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 Nº 1275. 4 de enero de 2019

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Política / Manuel Capilla

Cataluña, Presupuestos y sondeos marcarán la fecha electoral

La gran decisión

Abril, mayo u otoño. Esas son las tres opciones que manejan en Moncloa y en Ferraz para celebrar las elecciones generales, que dependerán en buena medida de la evolución de la crisis política catalana. De momento, Sánchez mantiene su intención de prolongar la legislatura, al menos, hasta otoño y les ha prometido a sus barones, según ha podido saber El Siglo, que tratará de evitar el superdomingo electoral en mayo. De prosperar la tramitación de los Presupuestos, el presidente tiene allanado el camino para llegar a otoño. Pero si ERC y PDeCAT dan pie a que el Congreso devuelva las cuentas al Ejecutivo sin ni siquiera tramitarlas, las voces del Gobierno que reclaman acortar la legislatura al máximo tendrán nuevos argumentos. 


El presidente mantiene su intención de alargar la legislatura, al menos, hasta otoño. / EUROPA PRESS

El presidente les ha prometido a sus barones que intentará evitar la celebración del superdomingo electoral en mayo En Moncloa consideran que algo empieza a moverse en el independentismo, de forma inversamente proporcional al auge en las encuestas de Ciudadanos, PP y Vox


Será en febrero cuando Sánchez tome la decisión definitiva sobre una convocatoria electoral cuya fecha sigue dando vueltas en la agenda del presidente. Los Presupuestos llegarán al Congreso a finales de este mes de enero, según los planes con los que Moncloa cerró el año, y será en febrero cuando se voten las enmiendas a la totalidad que presentarán PP y Ciudadanos. Si ERC y PDeCAT no suman fuerzas con el Ejecutivo para rechazarlas, las cuentas se devolverán al Gobierno sin ni siquiera tramitarlas y se consumará una derrota política muy grave para un Ejecutivo que no anda sobrado de solidez. No hay que olvidar que las elecciones generales deben convocarse con 54 días naturales de antelación y que de prosperar las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos daría tiempo a convocarlas en abril, un mes antes de las municipales.

En este escenario, el de la victoria de las enmiendas a la totalidad y la devolución de las cuentas al Gobierno, saldrían reforzados los que piensan, en el seno del Gobierno, que “el relato se ha agotado” y que gobernar vía decretos, con ERC y el PDeCAT poniendo carísimo cada acuerdo y con PP y Ciudadanos pudiendo boicotear cualquier ley desde su mayoría en la Mesa del Congreso, puede tener más costes que beneficios. Según esta interpretación, que el ministro José Luis Ábalos dejó entrever públicamente hace varias semanas, permanecer en la Moncloa durante mucho tiempo sin articular grandes acuerdos parlamentarios, como es el caso de los Presupuestos, puede terminar siendo contraproducente.

Con el paso de los días, esta opción pierde fuelle. Hace algunas semanas, la posibilidad de convocar los comicios en el primer trimestre del año estuvo encima de la mesa y ganó enteros, con la ventaja de explotar el efecto sorpresa y acortarles los plazos al resto de partidos. Tan en serio se lo tomó el principal socio de Sánchez, Pablo Iglesias, que convocó primarias para ratificarle como candidato a la Moncloa. Pero esto fue antes de las elecciones andaluzas del 2-D. Con la irrupción de Vox en el escenario político, y el efecto movilizador que eso puede tener para el votante de izquierdas, junto con la decisión de Sánchez de llevar los Presupuestos a la Cámara para iniciar su tramitación, la posibilidad de convocar las elecciones antes de mayo está, de momento, en el cajón.

De conseguir que no prosperen las enmiendas a la totalidad de las cuentas, el presidente tendrá casi garantizado llegar hasta el próximo otoño. Y es que la tramitación de los Presupuestos se suele alargar, como mínimo, unos tres meses. Es decir, previsiblemente se llegaría hasta el mes de abril, independientemente de que sean aprobadas o no. Para que las enmiendas a la totalidad no prosperen, no hace falta que ERC y PDeCAT voten en contra de ellas. Basta con que lo haga una de ellas y la otra se abstenga.

En su comparecencia del pasado 28 de diciembre el presidente subrayaba que “la vocación del Gobierno es agotar la legislatura”. Así se lo transmitió también el presidente a los secretarios generales autonómicos del PSOE, a los que ha ido recibiendo en Moncloa en las semanas previas al parón navideño. La mayoría, especialmente los que gobiernan, le transmitieron su preocupación por que los comicios coincidan con los municipales, autonómicos y europeos ya previstos para el mes de mayo. Pero incluso algunos de los que no gobiernan no ven con buenos ojos que la situación política catalana, con el auge de las derechas en las encuestas, contamine sus respectivas campañas electorales.

Quienes sostienen que celebrar las generales a la vez que municipales, autonómicas y europeas es una buena opción lo hacen señalando que ese superdomingo va en detrimento de Ciudadanos, la fuerza política que más está creciendo en las encuestas y con la que el PSOE se disputa a los votantes más moderados. Según este punto de vista, la formación de Albert Rivera no dispone de la estructura ni de la implantación territorial suficiente como para abordar cuatro campañas electorales a la vez. Pero para los barones socialistas este argumento no es suficiente, de ahí que el presidente les haya prometido que intentará evitar la celebración de ese superdomingo electoral, según ha podido saber El Siglo de fuentes conocedoras del contenido de esas reuniones en Moncloa.

En las ejecutivas autonómicas del PSOE hay inquietud. Y así se lo transmitieron al presidente. Inquietud por el resurgir de un nacionalismo español a la contra del independentismo catalán en el que se apoya parlamentariamente el Gobierno. Pero inquietud también porque, en su opinión, el optimismo del presidente no parece tener suelo sobre el que sustentarse, a la vista de la división que sigue imperando en el seno del independentismo. Especialmente en un PDeCAT en el que la posibilidad de una escisión sigue estando encima de la mesa.


El grupo del PDeCAT en el Congreso está fracturado entre los moderados, liderados por su portavoz, Carles Campuzano, y los radicales, con Míriam Nogueras a la cabeza. /EP/EP

Si ERC y PDeCAT no facilitan la tramitación de las cuentas, saldrán reforzados los que piensan en el seno del Gobierno que “el relato se ha agotado” De conseguir que no prosperen las enmiendas a la totalidad de las cuentas el próximo mes de febrero, el presidente tendrá casi garantizado llegar hasta otoño

Del clima existente en el PDeCAT da idea lo sucedido estos últimos días, a raíz de que el diputado Ferran Bel –encuadrado en el sector moderado del partido, junto a su presidente, David Bonvehí, y su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano–, se mostrara abierto a no bloquear el inicio de la tramitación de los Presupuestos, para así “dar más tiempo” a una negociación con el fin de alcanzar una “solución política” para Cataluña. Le faltó tiempo a su compañera de bancada en el Congreso, Míriam Nogueras –a la sazón vicepresidenta del partido– para subrayar que no hay debate en el partido, que el 95% del Consell Nacional “votó que se votase no a los Presupuestos. Y a su tramitación también”. Una afirmación aplaudida en las redes sociales por los propios Quim Torra y Carles Puigdemont, que subrayaban que “mientras haya presos y exiliados no hay nada que negociar”.

Pero mientras muchos en el PSOE ven el vaso medio vacío, en Moncloa y en Ferraz insisten en verlo medio lleno. Y cuentan con algunas razones, al margen de las declaraciones de unos y otros. No hay que olvidar que el consejo de ministros de Barcelona, que amenazaba con hacer descarrilar la legislatura, no dio pie a disturbios inmanejables ni tampoco sirvió para escenificar la ruptura total entre el Gobierno y la Generalitat. El consejo se celebró, se aprobaron algunos guiños al independentismo –véase la anulación del juicio de Companys y el bautizo de El Prat como Josep Tarradellas- y tuvo lugar la foto entre Sánchez y Torra. Y lo que es más. Pocos días antes, los grupos que apoyaron la moción de censura, incluidos PDeCAT, ERC y el PNV, volvían a votar juntos para apoyar el techo de gasto acordado por el Gobierno con Bruselas. Cuando el Ejecutivo lo llevó por primera vez al Congreso, el pasado mes de julio, no fue aprobado porque sus socios, incluido Unidos Podemos, se abstuvieron en protesta porque no se hubiera negociado con ellos. Reconocen en Moncloa que, ciertamente, ese visto bueno del Congreso va a tener pocos efectos prácticos. El techo de gasto pasará por el Senado y lo bloqueará la mayoría absoluta del PP, pero en Moncloa valoran muy positivamente que se vuelva a ver la foto de la moción de censura, mostrando que esa mayoría sigue estando activa.

En el núcleo más cercano al presidente consideran que las cosas empiezan a moverse en el ámbito del independentismo, de forma inversamente proporcional al auge en las encuestas de la derecha trina encarnada en Ciudadanos, PP y Vox. Sostienen que la tensión se ha rebajado, que la “vía eslovena” aludida por Torra ha quedado relegada y que hay un cierto clima de predisposición a entenderse, como mostraría también el hecho de que los líderes catalanes encarcelados hayan abandonado la huelga de hambre, tras una carta firmada por los expresidentes de la Generalitat –todos, desde Jordi Pujol a Carles Puigdemont-. La huelga de hambre era algo que inquietaba, y mucho, en el Gobierno y en el PSOE por la repercusión creciente que podía alcanzar en el extranjero. Un problema menos.

El gran temor en el Ejecutivo y el PSOE sigue siendo que el Congreso rechace la tramitación de las cuentas, con la victoria de las enmiendas a la totalidad que presentará la oposición. Y para eso sólo hace falta que los duros del PDeCAT, con Nogueras a la cabeza, consigan llevarse el gato al agua y empujar a los ocho diputados del grupo a vetar la tramitación de las cuentas. Pero todavía está por ver cómo se posicionará un PDeCAT cuyos ocho diputados están divididos al 50%. El riesgo de fractura está muy vivo, aunque los “hiperventilados”, como se les conoce en los círculos moderados, tampoco se sienten lo suficientemente fuertes como para plantear abiertamente la ruptura o intentar torcer el brazo a los más partidarios de la colaboración con el Gobierno.

Será el 26 de enero el congreso constituyente de la Crida Nacional per la República, la plataforma que han puesto en marcha Puigdemont y su núcleo duro desde la que tenían intención de lanzar una Opa sobre el sector moderado del PDeCAT. Pero el proyecto está haciendo aguas. El mismo congreso se ha ido retrasando desde el pasado mes de diciembre y ni siquiera está inscrito en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Cuando la marca se presentó en sociedad el pasado verano, se iniciaron los trámites para ello, pero Interior demandó más documentación y dio un plazo de seis meses para subsanar los errores que detectó. Un plazo que concluyó el pasado 19 de diciembre sin que se aportara esa nueva documentación. Así que, de momento, la Crida está en un limbo legal a pocas semanas de su fundación. Eso sí, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ya ha dejado claro que acudirán a las municipales con la marca de Junts per Catalunya, en ningún caso bajo las siglas de la Crida.

Mientras, ERC mantiene un perfil bajo, aunque sus portavoces siguen dejando caer que no van a dar luz verde a la aprobación y a la tramitación de los Presupuestos sin avances en relación a los presos y a la celebración de un referéndum de autodeterminación. De momento, el liderazgo de Oriol Junqueras sigue cohesionando al partido y marcando una estrategia posibilista y pragmática, lejos de las proclamas incendiarias de Torra, que les está llevando al alza en las encuestas. Pero como sucede desde hace más de un año, ERC y la exconvergencia se vigilan de reojo ante el temor de ser acusados de traidores. Y si el PDeCAT se enroca, en el Gobierno asumen que los republicanos no van a desmarcarse de esa posición y no van a facilitar la tramitación de las cuentas ni, por supuesto, su aprobación. Además, el juicio del 1-O -que arranca este mismo mes de enero y que está previsto que dure, por lo menos, hasta marzo- lo va tensionar todo, dejando el sentir del independentismo en carne viva. Habrá que ver si el optimismo de Moncloa se concreta en hechos a lo largo de las próximas semanas.

Un Falcon de Ryanair

El presidente usó el avión presidencial este verano para viajar a la Comunidad Valenciana. / EP

283 euros. Eso fue lo que costó el desplazamiento de Pedro Sánchez a Castellón el pasado 20 de julio en el Falcon presidencial, según Moncloa. El equipo de Sánchez ha reconocido a los medios que el coste fue superior, pero que no lo puede desvelar porque afecta a la seguridad del presidente, regulada por la Ley de Secretos Oficiales. La cifra de los 283 euros -282,92, para ser exactos- son los contabilizados por el Departamento de Protocolo, según se le ha respondido al asesor del PP valenciano Luis Salom, que solicitó información a través de la Ley de Transparencia.

El viaje a Castellón se ha hecho famoso y seguro que usted, avezado lector, lo recuerda. Tras un breve encuentro con la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, y con el presidente valenciano, Ximo Puig, el presidente asistió esa noche al concierto de los californianos The Killers en el Festival Internacional de Benicassim, acompañado de su mujer, Begoña Gómez. Ese día, además, el Falcon retornó a la base madrileña de Torrejón y volvió a Castellón al día siguiente para buscar a la pareja recién mudada al Palacio de la Moncloa. En su momento, la vicepresidenta Carmen Calvo explicó que el desplazamiento tenía como objetivo entrevistarse con Marco y Puig y que luego Sánchez tenía “agenda cultural por la noche”.

En julio, Sánchez aseguró que se trataba de una “falsa” polémica, fomentada por quienes no han “asumido” que Mariano Rajoy ya no está en la Moncloa y que ahora él lidera un Ejecutivo socialista. El presidente explicó en su día que la manera en la que viaja la decide el departamento de Seguridad de Moncloa, liderado por la comisaria María Marcos, que a su vez depende de la secretaría general pilotada por Félix Bolaños. Y que el departamento de Seguridad recomienda, ya desde 2015, que todos los desplazamientos del presidente del Gobierno se hagan por medios aéreos.
Pero mientras arrecian las críticas de PP y Ciudadanos por la falta de transparencia del Ejecutivo, estos días también se ha conocido el ejemplo del presidente irlandés, Michael Higgins, que se ha desplazado a Gran Canaria para pasar sus vacaciones navideñas y lo ha hecho junto a su esposa en un vuelo regular de Ryanair.

 

La Navidad presidencial, en Lanzarote

El presidente Sánchez he elegido la residencia real de La Mareta, en Lanzarote, para pasar las vacaciones navideñas junto a su esposa, Begoña Gómez, sus dos hijas y su perra, Turca. Se trata de una vivienda que el rey Hussein de Jordania regaló en su día a Don Juan Carlos y que solía ser utilizada por José Luis Rodríguez Zapatero para pasar sus días de asueto. El presidente llegó el pasado 29 de diciembre, para pasar la Nochevieja y el Año Nuevo, y ha estado en las Canarias hasta la víspera de Reyes. Eso sí, no ha trascendido nada de la agenda del presidente en estos días, a diferencia de Zapatero, por ejemplo, que solía entrevistarse con los líderes socialistas canarios durante su estancia en La Mareta. Y a pesar de las guardias que han montado cámaras y reporteros gráficos en los accesos a la residencia, Sánchez se ha preocupado porque fuera imposible captar imágenes de su familia en las pocas salidas que han realizado.