Cuentan que cuando Josep Pla llegó a Nueva York y la vio convertida en un ascua de luz quedó unos instantes extasiado pero enseguida preguntó como buen ampurdanés aquello de ¿quién paga todo esto? Es la misma pregunta que se hacen muchos ciudadanos ante el derroche de los partidos políticos, que multiplican sus sedes y sus equipos remunerados con pobladas secretarías, automóviles de importación, sistemas de comunicaciones y tarjetas de crédito gratis total. El Tribunal de Cuentas en su auditoría sobre los ingresos y gastos de las formaciones políticas correspondiente al ejercicio de 2001 ofrece una primera respuesta en la que deja constancia de una serie de anomalías y reciama que se inicie a la mayor brevedad posible y con el máximo consenso posible la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos.

Sorprende que el Tribunal de Cuentas ofrezca estas conclusiones en pleno mes de octubre de 2003, es decir con diez meses de retraso sobre los plazos habituales para estos casos. ¿Por qué pueden auditarse las cuentas de los bancos y de otras empresas que manejan recursos muy superíores en dos o tres meses y para los partidos políticos se requieren más de diez meses adicionales? Si la lentitud de la justicia se convierte en injusticia, de la ¡entitud de las auditorías se deriva también una anomalía del Tribunal que debería corregirse a la mayor brevedad. Además, la exigencia de emprender la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos llega cuando todos ellos, incluido el que sustenta con su mayoría parlamentaria al Gobierno del PP, han hecho figurar en sus programas para las elecciones generales ese mismo propósito.

Ahí están los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados para verificar cómo en el inicio de cada legislatura se procede a designar una ponencia encargada de elaborar las bases de esa reforma que siempre embarranca sin ofrecer resultado alguno. Parece que hubiera un consenso basado en la perversidad que a todos beneficia de proseguir en la charca del descontroi de[ que todos entenderían sacar algunas ventajillas para ir tirando porque en esta cuestión ni se avanza ni se denuncia y se opta por el desistimiento mientras la financiación de los partidos continúa en la opacidad y desaparece de la agenda de los medios de comunicación.

Sucede que de los 165 millones de euros que manejaron los partidos en ese ejercicio de 2001 casi el 25% procedía de fuentes excluidas de la ley vigente. Además ha aumentado la morosidad en un 20% respecto del ejercicio precedente hasta situarse en 36,9%. La cuota mayor en este capítulo corresponde al PSOE, que acumula casi el 75% pero en ese comportamiento figura acompañado de CiU, ERC, EA, IU, PA y PSC. Es decir, que también hay ejemplos de cumplimiento de las obligaciones con las entidades de crédito que sería el caso de PP, PNV, BNG y PAR entre otros.

Llegados aquí, el informe acusa la deficiente normativa en lo que respecta a las relaciones de los partidos con sus fundaciones y analiza los donativos privados en especial los más numerosos recibidos por PP y PNV. Unos donativos que prefieren quedar bajo el manto del anonimato. Queda por saber si esa condición anónima procede de la máxima evangélica que abomina del exhibicionismo y preconiza aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha o si el anonimato encubre propósitos de tráfico de influencias o de conductas gansteriles a espaldas del público. Continuará.