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 Nº 1279. 1 de febrero de 2019

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Política / Manuel Capilla

La vista del ‘procés’, clave para el pulso Junqueras-Puigdemont y el futuro de Sánchez en Moncloa

Juicio supremo

Tras más de un año encarcelado, Oriol Junqueras vuelve a colocarse bajo el foco mediático gracias al juicio del 1-O. El líder de ERC reaparece en un momento clave para decantar el pulso con la Crida de Carles Puigdemont por el control del independentismo. De cómo evolucione el proceso y de que Junqueras consiga hacer valer su discurso posibilista depende en buena medida la aprobación de los Presupuestos y el desenlace de la legislatura. Aunque Junqueras y ERC no van a ser los únicos beneficiados por el comienzo del juicio. Vox, personado como acusación popular, va a tener cancha para hacer propaganda.


La vista del ‘procés’ puede decantar la pelea entre Oriol Junqueras (dcha.) y Carles Puigdemont por la hegemonía del independentismo. / EUROPA PRESS

 

“A Junqueras no se le olvida la fuga de Puigdemont a Bruselas, que él desconocía”  “Las idas y venidas de Aragonès a Madrid han sido varias. Unas públicas, otras no”  “En Moncloa no pierden comba del jeroglífico posconvergente, del que dependen las cuentas” “La vista concluye justo antes de las municipales, donde ERC se juega el ‘sorpasso”

A ERC le hace falta Junqueras. Tanto que ya han recurrido a hologramas, como sucedió en el acto del pasado martes, en el que los republicanos han dado el pistoletazo de salida a la campaña política que, en el fondo, va a suponer el juicio del 1-O para el independentismo. Eso sí, Junqueras ha estado más presente en la política catalana de lo que pudiera parecer. Los desplazamientos para entrevistarse con él de representantes de la vida política, económica y cultural de Cataluña y de toda España han sido constantes. Unos desplazamientos que, por cierto, se han incrementado en los últimos tiempos de forma directamente proporcional a cómo se han reducido los viajes a Waterloo. Nada en ERC se ha movido sin su visto bueno. Pero públicamente sólo ha podido fijar posición a través de algunos artículos y entrevistas, como la concedida a Le Figaro esta semana, que ha supuesto en enésimo choque entre Junqueras y Carles Puigdemont. Ahora, Junqueras va a disponer de un evento televisado  y en directo para volver a estar bajo el foco mediático, que puede retrasarse algunos días si prospera la petición que su abogado había presentado al cierre de esta edición bajo el argumento de preparar mejor su defensa.

A Junqueras no se le olvida la fuga de Puigdemont a Bruselas, de la que él no fue informado y en la que por cierto, acompañaron al expresident algunos consellers de ERC, como Meritxell Serret y Toni Comín –por no hablar de su secretaria general, Marta Rovira, que está en Ginebra-. En Le Figaro, Junqueras tiraba de clásicos para expresar su agravio comparativo con Puigdemont, que está en Waterloo, sí, pero libre. “Yo me quedé en Catalunya por sentido de responsabilidad ante mis ciudadanos. Sócrates, Séneca o Cicerón tuvieron la posibilidad de huir, pero no lo hicieron, esta responsabilidad cívica y ética me impresiona mucho”. Y prosigue: “Nosotros tenemos desgraciadamente la posibilidad de vivir la prisión desde el interior. Que un responsable político conozca la realidad de este otro lado tiene, yo creo, un valor ético”. Una andanada a la que Puigdemont no tardó en responder, señalando crípticamente que “Todos sabemos dónde estábamos y lo que hicimos, yo siempre he dicho que tendré paciencia hasta la sentencia; después, cada uno explicará lo que deba explicar”. Una amenaza en toda regla que habrá que ver si se consuma y que ya no extraña a nadie en el pulso descarnado por la hegemonía independentista.

Le ha tocado a uno de los nuevos líderes de ERC, Roger Torrent, mediar y rebajar el tono, señalando que “la prisión y el exilio son dos caras de la misma moneda. Son situaciones muy graves y difíciles”. Y eso que el presidente del Parlament ha sido la víctima más reciente del pulso Puigdemont-Junqueras, a raíz del recurso que el expresident ha presentado ante el Constitucional y contra la Mesa de la Cámara catalana, que le retiró en su día la capacidad de delegar su voto.

Torrent, junto a Pere Aragonès en el Govern y Joan Tardà en el Congreso de los Diputados, están siendo los responsables de desplegar la estrategia posibilista que ha diseñado Junqueras desde la prisión. Una estrategia explicitada de nuevo en el acto en el que Junqueras participó virtualmente y que, en el estilo vaticano que suele utilizar el líder de ERC -que hace falta repasar un par de veces para percibir los detalles- se resume en dar calabazas a la vía unilateral que proponen Puigdemont y su núcleo duro -así como algunos de los dirigentes del PDeCAT-, y en pedir paciencia a los suyos para poder ensanchar la base del independentismo. Una ampliación que pasa, principalmente, por tender puentes con los Comuns: “No pensamos renunciar a extender la mano hacia esos espacios políticos diversos con los que compartimos altos ideales”.

Eso sí, Junqueras no renuncia al lenguaje que apela a la épica y  que señala un enemigo un tanto abstracto, el Estado. Un Estado que está dispuesto a ir “contra de Catalunya porque es la amenaza más grande que ha existido en contra del poder de la oligarquía española”. Y claro, en Moncloa cunde el nerviosismo porque este lenguaje es difícilmente compatible con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Igual que cuando el vicepresident, Pere Aragonès, que es quien está llevando el peso de los contactos con su homóloga Carmen Calvo, aparece en Telecinco insistiendo en que hay dos condiciones sobre la mesa para que los republicanos apoyen las cuentas: el cese “de la represión” contra el independentismo y la apertura de “una negociación política para que la ciudadanía catalana pueda decidir democráticamente su futuro”.

Las idas y venidas de Aragonès a Madrid han sido varias a lo largo de las últimas semanas. Algunas públicas, otras no. En las reuniones que se han dado a conocer a los medios, en las que también ha participado la consellera de presidencia, Elsa Artadi, se ha cerrado la composición de dos mesas de diálogo político: una con partidos políticos –que la Generalitat quiere ampliar a partidos de ámbito estatal, como Podemos-, y otra en el marco de la comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut. No hay que olvidar que, a pesar de la retórica incendiaria que a veces ha utilizado el proprio president Torra, la Generalitat ha colaborado leal y diligentemente en la reactivación de las comisiones bilaterales, recogidas en el Estatut y completamente congeladas durante la estancia de Mariano Rajoy en la Moncloa. Desde el equipo de Pedro Sánchez destacan la labor en este sentido de Aragonès y, concretamente, de Artadi, de quien habría cabido esperar lo contrario, teniendo en cuenta que, por lo menos en origen, forma parte del núcleo puigdemonista, el más radical de JxCat.


Pere Aragonès se ha estado reuniendo con Carmen Calvo y algún otro miembro del Gobierno fuera de los focos mediáticos. / EP

Los encuentros que no han trascendido han servido para acercar posturas en los Presupuestos, en los que por primera vez la inversión del Estado en Cataluña se acerca casi totalmente a los previsto por el Estatut, que señala que ese nivel de inversión debe ser igual que la aportación catalana al PIB español. Unas reuniones que también le han servido al núcleo duro del Gobierno para interpretar que algo se mueve en el independentismo, de forma inversamente proporcional al auge en las encuestas de la tripleta derechista de Ciudadanos, PP y Vox. Al menos, esa era la percepción hace algunos días, justo después de que los líderes catalanes encarcelados abandonaran la huelga de hambre, tras una carta firmada por los expresidentes de la Generalitat –todos, desde Jordi Pujol a Carles Puigdemont-, y de que los grupos de la moción de censura aprobaran el techo de gasto en el Congreso.

Pero al escuchar declaraciones como las de Aragonès en Telecinco se reaviva el mayor temor del Ejecutivo: que el Congreso rechace la tramitación de las enmiendas, con la victoria de las enmiendas a la totalidad que presentará la oposición. El Gobierno necesita que ERC y PDeCAT no voten a favor de esas enmiendas –y que los diputados uno de esos dos grupos vote en contra- para que no prosperen y la Cámara Baja no devuelva las cuentas al Gobierno sin ni siquiera debatirlas. Será el 13 de febrero cuando se voten esas enmiendas en el pleno del Congreso y se despeje la incógnita. Eso sí, aún en el caso de que las cuentas no se aprueben, la tramitación se alargará varios meses, por lo menos hasta finales de abril. Un calendario que descarta el superdomingo, ya que las elecciones deben convocarse con 54 días naturales de antelación.

En Moncloa son conscientes que ERC y PDeCAT se vigilan de reojo y que ninguno de los dos va a hacer ningún movimiento por el que se les pueda acusar de traidores a la causa independentista. Un escenario al que ha venido añadir aún más tensión y confusión la fundación de la Crida, la plataforma con la que Puigdemont aspira a lanzar una Opa sobre el PDeCAT y todo el espacio posconvergente. Todo está en el aire, hasta la fórmula con la que este espacio político concurrirá a las municipales. Y el mejor ejemplo es Barcelona. Así como Junqueras liderará la lista de ERC en las europeas –a las que concurre junto a EH Bildu y el BNG- Joaquim Forn, otro de los exconsellers procesados, ha anunciado que liderará la lista para la alcaldía de Bercelona, pero sin desvelar si concurrirá bajo el paraguas del PDeCAT, la Crida o JxCat. De momento, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, considera a la Crida una asociación y la organización permite a sus militantes asociarse a ella. Pero el problema es que la Crida, oficialmente, no es una fundación. Está inscrita como un partido político más en el registro de Interior.

En Moncloa tratan de no perder comba del jeroglífico posconvergente porque les va en ello la aprobación de las cuentas y que la legislatura se alargue lo más plácidamente posible. Pero habrá que ver hasta donde alcanza esa fractura en el Congreso de los Diputados, que es lo que más interesa al Gobierno.  El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, está alineado con la dirección capitaneada por Bonvehí y apuesta por sostener al Gobierno. Su número dos y vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, lidera a quienes están en la estrategia del cuánto peor, mejor.  Y que no tienen ninguna intención de tramitar -y ni mucho menos aprobar-, los Presupuestos.

Pero todo esto dependerá en buena medida de cómo se desarrolle y termine el juicio sobre el 1-O. Arranca mal para las expectativas del independentismo, que esperaba que la Fiscalía, con Sánchez en la Moncloa, retirara la acusación de rebelión. Lo único que pueden echarse a la boca es que la Abogacía del Estado sí haya descartado esa acusación, rebajándola a sedición y recortando sensiblemente las penas solicitadas por la Fiscalía. Con la vista concluyendo justo antes de las elecciones municipales, en las que ERC se juega el sorpasso sobre la exconvergencia, los más pesimistas en las filas socialistas ven muy complicado que los Presupuestos terminen saliendo adelante.


Javier Ortega Smith es el secretario general de Vox. / EP

Ortega Smith, estrella invitada

En los círculos políticos y mediáticos madrileños hace algunas semanas que cunde la inquietud ante la posibilidad de que el juicio del 1-O sirva a Vox como catapulta definitiva. Y es que la formación ultraderechista está personada como acusación popular, bajo la batuta de Javier Ortega Smith, número dos del partido y responsable de su equipo jurídico junto a Pedro Fernández. La defensa de Jordi Cuixart ya intentó que el Supremo expulsara al partido de Santiago Abascal como acusación popular, bajo el argumento de que Vox pretende utilizar la vista como “escenario de campaña”. El tribunal desestimó la petición y ahora Vox está ante su gran oportunidad para asaltar definitivamente el escenario político español.

A falta de conocer los detalles de la vista, está previsto que Vox se la primera acusación en interrogar al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuyo testimonio ha sido solicitado por las defensas y la acusación que representa Vox. Pero Ortega no sólo interrogará a Rajoy. Probablemente, las defensas rechazarán responder a las preguntas del número dos de Vox, pero los testigos están obligados a hacerlo. Y entre esos testigos también estarán el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau o el lehendakari Iñigo Urkullu.

Será con estos interrogatorios cuando Ortega tenga la oportunidad de consolidarse como la gran figura de Vox junto a Santiago Abascal. Este abogado, antiguo boina verde, cinturón negó de karate y aficionado a la montaña, adquirió experiencia en derecho penal cuando se hizo cargo de los servicios jurídicos de Denaes, la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Denaes fue la fundación que impulsó Abascal tras haber estado cobrando de la Comunidad gobernada por Esperanza Aguirre y que ha servido de germen de Vox. En Denaes impulsó causas esperpénticas, pero con eco mediático, como las relacionadas con los pitos al himno de España durante las finales de la Copa del Rey que disputaban el Barcelona y el Athletic Club.

Será Ortega el responsable de hacer valer las tesis de Vox, que contemplan penas de cárcel gravísimas para los acusados. Así, además de acusar a los procesados de haber empleado violencia y de haber utilizado a las “masas de ciudadanos contra las distintas instituciones del Estado español”, llegan a pedir 74 años de cárcel para Oriol Junqueras, por los 25 que pide la Fiscalía.

 


Andreu van den Eynde es el abogado Oirol Junqueras y Raül Romeva. / EP

Unas defensas divergentes

A la espera de la puesta en escena definitiva, las defensas de los políticos catalanes han coordinado su posición en buena medida. Todas subrayan la politización de un proceso que está vulnerando las libertades y los derechos humanos de quienes se van a sentar en el banquillo, pero divergen en los sustancial.  Por ejemplo, algunas lo fían todo a un recurso posterior en las instancias europeas y hablan en sus escritos de un “juicio político”. Otras sí consideran posible ganar la batalla del derecho y dedican su esfuerzo desmontar los argumentos que les acusan de rebelión, sedición y malversación.

Las defensas de los Jordis, Cuixart y Sànchez, están dentro de ese primer grupo, invocando a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). También sucede lo mismo en el caso de Junqueras y la mayoría de los consellers procesados, aunque con muchos matices. Sus escritos no contienen las duras críticas contra los poderes del Estado y la absoluta negación de su legitimidad. El penalista Jordi Pina es quien representa a Sànchez y a los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. Mientras, Andreu van den Eynde defiende a Oriol Junquera y Raül Romeva. Van den Eynde es quien ha solicitado –secundado luego por Pina- el retraso del arranque del juicio para poder preparar mejor la defensa.

La posición más llamativa es la del defensor de Joaquim Forn, Javier Melero –abogado también de Artur Mas en la causa del 9-N-. Se ha desmarcado de la posición de sus compañeros en torno a la idea de “juicio político” y ha llegado a destacar en alguna ocasión el “prestigio” del Supremo. Esenccialmente, su escrito se basa en gar cualquier tipo de responsabilidad en lo sucedido el 1-O. Aparte de señalar que Forn fue nombrado conseller de Interior pocos meses antes del referéndum, también destaca , entre otras cosas, que no dio ninguna orden a los Mossos para actuar en un sentido u otro. Este es un hilo argumental que también maneja el escrito presentado por la defensa de Carme Forcadell. Así, la expresidenta del Parlament señala que ella no participó en la convocatoria del 1-O. Y que la declaración de independencia se votó a petición de los grupos.