Rajoy pide su lugar en la Historia Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1283. 1  de marzo de 2019

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Política / Virginia Miranda

Reivindica su 155 frente a Casado en el juicio del procés

Rajoy pide su lugar en la Historia

No negoció un referéndum, no aceptó mediadores y activó el 155 según el momento y las circunstancias que se vivieron en Cataluña entre los meses de septiembre y octubre de 2017. Las preguntas de la Fiscalía iban dirigidas a sostener la acusación de rebelión. Las de las defensas, a demostrar que no hubo violencia. Pero las respuestas de Mariano Rajoy, testigo en el juicio del procés, tenían más largo alcance. Desalojado del Gobierno por Pedro Sánchez y cuestionado por las estrategias de Pablo Casado y Albert Rivera en Cataluña, el expresidente tuvo recados para todos. Porque él “en ningún caso” admitió hablar sobre la unidad nacional con los independentistas y porque la suspensión de la autonomía ha de buscar la “prudencia” y la “proporcionalidad”, dijo la también testigo y artífice de los términos de aplicación del artículo, Soraya Sáenz de Santamaría, que lanzó reproches a quienes fueron cambiando de criterio y a los que hablan “a toro pasado”.


El expresidente del PP ha aprovechado su presencia en el juicio del procés para defenderse de las críticas implícitas de su sucesor. / EUROPA PRESS

Intervención de Cataluña más rápida, más amplia, sin el PSOE y sin límite temporal. La propuesta de Casado es una enmienda a la totalidad al 155 de Rajoy   El expresidente ha subrayado su respeto a la ley, la Constitución, el Estatut y la soberanía nacional y Santamaría ha apelado a la defensa de la convivencia

El endurecimiento del discurso del PP desde la llegada de Pablo Casado a la presidencia del partido ha tenido particular incidencia en Cataluña y en la aplicación del 155. La suspensión de la autonomía tras la votación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el pleno del Parlament del 27 de octubre de 2017 fue inédita. Como inédita fue la activación del artículo de la Constitución que hizo posible el cese del Govern y la convocatoria de elecciones autonómicas por parte del Gobierno central. La decisión de Mariano Rajoy logró en parte el objetivo mientras los puentes entre Moncloa y el Palau de la Generalitat saltaban por los aires. Y porque rebajó el suflé independentista pero la desconfianza mutua y la crisis territorial permanecen vivas, sobre todo ahora que se avecinan elecciones y la batalla partidista no da tregua, se ha convertido en víctima de un fuego cruzado donde las balas que más duelen son las del propio bando. 

De ser elegido presidente del Gobierno, Casado impulsará el 155 en su primer Consejo de Ministros, espera disponer de mayoría absoluta en el Senado para no requerir el apoyo del PSOE, no se pondrá límites temporales y ampliará su aplicación a la policía autonómica o a la radio y televisión públicas. La propuesta del líder del PP es una enmienda a la totalidad al 155 de Mariano Rajoy. Cada vez que el jefe de las filas conservadoras o alguno de sus portavoces entran en detalles que tan claramente corrigen al expresidente acaban disculpándole para cargar las tintas contra PSOE y Ciudadanos, a los que responsabilizan de una intervención que ahora les parece insuficiente y timorata.

Tras ser desalojado de La Moncloa en una moción de censura que no vio venir y que le impidió acabar de escribir su relato como presidente del Gobierno, Rajoy ejerció de sí mismo; se dio de baja en el Congreso, se despidió de la política y convocó un congreso extraordinario para que militantes y compromisarios, de acuerdo con los nuevos estatutos del partido, eligieran a la persona que debía sucederle al frente del PP.

La disputa estaba entonces entre Soraya Sáenz de Santamaría –su favorita sin nombrarla–, María Dolores de Cospedal y Alberto Núñez Feijóo. De ninguno de ellos esperaba que fueran a enmendarle la plana. Pero apareció Pablo Casado enarbolando los principios y valores que se fueron relajando por “las circunstancias” y “la crisis” y el legado de Rajoy ha encontrado en el nuevo PP excusas y justificaciones, no la reivindicación que todo exlíder espera –y casi nunca encuentra– de su sucesor.


El líder del PP ha asegurado que, si llega a La Moncloa, lo primero que llevará al Consejo de Ministros será el 155. / EUROPA PRESS

El hoy registrador de la propiedad no es persona a quien guste reconvenir, una costumbre extendida entre los expresidentes que él evita desde su despacho de funcionario. Pero le dedicó muchas horas, reuniones y reflexiones al inexplorado 155, el artículo de la Constitución que prevé de forma genérica el “cumplimiento forzoso” de las obligaciones de aquella Comunidad Autónoma que “atente gravemente al interés general de España” y cuyas consecuencias sociales y políticas eran hasta entonces desconocidas.

No ha provocado la ocasión, pero en cuanto ha visto la oportunidad ha salido en defensa propia. Él y Soraya Sáenz de Santamaría, cuya “operación diálogo” es un mal recuerdo para un PP que sólo espera hablar con los independentistas para indicarles la puerta de salida de la Generalitat. También ella dio un paso atrás y se fue al Consejo de Estado después de perder las primarias frente a Casado, pero volcó toda su experiencia política y su preparación como abogada del Estado en el 155 del marianismo y tampoco ha querido permanecer callada.

En legítima defensa

El miércoles arrancaban en el Supremo las declaraciones de los más de 500 testigos del juicio del procés. Para la primera jornada, el presidente del tribunal que enjuicia a los doce líderes independentistas había citado, entre otros, a tres de las personas con más relevancia política en el proceso penal: Cristóbal Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy.

Fiscalía, Abogacía del Estado, acusación popular y defensas trataron de sostener su argumentación relativa a los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia hasta donde Manuel Marchena les dejó. Rajoy y Sáenz de Santamaría también llevaban su propia línea argumental y en sus respuestas colocaron algunos mensajes políticos con más destinatarios que los allí presentes.

“En ningún caso admití una conversación sobre la unidad de España”. El expresidente del Gobierno subrayó en varias ocasiones de manera tajante que, a pesar de sus reuniones con Artur Mas primero y con Carles Puigdemont, después, desde el primer momento dejó claro que no tenía “nada que hablar” sobre el referéndum de independencia.

Más clara fue la referencia a la situación política actual cuando Jordi Pina, abogado de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, insistió en saber si el lehendakari, Íñigo Urkullu, había mediado entre él y el hoy fugado expresidente de la Generalitat. “Aquí no ha habido ningún mediador de nada”. “Mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras”. Su gesto acababa de endurecerse y dejaba pocas dudas sobre su referencia al manido “relator” que Pedro Sánchez habría aceptado para hablar con el independentismo catalán.


Sáenz de Santamaría salió del Supremo tras defender que, siendo vicepresidenta, el Gobierno aplicó el 155 mientras los demás se limitaban a opinar. / EP 

Pasado el nerviosismo inicial, con la precisión de la opositora que fue y que nunca la ha abandonado, Sáenz de Santamaría fue contestando uno a uno a los representantes de la acusación y las defensas. Como quien se ha aprendido hasta la última coma del temario dijo en dos ocasiones –la primera al abogado de Vox, partido que la ha tachado a ella y a Rajoy de ser la “derechita cobarde” por políticas como la de Cataluña– que el Gobierno de Rajoy no decretó el Estado de excepción o sitio “porque supone la suspensión de derechos fundamentales” y consideraron “más oportuno actuar” contra quienes habían incumplido gravemente la Constitución que “perjudicar a los ciudadanos de Cataluña”.

Y tras insistir en reiteradas ocasiones en que “el Gobierno tiene que saber lo que puede y no puede hacer” y “no puede hablar de la soberanía nacional porque no le corresponde” –el argumento se repitió también en las respuestas, por la tarde, de Mariano Rajoy–, la exvicepresidenta fue contestando una a una a las críticas, más o menos veladas, que desde Ciudadanos y también desde el PP, envueltos en la refriega electoral con el foco puesto en Cataluña, han venido haciendo los últimos meses a ‘su’ 155.

Así sostuvo que, en defensa de la soberanía y la unidad nacional, el Gobierno del que formó parte acordó una serie de medidas en aplicación del artículo constitucional con las que perseguía “garantizar el cumplimiento de la ley”, la mayor “prudencia y proporcionalidad en defensa de la convivencia” y “por último, y esto me parece muy importante, mantener el acuerdo político”.

El PP tenía mayoría absoluta en el Senado y, según la Constitución, es lo único que necesitaba el Gobierno para intervenir la autonomía catalana. Sin embargo, el alcance político de una decisión inédita como ésta aconsejó a Rajoy buscar el consenso con otros dos partidos en la Cámara Alta; el PSOE y también Ciudadanos, que pide ahora un 155 indefinido cuando entre los meses de septiembre y octubre de 2017 basculó entre rechazarlo o exigir la previsión de una convocatoria electoral.

Recados para todos

“En aquél momento, algunos decían que el artículo 155 debería haberse aplicado el año 2014” –tras la consulta del 9-N–. “Otros decían” que “no debería aplicarse nunca”. Algunos “fueron evolucionando de opinión en cuanto a cómo debía ser”, si “sólo para convocar elecciones”. “Algunos incluso mantuvieron distintas opiniones al respecto a medida que iba evolucionando el asunto”. Y “no faltó quienes opinaron después”, señalando que “tomar decisiones es mucho más sencillo, como suele decirse, a toro pasado”. En su respuesta –se la brindó la pregunta del abogado de Vox, Javier Ortega Smith– Santamaría no se olvidó de nadie. Por la tarde y a preguntas del fiscal, Rajoy repitió el mismo argumentario.

Por cierto que, sobre aplicar el 155 tras el 1-0 y no tras el 9-N, el expresidente le dijo a la abogada del Estado que hubo “un sinfín de circunstancias” distintas: la consulta de 2014 no era vinculante, no estuvo precedida por las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre, no le sucedió una DUI y, “lo más importante”, la Fiscalía y los tribunales consideraron tras el 9 de noviembre que no era “proporcional” lo que se hizo en 2017. No tenía “absolutamente nada que ver”.

A nivel interno y electoral, Mariano Rajoy sufrió un serio desgaste político a raíz de la celebración de la consulta convocada por Artur Mas con críticas a su presunta debilidad frente al desafío independentista. También aquí el que fuera líder del PP aprovechó para ajustar cuentas con el pasado.

Sin gestos épicos. Sin puesta en escena. Y sin más corte que su antigua número dos. Porque Rajoy siempre será Mariano. Hasta para reclamar su lugar en la Historia.

 

Juramentos comprometedores

Un acusado puede mentir en un juicio en el ejercicio de su derecho de defensa. Un testigo, no. Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro juraron decir la verdad ante la sala que enjuicia la causa del procés. Y, acostumbrados a las licencias de una tribuna parlamentaria o una entrevista política, tuvieron serias dificultades para escapar de las preguntas más incómodas de las defensas; las de la acusación popular –Vox–, que intentó hacer campaña a costa de sus presuntas debilidades, las despacharon sin ninguna dificultad.

El exministro de Hacienda, a quien las dos partes se dirigieron para sostener o rebatir el delito de malversación, se pasó la declaración haciendo equilibrios entre el control “absoluto” de su Ministerio de “todos los gastos y créditos” de la Generalitat y el hecho de que el “análisis contable y presupuestario siempre puede resultar engañoso”. Por eso aseguró a preguntas del fiscal que su departamento cursó siete denuncias, cuatro ante la Fiscalía General del Estado y tres ante el Tribunal de Cuentas, por el uso de fondos públicos.

A exvicepresidenta y expresidente, platos fuertes del día, les tocaba responder a las cuestiones relativas al presunto delito de rebelión, que implica el uso subversivo de la violencia y las penas de cárcel más altas. En respuestas preparadas y en ocasiones imprecisas, Sáenz de Santamaría y Rajoy hablaron de “incidentes violentos”, “aglomeraciones en algunos casos de naturaleza violenta”, “acoso violento”, “decir que no hubo ningún acoso es estar ciego” o se vieron imágenes “ante la consejería de Hacienda” y los “domicilios particulares poco edificantes”.

Más evasivos contestaron a preguntas de las defensas cuando éstas intentaron demostrar que, de haber habido una auténtica situación de excepcionalidad, el Gobierno habría apelado, por ejemplo, a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2015, que concede al alto tribunal la prerrogativa de asegurar el cumplimiento de sus sentencias. “Consideramos oportuno tomar otro tipo de decisiones”, dijo Rajoy. Y ninguno de los dos –tampoco al día siguiente el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido– se responsabilizaron de las cargas policiales del 1-0, que achacaron al “operativo policial” en “ejecución de una decisión judicial”.

La anécdota llegó nada más arrancar la intervención de Rajoy; dejó “perplejo” al abogado Jordi Pina porque acababa de hacer una referencia a un testimonio de la mañana, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe a los testigos que se comuniquen. Acorralado por la insistencia del letrado, el juez Manuel Marchena acabó echando una mano al expresidente mencionando su posible conocimiento de lo ocurrido horas antes en la sala a través de los medios de comunicación. “Lo he leído en los periódicos digitales”, acabó diciendo.