y que les permite pasillear en holganza indefinida, lo que ni siquiera ha servido para hacerles resistentes al abuso, frente al que han preferido comportarse como colaboradores permanentes.

Dicho lo anterior, enseguida, primero por hacer justicia y en todo caso por elemental aspiración a la supervivencia, debe abrirse una excepción capaz de abarcar a cuantos cumplen de manera ejemplar con sus deberes, que suelen coincidir con los escalones de inferior retribución y mayor precariedad laboral. A continuación hay que impugnar la actitud de los partidos que se han sucedido en la oposición, los cuales invariablemente han denunciado la manipulación que tan adversa les resultaba mientras exculpaban de semejante proceder a la totalidad de la plantilla.

Porque, señores de la sucesiva oposición, ¿cabe explicar la manipulación, por ejemplo de Urdaci o de María Antonia Iglesias, sin una amplísima colaboración de activos manipuladores y sin el silencio interesado de otros muchos más? Además, ¿es que alguno de los periodistas desde el año 1978 en adelante ha invocado la claúsula de conciencia que les protege según el artículo 20 apartado d) de la Constitución Española y que es directamente aplicable?

Otra cosa es el contenido de las manifestaciones del señor secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en funciones de francotirador mostrándose a favor de la privatización parcial de ese monstruo capaz de acumular una deuda que ya es bimillonaria medida en la unidad de cuenta de las antiguas pesetas. Habría primero que dibujar un modelo y unos objetivos y comprobar qué queda de aquella proclamación del Estatuto adoptado por Ley 4/1980 según la cual la televisión se concebía "como vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, con especial atención a la protección de los marginados y a la no discriminación de la mujer". Después podría privatizarse una parte de TVE a condición de que los canales privados se atuvieran a los preceptos de la Ley 10/1988 según la cual son "meros gestores del servicio público".