Opinion Campuzano Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1279. 1 de febrero de 2019

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Tribuna / Carles Campuzano

Por unos nuevos Pactos de Toledo


EUROPA PRESS

La edad real de jubilación continúa estando lejos de la edad legal; toca introducir más incentivos a la prolongación de la vida laboral, desincentivar las jubilaciones anticipadas, otorgando mayor flexibilidad en la compatibilidad entre el cobro de la pensión y  el continuar activo

El Pacto de Toledo encara la recta final de sus trabajos. Parece posible y probable una nueva reedición de los acuerdos políticos que han permitido desde 1995 ampliar la protección social del sistema público de pensiones y garantizar, al mismo tiempo, un crecimiento del gasto en pensiones sostenible en el tiempo. El Pacto de Toledo, auspiciado por iniciativa de Miquel Roca en 1994 (en un contexto de un fuerte enfrentamiento partidista sobre las pensiones y en plena crisis económica), tuvo una vocación reformista y la aspiración de fraguar amplios consensos sociales y políticos. Hoy, más de 20 años después de aquellos acuerdos en la ciudad castellana,  los retos demográficos y económicos a los que debe hacer frente la sociedad aconsejan profundizar en la lógica reformista de aquel pacto de pensiones. Desde el punto de vista demográfico, las reformas introducidas en el año 2011 (ampliación de la edad legal de jubilación y ampliación del periodo de cálculo de la pensión a los últimos 25 años) van a necesitar un nuevo empuje; la voluntad de derogar la reforma unilateral del PP, por injusta, nos obliga a ello, si queremos que la evolución del gasto en pensiones sea equitativo y soportable para las próximas generaciones. La edad real de jubilación continúa estando lejos de la edad legal de jubilación; toca introducir más incentivos a la prolongación de la vida laboral, desincentivar las jubilaciones anticipadas, otorgando mayor flexibilidad en la compatibilidad entre el cobro de la pensión y  el continuar activo,  y actuando de manera más decidida contra la discriminación por razones de edad en el mercado de trabajo. Y será necesario introducir un nuevo factor de sostenibilidad, que tenga en cuenta la evolución a la alza de la esperanza de vida.

Por otro lado, la necesidad de transitar a un modelo de cálculo de la pensión que tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador puede permitir también introducir el principio de elección de los mejores años de su carrera cotización, como elemento de compensación y ponderación del impacto sobre la cuantía de la pensión de ese aumento del periodo de cálculo. Desde el punto de vista del equilibrio financiero del sistema se necesita establecer un mandato claro para poner fin al déficit que el sistema arrastra como consecuencia de la crisis y del aumento del gasto. Si finalmente se ha culminado la asunción desde los Presupuestos Generales del Estado de la financiación de las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, ahora toca que la imposición general asuma los gastos de gestión del sistema, los costes de las prestaciones de maternidad y paternidad, la financiación de las políticas activas de empleo y los déficits de algunos sistemas especiales, como mínimo. Y deberíamos plantearnos la asunción del gasto de las pensiones de viudedad y orfandad también desde la imposición general y no con las cotizaciones a la Seguridad Social, en el contexto de la inevitable reforma de estas prestaciones para adecuarlas a la realidad social. Toca plantearse también si no es necesario reequilibrar el actual reparto de las cotizaciones, tal como plantea la AIReF, con un descenso en la cotización por desempleo y un incremento de la cotización por contingencias comunes, con la aspiración de gastar menos en prestaciones por desempleo y más en pensiones de jubilación.

Finalmente, va a ser necesario darle un sólido empuje a la previsión social complementaria. Las opciones son diversas, pero establecer a través de la negociación colectiva un esquema legal que garantice el derecho de todo trabajador a disfrutar de un complemento de pensión parece absolutamente imprescindible si queremos que la relación entre el último salario y el ingreso del pensionista futuro sea alta para la gran mayoría.

 

Firma:

Actual portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Licenciado en Derecho, trabajó entre 1986 y 1992 en el Departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ha sido secretario general (1989-1994) y presidente (1994-1996) de la Joventut Nacionalista de Catalunya, concejal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (1987-1991), diputado en el Parlament de Catalunya (1992-1995) y diputado en el Congreso desde 1996, además de miembro del Consell Nacional de Convergència Democrática de Catalunya hasta que se refundó en el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat).

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