Nº 589 - 9 de febrero de 2004
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El voto y el sexo episcopal

con las elecciones del 14 de marzo a la vista, los obispos definen sus posiciones y se lanzan a orientar el voto de los fieles y de los infieles. Por el momento van buscando zonas de afinidad con el Partido Popular para ir destilando sus preferencias en sintonía con quienes han puesto los Presupuestos Generales del Estado a su disposición. Estamos en plena resaca del nacional-catolicismo como si la Constitución de 1978 hubiera pasado por él sin romperlo ni mancharlo. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, imbuida del fervor de los conversos, ha perpetrado una asignatura de religión con pleno valor curricular al servicio de la catequesis en las escuelas, impartida por unos profesores libremente designados y destituidos por los obispos diocesanos y conforme a unos programas concebidos no por obra de varón o de fémina del Estado, sino misteriosamente por la Conferencia Episcopal.

Confiesa Almudena Grandes en la entrevista con Rosa Mora aparecida en el diario El País a propósito de su última novela Castillos de Cartón: "El talento es un eje de poder; el otro es el amor y el sexo". La Iglesia piensa lo mismo desde hace siglos y se ha reservado ese área para desempeñar un papel de primer orden y ejercer una influencia decisiva. Ahora vuelve a confirmarlo con el documento de la Conferencia Episcopal donde relaciona la violencia de género con la libertad sexual sin temor alguno a desafiar los registros estadísticos en los que las uniones de hecho y las de homosexuales resultan porcentualmente de inferior peligrosidad. Como ha subrayado la Red de Mujeres contra la Violencia en su respuesta a los obispos "es en el modelo de familia que relega a las mujeres al silencio y la resignación donde más violencia se produce", y ese modelo es el propugnado por la doctrina eclesiástica, basado en 1a supeditación y el dominio del hombre sobre la mujer, caldo de cultivo de los abusos'.

La Conferencia Episcopal incita también a la insumisión, a la objeción de conciencia o, si se prefiere, a la sedición de jueces y fiscales cuando, como ha hecho notar la Asociación Profesional de la Magistratura, pide a estos funcionarios públicos que se nieguen a tramitar divorcios. Incluso la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, especialista en silencios, esta vez ha rechazado la acusación lanzada por los obispos sobre los medios de comunicación tíldados ahora de ser portavoces de los lobbíes homosexuales. El terreno es resbaladizo y, por ejemplo, la federación de lesbianas y gays critica que hablen de abusos sexuales y de violencias a menores quienes regentan la jnsutucion cuyos miembros han sido más veces condenados por los tribunales en este capítulo delictivo.

Pero de todas las críticas al Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España que ha hecho público la Conferencia Episcopal la más justificada es la del ministro portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana. Convengamos en que los socialistas eran partidarios de la ley del Divorcio, pero crece la impresión de que los del PP interpretan esa posibilidad en términos de obligatoriedad. Como decía un amigo periodista la pasada semana en su habitual columna de estas páginas de El Siglo, aquí no quedan más familias cristianas que las de la Comisón Ejecutiva Federal del PSOE.

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