Tribuna / Sergio del Campo Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1294. 17  de abril   de 2019

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Tribuna / Sergio del Campo

Registro de jornada o crónica de un caos anunciado

La medida debería haber venido precedida de un trabajo serio de análisis y estudio,  y consulta con los agentes sociales y la Inspección, para proceder posteriormente a proponer una regulación para controlar el fraude sin que eso suponga un lastre a la flexibilidad y la productividad de nuestras empresas y, por lo tanto, también a la creación de empleo

Recuerdo perfectamente que cuando fui nombrado portavoz de Empleo comenté: “Si queremos luchar contra el fraude y meterle una inyección de ingresos a la Seguridad Social, es necesario controlar el tiempo de trabajo en determinados sectores”. Hace unas semanas lo recordábamos con ocasión de la convalidación, por parte del Gobierno, de la obligación del registro de jornada de los trabajadores por parte de las empresas.

Desde mi experiencia como subinspector laboral, la medida debería haber venido precedida de un trabajo serio de análisis y estudio por sectores del fraude en el tiempo de trabajo, de consulta con los agentes sociales y la Inspección, para proceder posteriormente a proponer una regulación de ‘cirujano’ jurídico, de forma que se controle el fraude sin que eso suponga un lastre a la flexibilidad y la productividad de nuestras empresas y, por lo tanto, también a la creación de empleo.

Este lunes entró en vigor la medida. Tras una semana de aplicación, si con alguna palabra se puede definir lo que está ocurriendo, esa palabra es “caos”. Empezando por la falta de información, pasando por las declaraciones de la ministra de Trabajo que parece culpabilizar a las empresas del caos que ella misma ha generado y terminando por el sinsentido de su ámbito de aplicación: no se aplica al empleo del hogar, a los deportistas profesionales o los altos cargos, por poner algunos ejemplos, y, sin embargo, sí es de aplicación al teletrabajo o al trabajo por objetivos, donde no tiene ningún sentido su regulación: ¿por qué?

La cuestión de la obligatoriedad, o no, no ha sido una cuestión pacífica en España. Se produjeron pronunciamientos contradictorios entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo que hicieron reinar la inseguridad jurídica, llegando, incluso y durante un tiempo, a dejar el asunto en manos del criterio del funcionario de la Inspección actuante. De hecho, no ha sido hasta este martes cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que las empresas deberían llevar un registro de jornada para garantizar los derechos de los trabajadores.

Creo que la entidad de la medida merece un debate serio y en eso es precisamente en lo que ha fallado el Gobierno. Sin hablar sobre su extraordinaria y urgente necesidad (todos estamos de acuerdo en que no lo era), la cuestión es que su regulación a través de un decretazo coarta el debate parlamentario y no ha permitido la introducción de enmiendas por parte de los diferentes grupos políticos. Por otro lado, el Gobierno volvió a mentir a los empresarios diciendo que la norma “no afectaría a las cargas administrativas de las empresas” ¡Pues menos mal! Y un error mayúsculo ha sido no haber tenido en cuenta al diálogo social. El Derecho del Trabajo tiene una peculiaridad con respecto a otras ramas y es que lo acordado entre trabajadores y empresarios es fuente del Derecho, así que se debería haber tenido en cuenta su criterio a través de sus representantes legítimos, esto es, sindicatos y patronal. 

El Gobierno sabía perfectamente que el TJUE se iba a pronunciar sobre la cuestión en breve, pero prefirió, en un ejercicio de marketing político y con intenciones electoralistas, aprobar la medida deprisa y corriendo. Consecuencias: no gusta a los sindicatos, tampoco a las patronales y está sembrando el caos en nuestras pymes y autónomos con trabajadores, que, recordemos, generan el 80% de la riqueza y el empleo de nuestro país. Espero, por el bien de todos, que los españoles tengan en cuenta cosas como esta insensatez a la hora de ir a votar el 26 de mayo. En los municipios y las CC AA, Ciudadanos será el salvavidas frente a las políticas fracasadas del PSOE a nivel nacional.

 

 

 

 

Firma:

Diputado de Ciudadanos por Tarragona en la XI y XII Legislaturas. Diplomado en Relaciones Laborales y Licenciado en Ciencias del Trabajo. También es Subinspector Laboral de Empleo y Seguridad Social. Actualmente, es Portavoz en la Comisión de Empleo y Seguridad Social y portavoz adjunto en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

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