Opinión Jesús Lizcano Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1280. 8 de febrero de 2019

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Tribuna / Jesús Lizcano

Diez asignaturas pendientes para 2019

Las fuerzas de seguridad tienen una alta preparación y son las más conocedoras del funcionamiento y la forma de atajar la delincuencia por corrupción

 Estamos convencidos de que el año 2019 puede ser un buen año para avanzar en España en lo relativo a transparencia y lucha contra la corrupción, sobre todo si la sociedad y los ciudadanos somos capaces de empujar y convencer a la clase política de la imperiosa necesidad de que se tomen de forma urgente medidas tanto legales como institucionales en estas materias.

Entre las muchas asignaturas pendientes en materias de transparencia y de corrupción, vamos a explicitar las diez que nos parecen más importantes y urgentes:

Fomento de la educación sobre transparencia, valores éticos y prevención de la corrupción. Es muy importante que los partidos políticos y grupos parlamentarios, tanto estatales como autonómicos, adopten medidas legales para que en los distintos niveles educativos se introduzcan conceptos y materias relacionadas con la ética, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. Es también muy importante que los ciudadanos, ya desde niños, tanto en las escuelas como en las familias, sean educados en estos valores, de forma que cuando lleguen a dirigir las instituciones públicas o las empresas privadas, tengan firmemente asumidos y apliquen en la práctica tales principios.

Adopción de nuevas normas legales en materias de transparencia y corrupción. Para mejorar integralmente en estas materias resulta imprescindible que se aprueben nuevas normas legales relacionadas con la transparencia y la corrupción, algunas de ellas pendientes de aprobación desde hace varios años. Por una parte, es urgente la publicación del Reglamento de la Ley de Auditoría, la cual data de diciembre de 2013, y transcurridos cinco años no tiene todavía el imprescindible desarrollo reglamentario. Es asimismo urgente, por otra parte, que se apruebe el proyecto de Ley Integral contra la Corrupción y Protección de Denunciantes, que viene a introducir una serie de cambios en nueve leyes fundamentales, como pueden ser el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Altos cargos, Ley General Tributaria, etc., y cuya tramitación en el Congreso se detuvo hace unos meses.

Desarrollo de un plan integral contra la corrupción. Es muy necesario, y se tendría que haber hecho ya, que el Gobierno, sea cual fuere su signo político, asuma la necesidad de desarrollar e implementar un plan integral contra la corrupción, y ello aparte de las mejoras y desarrollos legales que el poder legislativo pueda realizar. Sería necesario que participasen en este plan integral los muy distintos estamentos directa o indirectamente relacionados con la lucha contra la corrupción, de cara a generar un amplio frente social en esta materia, tales como jueces y fiscales, cuyo papel es fundamental y cada vez son más beligerantes contra la corrupción, las fuerzas de seguridad: al menos la UCO de la Guardia Civil, y la UDEF de la Policía Nacional, que tienen una alta preparación y son los más conocedores del funcionamiento y la forma de atajar la delincuencia por corrupción; los registradores y los notarios, que están asimismo vinculados a los aspectos legales, registrales y operativos en este terreno, lo mismo que la sociedad civil, cuyas organizaciones están/estamos cada vez más comprometidas con la lucha contra la corrupción.

Insuficiencia de recursos y agilización de la Justicia. Es muy urgente afrontar por la clase política y los grupos parlamentarios la inadmisible escasez de recursos humanos y materiales de la Justicia en España, ya que en este país hay aproximadamente la mitad de jueces (once) que la media de la Unión Europea (21 por cada 100.000 habitantes), y algo similar ocurre con los fiscales (doce fiscales en Europa frente a 5 que hay en España), todo lo cual contribuye a una excesiva e inadmisible lentitud de la justicia en este país.

Disminución de la discrecionalidad en la elección de cargos en las instituciones públicas. En España sigue habiendo todavía un muy importante número o proporción de cargos de libre designación por parte de los responsables políticos y cargos públicos en relación con otros países. Además existe una importante discrecionalidad y escasa transparencia en el sistema de libre designación de los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local, que son designados por los propios cargos electos a los que van a controlar, siendo necesario que la elección se base en los principios de publicidad, mérito y capacidad.

Prevalencia de la meritocracia sobre la partitocracia en los organismos del Estado. Sería conveniente que se promoviese la despolitización de los órganos constitucionales y otras muchas instituciones públicas, y disminuir así de forma significativa el muy amplio poder y representación de los partidos políticos en dichas instituciones. En España existente claramente una partitocracia, ya que los p artidos políticos tienen un poder de participación y decisión demasiadoalto en relación con la media existente a nivel internacional.

Compromisos internacionales de España contra la corrupción. Es importante que España cumpla adecuadamente los compromisos que a nivel internacional viene asumiendo contra la corrupción: en primer lugar, los compromisos que firmó en la Cumbre de Londres en mayo de 2016, y que TI-España viene evaluando periódicamente. Por otra parte, España ha de cumplir los compromisos relativos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en especial el principio nº 16 relacionado con la corrupción y la integridad pública. TI-España ha realizado un informe del nivel de cumplimiento actual de estos compromisos, que hemos presentado en la ONU, en Nueva York, el pasado mes de julio.

Mejora de España en los Índices e Informes de Transparencia Internacional. Uno de los índices más importantes y conocidos que publica Transparencia Internacional a nivel mundial es el Índice de Percepción de la Corrupción, índice en el cual España ha venido bajando de forma continuada desde hace bastantes años, dado que en 2004 tenía una valoración de 71 sobre 100, y en el último índice publicado (2017) nuestro país ha pasado a tener una puntuación de 57, y el puesto 42 entre los 180 países evaluados, estando además claramente por debajo de la media si se compara con los 28 países de la Unión Europea.

Mayor transparencia en las instituciones y empresas públicas. Tal como se demuestra en los distintos índices de transparencia que TI-España viene publicando desde el año 2008 (sobre Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Parlamentos, partidos políticos, y federaciones deportivas, entre otras), aunque han venido mejorando sensiblemente en estos últimos años en cuanto a transparencia, todavía les queda un largo camino por recorrer. Por otra parte, las empresas públicas muestran asimismo un nivel de transparencia manifiestamente mejorable, como lo demuestra el Índice de Transparencia de las Empresas Públicas que ha publicado TI-España hace pocos meses, evaluando las 45 grandes empresas públicas estatales y cuya nota media general no llega siquiera al aprobado (45,3 sobre 100).

Firme actitud de los ciudadanos contra la corrupción. Es asimismo muy importante que los ciudadanos españoles vayan aumentando su firme actitud contra la corrupción, y que sean cada vez menos laxos y tolerantes contra esta lacra social. Según el último Barómetro Global de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, casi un 20% de los españoles aceptan la corrupción como algo normal, lo cual da una idea de la peligrosa tolerancia de una parte de los ciudadanos en relación con este preocupante fenómeno.

Son todas las anteriores asignaturas pendientes que esperamos puedan irse afrontando por los legisladores y gobernantes en este año 2019, en aras de mejorar la situación y dar así cumplimiento a la clara voluntad de los ciudadanos en estas materias.

 

Firma:

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Es miembro fundador y exresidente de Transparencia Internacional España. Director de dos revistas: Encuentros Multidisciplinares y Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, y codirector de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad. Entre 1989 y 1991 fue Catedrático en la Universidad de León. Es autor de catorce libros y de más de ciento cincuenta artículos en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Forma parte del Consejo de Redacción o editorial de otras cinco revistas (nacionales y extranjeras). Ha recibido diversos Premios, y ha dirigido y/o participado en numerosos trabajos y proyectos de investigación, siendo miembro de varias Asociaciones académicas nacionales e internacionales.

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