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 Nº 1280. 8 de febrero de 2019

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Política / Virginia Miranda

El partido de Abascal, la criatura bastarda del ‘procés’

Vox acusa

Manos Limpias ejerció la acusación popular contra la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos con espurias intenciones, según la acusación de extorsión de la Fiscalía. Vox tratará de dar el gran salto político a lomos del procés aprovechando unos tiempos y unas circunstancias que le son favorables.  Su secretario general, Javier Ortega Smith, es el abogado de la acusación popular que ejerce su partido en el juicio a los promotores del 1-O que a punto está de arrancar en el Tribunal Supremo. En la Sala Segunda comienza así la campaña de los independentistas a las elecciones de mayo y también del partido de extrema derecha, para el que la crisis en Cataluña es una oportunidad de poner en jaque a la derecha y condicionar los gobiernos autonómicos y locales después de 26 de mayo.


Javier Ortega Smith será la cara de Vox dentro y fuera de un juicio clave para la campaña electoral.  / EUROPA PRESS

La Abogacía del Estado no acusa del delito de rebelión, que lleva aparejada la violencia insurreccional, y Vox sí, marcando de entrada discurso político Rajoy, Santamaría y Montoro, citados como testigos, tendrán que escuchar las preguntas de quien los acusa de dialogar “con golpistas” 

Personados con anterioridad en otros casos con cierta relevancia mediática, Manos Limpias dio el ‘pelotazo’ en el juicio del caso Nóos; la organización se personó como acusación popular y fue la única que sostuvo la petición de cargos contra la infanta Cristina. Antes de que el Tribunal Supremo dictara sentencia sus cabecillas ya fueron detenidos por haber creado una presunta red de extorsión que llegó demasiado lejos –pinchó en hueso con la hija y hermana de reyes–, pero lograron que la mujer de Iñaki Urdangarin fuera condenada a pagar una multa de 136.950 euros como partícipe a título lucrativo en los delitos de malversación y fraude a la Administración cometidos por su marido.

Sin delitos que comparar, existen otras similitudes entre Manos Limpias y Vox. Antes de fundar un partido y tras abandonar el PP de Mariano Rajoy por considerarlo ‘descafeinado’, Santiago Abascal montó una fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), que llevó a los tribunales, entre otros asuntos con relativo eco mediático, la pitada al himno de España en las finales de la Copa del Rey entre el Barça y el Athletic de Bilbao.

El abogado que llevó la acusación fue Javier Ortega Smith, el mismo que ahora defenderá su petición de 74 años de cárcel para Oriol Junqueras y un total de 700 años para todos los líderes del procés ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde está a punto de arrancar el juicio del 1-O; el escrito de acusación de Vox es mucho más duro que el de la Fiscalía, que solicita 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat.

La crisis política y judicial que mantiene en jaque nada menos que al Gobierno de Pedro Sánchez se presenta así como el ‘pelotazo’ de Vox, que se asegura la atención de los más de 600 periodistas acreditados en el mejor momento posible para un partido político como el suyo; el pasado diciembre se estrenaba en el Parlamento andaluz con 12 diputados subidos a lomos del caballo de Troya catalán y el juicio, con un togado en la sala, se presenta como una oportunidad para multiplicar de forma exponencial sus posibilidades electorales durante cien días de campaña eminentemente nacional para las municipales y autonómicas.

El partido de Santiago Abascal lleva personado en la causa desde noviembre de 2017 y, desde entonces, viene generando controversia. En la investigación a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios miembros de la Mesa, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya le impuso una fianza de 20.000 euros para que pudiera ser acusación popular al entender que se trataba de una causa de “trascendencia política” y quien se personaba era un partido.

Ahora, desde las defensas han intentado sin éxito apartar a Vox del caso. En noviembre, el Supremo rechazaba la petición de expulsar de la causa a la formación de extrema derecha porque, si bien no es partidario de “trasladar al proceso penal la contienda política”, la legislación permite a los partidos ejercer como acusación popular, según el auto emitido por la sala que enjuiciará a los líderes del procés acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.


Polo de atracción electoral
La petición era del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encausado junto a Oriol Junqueras, Carme Forcadell y otras nueve personas más. En ella, el líder civil del 1-0 estimaba que Vox estaba aprovechando la causa como “polo de atracción electoral” de cara a los comicios que se avecinan. Y si bien el Supremo recuerda que ya ha advertido de la necesidad reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para excluir a los partidos del ejercicio de la acción popular, el marco jurídico es el que es y recuerda a la formación personada en el juicio que debe actuar “conforme a las exigencias de la buena fe”.

Que el juicio que arranca en los próximos días bajo la presidencia de Manuel Marchena va a servir de altavoz político para Vox es innegable. Un partido que quiere acabar con el Estado de las autonomías no va a tener demasiadas dificultades para ligar su discurso con un proceso independentista. Un discurso duro y diferenciado del que defenderá la Abogacía del Estado, que en noviembre dio un giro estratégico descartando en su escrito de acusación el delito de rebelión, el más grave, para centrarse en los de sedición y malversación, con penas más leves.


Manuel Marchena preside el tribunal que enjuiciará a los líderes el procés y tratará de que no haya una utilización partidista del juicio dentro de la sala. / EUROPA PRESS

El delito de rebelión lleva aparejada la violencia insurreccional que, además de la Abogacía del Estado, muchos penalistas y el famoso tribunal alemán que se negó a entregar a Carles Puigdemont a España no aprecian en los sucesos acaecidos en el marco de la declaración de independencia de Cataluña. Así, las estrategias del representante legal del Ejecutivo y de Vox, que difieren significativamente sobre el grado de violencia empleado, pueden acabar por trasvasar los límites de la confrontación jurídica adentrándose en el terreno político.

La táctica del partido de Abascal corresponde a su secretario general y uno de sus rostros habituales en los medios de comunicación. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica del ICAI-ICADE, Javier Ortega Smith es abogado en ejercicio y fue militar en el cuerpo de élite de operaciones especiales. Le acompañará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pedro Fernández Hernández, abogado, profesor en el Máster de Acceso a la Abogacía en varias universidades y responsable de la vicesecretaría jurídica de Vox, donde coordina al equipo jurídico en el asesoramiento interno del partido y en las acciones judiciales externas como la del juicio del procés.

Ortega ha negado que, por su parte, vaya a haber una utilización política del caso en la sala del Supremo. “Fuera del tribunal se puede hacer política, pero dentro no”, ha declarado a Europa Press reclamando a los acusados, interesados también en que el juicio espolee el voto independentista en las elecciones de mayo, que el tribunal no se convierta en un “teatro de operaciones políticas”.


Ventaja competitiva
Trazar una barrera entre la legislación y la política en un caso como éste va a ser una tarea bien difícil para el tribunal de Marchena, que enjuiciará a exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña por tratar de violentar al Estado mientras una de las acusaciones se presenta a las elecciones proponiendo suspender su autonomía e ilegalizar a los partidos independentistas.

Lo que desde luego excede la competencia del Supremo es lo que ocurra de puertas para afuera, y ahí es donde Vox goza de una posición preeminente. Su abogado en el caso es su secretario general y uno de sus rostros más mediáticos. El mismo rostro que aparecerá en las televisiones que retransmitan en directo, en sesiones de mañana y tarde, un juicio que durará meses, coincidiendo con una campaña electoral donde la formación gozará de una ventaja competitiva frente al PP y Ciudadanos, los dos partidos que tendrán que disputarse el reñido voto de la derecha con un nuevo contrincante en liza.

La inminencia del juicio del procés y su utilización partidista de todo signo en una precampaña local y autonómica de marcado acento catalán han disparado la sobreactuación a propósito del “relator”; después de saberse que un intermediario –como tantos otros a los que han recurrido gobiernos del PP y del PSOE– estará presente en la mesa de partidos catalanes acordada por el Govern de Quim Torra y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal convocaron a los españoles a participar en una concentración este domingo, 10 de febrero, para exigir al “traidor”, “felón”, “mentiroso”, “mediocre” y “okupa” de Sánchez, entre otros duros calificativos que le ha dedicado el líder del PP, que convoque elecciones ya por lo que consideran una rendición del Gobierno español frente a los independentistas.

La estrategia y el discurso de PP, Ciudadanos y Vox de aquí a los comicios –europeos, municipales y autonómicos y, sin duda, las generales cuando se convoquen– apenas va a diferir respecto a Cataluña. Lo que marcará la diferencia electoral será su credibilidad entre los votantes de la derecha y, en este caso, la herencia recibida podría jugarle una mala pasada al líder popular; Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, las tres personas con más responsabilidad política del anterior Gobierno del PP en la crisis catalana que desembocó en el 1-O, han sido citados a declarar como testigos en el juicio y, decidan o no contestar, tendrán que escuchar –ellos y las televisiones en directo– las preguntas de un letrado que lleva tiempo llamándoles “derechita cobarde” por lo que considera una defensa timorata de la unidad de España.

“No se atrevieron, teniendo todo el poder, a combatir la corrupción, porque prefirieron establecer conversaciones y diálogo con los golpistas”. Lo dice Javier Ortega en un vídeo que compartía hace unos días en las redes sociales. Calentando motores. Y esto no ha hecho más que empezar.


El líder del PP no remonta en las encuestas pero confía en mejorar los resultados electorales multiplicando su presencia en campaña. / EUROPA PRESS

El problema de Casado

Pablo Casado no consigue remontar en las encuestas. Caer a la cuarta posición por detrás de Ciudadanos y Unidos Podemos en el CIS, al que el partido no da ninguna credibilidad, es lo de menos; el PP no logra mejorar su expectativa de voto en el resto de sondeos a pesar de haber renovado su liderazgo y de emprender un rearme ideológico con el que intenta reconquistar a los votantes que, desencantados, han probado suerte con Ciudadanos y, más recientemente, con Vox.

La única lectura positiva de las predicciones demoscópicas es que las derechas podrían gobernar sumando fuerzas y, alentado por la experiencia andaluza, Casado lleva dos semanas embarcado en una de sus maratonianas giras por España para sumar adhesiones –protagonizará 52 actos con candidatos y candidatas de aquí a las elecciones– y, al menos, asegurarse una posición hegemónica dentro de su espectro ideológico. La suya y la de sus líderes locales y autonómicos, algunos de ellos obligados por las circunstancias a superar su reticencias a pactar con la formación ultraderechista de Santiago Abascal.

Del cierre de filas se encargará Javier Maroto, elegido director de campaña de los comicios del 26 de mayo tal y como anunció Casado en el Comité Ejecutivo Nacional del pasado lunes. Y hasta el que fuera conocido como el ‘barón rojo’ del PP, José Antonio Monago –él mismo acaba de recordar que gobernó cuatro años gracias a la abstención de IU–, dijo a su llegada a la reunión que habrá que “barajar cartas” con todas las fuerzas políticas.