El Parlamento Europeo aprobó el martes 14 de diciembre por 550 votos a favor y sólo 45 en contra una Resolución que censura el crecimiento urbanístico de los últimos once años en la Comunidad Valenciana. El Grupo Popular Europeo intentó en vano enmendar esa condena que trae causa de la falta de respeto al medio ambiente y de los daños ocasionados a 15.000 ciudadanos propietarios de terrenos. Sucede además que en esa misma fecha la Comisión Europea ha hecho público un dictamen contra la ley urbanística vigente en Valencia porque no respeta las Directivas comunitarias sobre adjudicación de contratos públicos.

La información del caso, examinada de cerca, tiene perfiles sorprendentes que le añaden valor noticioso aunque todo indica que será sepultada enseguida aprovechando el crecido torrente de la actualidad, que es donde mejor se ocultan realidades tan graves como ésta del urbanismo de Valencia. Veamos algunos detalles. El primero es que la resolución citada es la conclusión de un informe elaborado por la diputada del Grupo Liberal Europeo Janelly Fourtou, que recibió ese encargo después de que llegaran al Parlamento Europeo más de 15.000 quejas de propietarios afectados por "expropiaciones leoninas" y cuotas excesivas de urbanización.

Llegados a este punto, estamos en condiciones de maliciarnos que los perjudicados que elevaron sus quejas al Parlamento Europeo debían ser extranjeros porque, de otra manera, habrían puesto su caso en manos de los diputados del Parlamento de Valencia, donde habrían recibido la atención que dichos abusos reclaman. También se deduce con claridad que junto a los perjudicados debe haber unos beneficiados enriquecidos con la práctica de esos abusos. La diferencia entre perjudicados y gananciosos podemos apostar que reside en que los segundos deben ser naturales de esa Comunidad Valenciana donde los desmanes se están cometiendo.

Esa es, sin duda, la razón por la cual los favorecidos en tan desigual negocio han contado para redondearlo a su favor con las instituciones autonómicas, que han dejado en el desamparo a las víctimas extorsionadas por el urbanismo salvaje, por lo que se deduce en su mayoría extranjeras, a quienes sólo ha quedado el último recurso al Parlamento Europeo. Todo lo anterior configura el esquema de una vergüenza para toda España, que debería haber disparado desde hace años las alarmas de los fiscales, de los defensores del Pueblo, de la Consejería de Urbanismo de la Generalidad y de los ministerios de Medio Ambiente y de Fomento.

Mientras tanto, asombra comprobar que una noticia así pueda imprimirse en los diarios de información general sin que ningún responsable político de las instituciones valencianas se sienta emplazado para explicarse y ofrecer las reparaciones debidas a los atracados mediante el truco del urbanismo salvaje. ¿Es que ahora que estábamos tan contentos del ejemplo ofrecido por la reforma del Estatuto de Valencia, donde todo venía acompañado del consenso entre el PP gobernante y el PSVPSOE en la oposición, vamos a terminar por descubrir que el cemento de unión es el abuso sobre terceros? ¿No hay nadie ahí para responder?