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 Nº 1268. 9 de noviembre de 2018

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Tribuna / Carles Campuzano

El desprestigio de la Justicia


Una sentencia condenatoria, con penas de prisión fuera de lugar, basada en delitos inventados, con un relato mentiroso sobre la existencia de violencia en Catalunya para justificar la causa penal y con una pena anticipada por medio de una prisión provisional, no es justicia sino venganza al servicio de la unidad de España

El desprestigio del Poder Judicial en España está alcanzado cotas inauditas. Si todo el proceso judicial de la causa general contra Catalunya revela la enorme politización de la cúpula judicial, el asunto de la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre quién debe asumir el coste de los impuestos sobre las hipotecas revela la doble vara de mirar del sistema judicial español.

Las razones que han justificado la convocatoria del plenario del Supremo con el objetivo de analizar la sentencia que atribuye el coste de esos impuestos a los bancos se basan en la “enorme repercusión económica y social “ de aquella sentencia. No deja de provocar estupor que en pocas horas el Tribunal Supremo pueda replantearse la doctrina establecida inicialmente. En un generoso e ingenuo ejercicio de presunción de inocencia podría llegarse a entender que los jueces, siendo conscientes de los posibles impactos sobre la estabilidad económica derivada de la afectación a la fortaleza y a la solvencia bancaria de la decisión tomada, decidan volver a analizar la cuestión para intentar minimizar el impacto de aquella sentencia. Ciertamente el ejercicio responsable de juzgar no puede hacerse al margen de las repercusiones en la sociedad. Todo lo contrario. La buena justicia acomoda sus decisiones en el marco de la ley y en consonancia a los valores que facilitan la convivencia y la cohesión, entre otras razones porque la ley y su aplicación no son ajenas a la sociedad, sino que emanan de ella, evolucionando con la propia sociedad. Una aplicación e interpretación de la ley inflexible y que no evoluciona con la sociedad deja de cumplir con su finalidad última. Pero de ahí a cambiar de criterio en pocos días sin ninguna razón que justifique la nueva orientación es un escándalo en cualquier sociedad democrática, más cuando la percepción ciudadana es que la nueva posición del Alto Tribunal tiene relación con presiones del sistema financiero y relaciones personales y profesionales de algunos de los jueces del caso con la banca.

En la causa general contra Catalunya, a raíz de los hechos acontecidos en el otoño del año pasado, las más altas magistraturas han decidido estar al servicio de una determinada idea del Estado y no al servicio de una concepción de la justicia útil y al servicio de la convivencia. Y en defensa de esa idea del Estado parece que hayan decidido que los derechos, libertades y garantías procesales pueden sacrificarse sin importar para nada las repercusiones en la comunidad de sus decisiones. La democracia es la principal víctima de esta manera de hacer justicia. El coste es muy alto e interpela al conjunto de los demócratas de España.

La justicia española no va resolver en ningún caso el pleito catalán, simplemente lo agravará. Una sentencia condenatoria, con penas de prisión fuera de lugar, basada en delitos inventados, con un relato mentiroso sobre la existencia de violencia en Catalunya para justificar la causa penal y con una pena anticipada por medio de una prisión provisional, no es justicia sino venganza al servicio de la unidad de España.

Sabemos que sólo la política podrá resolver el pleito catalán por la vía del diálogo, la voluntad de acordar, sin imposiciones ni impedimentos. Y la justicia que hoy no encontramos en España deberemos buscarla en Estrasburgo. Como sucedió antes con Atutxa y hoy con Otegi.


 

 

 

Firma:

Actual portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Licenciado en Derecho, trabajó entre 1986 y 1992 en el Departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ha sido secretario general (1989-1994) y presidente (1994-1996) de la Joventut Nacionalista de Catalunya, concejal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (1987-1991), diputado en el Parlament de Catalunya (1992-1995) y diputado en el Congreso desde 1996, además de miembro del Consell Nacional de Convergència Democrática de Catalunya hasta que se refundó en el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat).

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