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 Nº 1268. 9 de noviembre de 2018

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Los Dossieres / Pedro Antonio Navarro

El Alto Tribunal se alinea con la banca y provoca la reacción del Gobierno

Hipotecas: Supremo ‘fallo’

Un escándalo sin precedentes sacude al Alto Tribunal que, en una decisión inédita, decidía revocar una sentencia que establecía un cambio de jurisprudencia sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en la contratación de un crédito hipotecario, que había pasado a ser responsabilidad de la entidad financiera, y que ahora ha vuelto a recaer sobre el cliente. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y el de la Sala correspondiente, Luis María Díez-Picazo, forzaban la rectificación de una sentencia que ‘perjudicaba’ al sector financiero, dejando muy tocada la credibilidad de la justicia y dejando herido a un TS que debe afrontar en breve uno de los procesos más trascendentes de la historia de la democracia: el juicio contra los líderes independentistas, por cuya instrucción ya está siendo fuertemente criticado desde hace meses.


El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes pedía disculpas a los ciudadanos por el insólito sainete protagonizado por magistrados del Alto Tribunal. / EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía el pasado 7 de noviembre ante la prensa para plantear una respuesta fulminante a la decisión ‘sorpresiva’ del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de dar ‘marcha atrás’ a la jurisprudencia establecida inicialmente el 16 de octubre, por la que hacía responsables a las entidades financieras del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en la contratación de un crédito hipotecario.
Sánchez anunciaba una modificación, por decreto, de la ley de 1993, para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar dicho impuesto en la firma de una hipoteca. Además, el Gobierno aprobaba la creación de una “autoridad independiente de protección de los clientes financieros”, un órgano para proteger a los ciudadanos de abusos y conflictos del sistema financiero.

No tendrá problemas el Ejecutivo para que el Parlamento apruebe estas medidas. Podemos y Ciudadanos ya han dado muestras de su acuerdo, aunque con matices. La formación morada considera positiva la medida, aunque “insuficiente”. Por eso convocaba movilizaciones frente a la sede del Tribunal Supremo y de otros juzgados en el resto de España y pedía cambios radicales en las leyes para que la banca devuelva lo cobrado indebidamente a sus clientes y para evitar nuevos abusos en el futuro.

Por su parte, el PP exigía la eliminación de ese impuesto, en sintonía con sus propuestas ultraliberales.

Según anunció el presidente del Gobierno, a partir de ahora el impuesto será abonado por la banca al formalizar el crédito hipotecario.

Paralelamente, asociaciones de consumidores, partidos de izquierda y hasta dos asociaciones judiciales –la Francisco Vitoria y Jueces para la Democracia– exigían la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes –que ocupó varias direcciones generales en el Ministerio de Justicia en gobiernos de José María Aznar– y del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, el polémico Luis María Díez-Picazo, también muy cercano al PP.

El origen de este escándalo se remonta a tres semanas atrás. El pasado 16 de octubre saltaba una bomba informativa por una decisión sin precedentes del Tribunal Supremo (TS) que ponía en la ‘picota’ al conjunto de la banca en nuestro país.
El Alto Tribunal cambiaba de criterio respecto a quién debe abonar los impuestos derivados de la constitución de la hipoteca. La misma instancia, que en febrero había eximido a las entidades financieras de este pago, concluía ahora que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo.
En una sentencia de 16 de octubre, la Sala Tercera modificaba su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, establecía que “no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, sino la entidad que presta la suma correspondiente”.

Los magistrados argumentaban “que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca”.
La sentencia anulaba un artículo del reglamento del impuesto que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

Además, el 24 de octubre, la Sección Segunda de la Sala de lo Çontencioso- Administrativo del TS notificaba otras dos sentencias sobre el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados en las que se insistía en la misma conclusión. Las dos resoluciones explican que el fallo se deliberó de forma conjunta con la primera de ellas, dictada el pasado 16, “por lo que procede reiterar lo que ha sido razonado y decidido en ese reciente pronunciamiento”.
El recurrente en los tres casos había sido el mismo, la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, representada por el abogado Ramón Casero.

En las tres resoluciones se insistía en la nulidad del artículo 68 del reglamento del impuesto. La vista oral de los tres recursos de casación tuvo lugar el pasado 25 de septiembre. En una sola vista, se trataron los tres recursos de casación.
La noticia caía como una bomba sobre las entidades financieras y la Bolsa reaccionaba con fuertes caídas de los bancos. La nueva jurisprudencia abría la vía para que los usuarios iniciaran miles de reclamaciones judiciales y, además, reduciría los beneficios de los bancos respecto a los productos hipotecarios.

Luis Díez-Picazo preside la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que ha protagonizado el escándalo. /EP

La existencia de estas dos nuevas sentencias se conocía tras la reunión de urgencia que celebró el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, con los magistrados de la sección y con el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo.

Díez-Picazo, magistrado polémico desde su discutida designación para la presidencia de esta Sala, y hombre cercano al PP,  tras conocer el cambio de doctrina, decidía dejar la sentencia en suspenso y convocar un Pleno de la Sala para el 5 de octubre, provocando un evidente malestar en el seno del tribunal y cierta inseguridad jurídica.

Pese al inicial desmentido del presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, el Pleno forzado por Díez-Picazo parecía convocado con la única intención de frenar el cambio de jurisprudencia y favorecer los intereses de las entidades financieras –como parece haberse demostrado-. En la nota de la convocatoria, el presidente de la Sala explicaba su decisión, dada la “enorme repercusión económica y social” del giro jurisprudencial adoptado, al tiempo que dejaba sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar y convocaba al Pleno de la Sala para decidir “si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

Los magistrados se enfrentaban a tres escenarios posibles. El primero –a priori- y el más probable, según la mayoría de los expertos jurídicos, era que el Pleno de la Sala confirmase la sentencia del 16 de octubre. De haberlo hecho, se hubieran abierto dos vías para reclamar: la administrativa y la civil.

Para la banca habría tenido un impacto importante en su cuenta de resultados, de magnitud variable, dependiendo de la retroactividad de la sentencia. En el caso de que hubieran tenido que abonar el tributo únicamente en los nuevos contratos que se firmasen a partir de ahora, la agencia Moody's calculaba un gasto anual de 640 millones de euros. Si el efecto retroactivo se hubiera limitado a las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años, que es el periodo máximo que fija la ley para reclamar los impuestos no pagados, la banca habría tenido que pagar 2.300 millones más 640 millones anuales para las nuevas hipotecas.

Si la retroactividad hubiera afectado a los contratos suscritos desde hace 15 años, la cantidad a devolver por las entidades financieras habría alcanzado los 16.000 millones, según Moody's, o alrededor de 30.000 millones, según el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.

La segunda posibilidad –la que finalmente se ha concretado, aunque era la menos probable, en principio- era que el Pleno de la Sala rectificase la sentencia. Los expertos consideraban que era harto improbable este escenario, dado que la sentencia del pasado 16 de octubre fue dictada por la sección especialista en materia tributaria, y había sido confirmada por otras dos posteriores, de fechas 22 y 23 de octubre. En las tres se habían dado cinco votos favorables frente a uno que mantenía el criterio jurisprudencial anterior. Cinco de los magistrados sostenían que el sujeto pasivo, que está obligado al pago, es el banco, por ser quien adquiere el derecho real de la hipoteca. Solo un magistrado se inclinaba por que el obligado al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) fuera el consumidor.
Un tercer escenario pasaba por que el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo no hubiera llegado a un acuerdo final por discrepancias jurídicas. Con ello se habría pospuesto la decisión final hasta un momento posterior, ampliando el debate. Algo que estuvo a punto de suceder, pero que el presidente decidió evitar en el último momento, cambiando el criterio de su voto, otorgando una mayoría de 15 frente a 13 a  los partidarios de volver a la jurisprudencia anterior.

Los gastos de una hipoteca

Gestoría. Suele ser casi siempre la que trabaja con el propio banco.
Notario. Antes de llegar al registro, la escritura de la hipoteca, como de la vivienda, se firma ante notario.
Registro de la Propiedad, donde se registra la hipoteca.
El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).     
Tasación de la vivienda. Es un gasto necesario para la concesión del préstamo, aunque la entidad financiera no puede legalmente imponer la tasadora. Los costes varían según la Comunidad Autónoma, el banco en cuestión y el año de constitución de la hipoteca. La media suele ser de unos 3.000 euros en un préstamo hipotecario de 150.000 euros.

Antecedentes contrarios

El último día de febrero de este año, el Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo dictaminaba en sentido contrario al establecido el 16 de octubre por sus compañeros de la Sala de los Contencioso Administrativo. Esto es que el IAJD debería ser asumido por el cliente. Se pronunciaba sobre dos recursos de casación presentados contra dos sentencias de la Audiencia Provincial de Oviedo que condenaban a dos clientes a abonar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) derivado de la hipoteca. Estos reclamaban que dicho impuesto debía abonarlo el banco. El fallo se refería únicamente a este impuesto, no a los demás gastos relacionados con la constitución de la hipoteca.

Con esta decisión –que también mantuvo entonces en vilo a la banca- se evitaba una avalancha de reclamaciones, ya que el IAJD representa casi dos tercios del total de los gastos de constitución de un crédito hipotecario.
El artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establecía que el impuesto lo debe pagar el prestatario. Pero si este gasto está incluido en una cláusula en la que se obliga al cliente a pagar todos los gastos, incluso los que por ley no le corresponden, la cláusula debe ser declarada nula y la entidad financiera deberá asumir el coste total de esta nulidad.

Además, las directivas europeas y las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUP) inciden en que las consecuencias de la nulidad de una cláusula abusiva deben tener carácter disuasorio.

En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo ya dictó una sentencia contra el BBVA y el Banco Popular en la que dejaba claro que toda cláusula que impusiera al cliente el importe total de los costes de una hipoteca era nula, ya que se trata de una serie de gastos que debían ser compartidos. Así dictaba que  “son nulas las cláusulas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco”.

Se establecía que las cláusulas hipotecarias que imponen al consumidor el pago de todos los gastos asociados a la concesión del préstamo son abusivas y, por tanto, nulas, aunque no aclaraba qué gastos debía asumir cada una de las partes.

Desde entonces, se han producido pronunciamientos judiciales en todos los sentidos. Hay jueces que han condenado a los bancos a asumir todos los gastos, mientras que otros han dictaminado que el IAJD debía pagarlo el cliente.

El miedo de la banca


Los bandazos del Supremo han provocado a la banca unas pérdidas en Bolsa de más de 8.000 millones. / EP


Tras conocerse el fallo del pasado 16 de octubre, el valor de las ocho entidades financieras cotizadas perdía más de 8.000 millones de euros en Bolsa. Los inversores tenían en cuenta las estimaciones de los analistas que, en caso de que se aplicase el cambio de jurisprudencia, calculaban los gastos por la devolución a los clientes del importe del IAJD  entre los 1.500 millones y los 3.000 millones de euros si estas devoluciones afectaran a las hipotecas suscritas desde 2014, y de cantidades mucho más elevadas si la retroactividad llegase a los últimos 15 años. 

Las reclamaciones tributarias prescriben tras cuatro años, pero la nulidad de una cláusula no prescribe, por lo que si se declaran nulas las cláusulas de gastos hipotecarios que incluían el tributo, tal y como ha sucedido, queda abierta la posibilidad de reclamación sin fecha tope.

En un principio, las reclamaciones podrían llegar a  las agencias tributarias autonómicas, destinatarias últimas de la recaudación del IAJD, aunque para establecer los criterios de esta reclamación debería pronunciarse previamente la Sala de lo Civil del Supremo. En todo caso, finalmente serían las entidades financieras las ‘paganas’, ya que después, las haciendas regionales podrían reclamar esas cantidades a los bancos, por ser el sujeto pasivo y quedar clara la retroactividad.

Esta misma semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calculaba en 5.000 millones de euros el potencial impacto que la devolución del impuesto de las hipotecas tendría en el supuesto caso de que el Tribunal Supremo hubiera determinado que es el banco y no el cliente el que debe abonar los impuestos de constitución de una hipoteca.

Tenemos el impuesto hipotecario
más caro de Europa


España es el país con el impuesto por la firma de hipotecas más alto de toda Europa, por encima de Francia, Italia o Portugal, donde también existe este tributo y es el cliente el que lo paga. Sin embargo, hay otros países como Alemania, Reino Unido y Holanda en los que ni siquiera existe este gravamen que en España se paga a las comunidades autónomas en función del importe de la hipoteca.

La cantidad depende del importe de la hipoteca y de la comunidad autónoma en que se firma el préstamo. Oscila entre el 0,5 y el 1,5 por ciento de la compraventa. Para una hipoteca de 200.000 euros en Madrid, la cantidad llega a 2.250 euros.

IAJD es un impuesto que cobra la Administración Pública y que actualmente lo recaudan las comunidades autónomas, ya que tienen transferidas las competencias de este tipo de tributos.

Las comunidades que aplican un gravamen del 1,5 por ciento son Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Catalunya, Galicia y Murcia; con el 1,25 figura Castilla-La Mancha, y con el 1,2 por ciento, Asturias, Baleares y Extremadura. Canarias, Cantabria y La Rioja aplican un 1 por ciento, y por debajo de esta tasa, Madrid, con el 0,75 y Ceuta, Melilla, Navarra y el País Vasco, el 0,50 por ciento.

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados tiene un coste medio en España de 2.500 euros.

Además, según un estudio del portal inmobiliario ‘idealista.com’, España es el país que cobra más impuestos por formalizar las hipotecas.

Aunque, como se ha expuesto, no existe un tributo de estas características en Alemania, Reino Unido ni Holanda, sin embargo, en Francia, Italia y Portugal sí hay una figura similar al impuesto de Actos Jurídicos Documentados de España.

En el caso luso se trata del ‘Importo do Selo’, mientras que en el italiano es el ‘Imposta Sostitutiva’ y en Francia la ‘Contribution de Sécurité Immobilière’, que tienen en común con España que se aplican sobre los nuevos préstamos con garantía hipotecaria.

Sin embargo, la carga fiscal es mucho más reducida en estos tres países, ya que en Portugal e Italia, por ejemplo, el impuesto se aplica sobre el importe del préstamo hipotecario, mientras que en Francia se aplica sobre una cantidad equivalente a 1,2 veces el préstamo.

En España se establece sobre la responsabilidad hipotecaria, que suele suponer entre 1,4 y 1,5 veces el préstamo, e incluye el principal del préstamo más los intereses.

Y si el importe del IAJD depende del tipo impositivo de cada comunidad autónoma, en Portugal, en cambio, se paga un 0,6 por ciento de la hipoteca por igual en todo el país; en Italia, un 0,25 –aunque se dispara hasta el 2 por ciento si se trata de segunda residencia-, y en Francia se queda en un muy reducido 0,05 por ciento –apenas 120 euros para una hipoteca de 200.000 euros– y algo más elevada en el caso de Italia, donde alcanza los 500 euros para la misma cantidad registrada del préstamo.

Solo en el caso de Portugal el equivalente al impuesto de AJD le cuesta al hipotecado unos 1.200 euros para esos mismos 200.000 euros, menos de la mitad que en España.

A día de hoy, hay al menos ocho millones de españoles que tienen una hipoteca activa.

En España, el impuesto de las hipotecas está regulado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Dicha norma sujeta a gravamen los actos jurídicos que se documenten de la siguiente forma: los documentos notariales, mercantiles y administrativos.


El precedente de las cláusulas suelo

El Tribunal de Justicia de la UE suprimió los límites a la retroactividad de las cláusulas suelo.


El 9 de mayo del 2013, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo de las hipotecas por considerarlas abusivas. La sentencia obligaba a retirar las condiciones del préstamo hipotecario y de las escrituras de dicho préstamo al menos en unos 400.000 contratos del BBVA,   en unos 90.000 en el caso de Novagalicia Banco, y más de 100.000 en Cajamar.
A raíz de esta declaración de nulidad de las cláusulas suelo del TS, varias sentencias decretaron la retroactividad en la anulación de dichas cláusulas resolviendo los procesos favorablemente para el consumidor que tendría derecho a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades financieras.

Otra sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, de 25 de marzo de 2015, establecía que las entidades financieras debían devolver a sus clientes lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo solo desde mayo de 2013. Según ese fallo, los bancos no tenían que devolver las cuotas anteriores al 9 de mayo de 2013. A pesar de contradecir un artículo del Código Civil (el 1.303) el Supremo elegía poner un límite a la retroactividad.

Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), resolviendo una serie de cuestiones prejudiciales, dictaminaba en sentencia inapelable, el 21 de diciembre de 2016, que no se podrían aplicar límtes a la retroactividad en la reclamación por las cláusulas suelo, en contra de lo dictaminado en su día por el Tribunal Supremo español, por lo que los bancos y cajas de ahorro quedaban obligados a devolver todo el dinero cobrado ilegalmente por este concepto desde la fecha de la firma de la hipoteca. El 15 de febrero de 2017 el TS dictó sentencia en el recurso interpuesto por el BBVA por la devolución de una cláusula suelo y la necesidad de pagar lo anterior al año 2013. El BBVA alegaba que dicho caso era cosa juzgada -a la vista de la anterior sentencia del Supremo de mayo de 2013– pero en esta ocasión, el Supremo fallaba en su contra esgrimiendo el fallo emitido por el TJUE en diciembre de 2016. Desde entonces, las entidades financieras deben de pagar todo lo cobrado de más por estas cláusulas desde el inicio de la firma de la hipoteca y no solo desde 2013.


Según la asociación Adicae, que preside Manuel Pardos, hasta cien entidades bancarias han sufrido reclamaciones por cláusulas suelo.


En España casi todas las entidades bancarias establecieron cláusulas suelo en sus hipotecas. La organización española ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros) ha informado de que se han presentado demandas contra más de 100 entidades bancarias españolas. ADICAE presentó su primera demanda contra 45 entidades financieras y una segunda contra 56 entidades más. Varias organizaciones de consumidores y asociaciones como la propia ADICAE, FACUA (Consumidores en Acción), OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), así como numerosos despachos de abogados han defendido en este tiempo a los afectados a título personal o colectivo.

Cronología de un éxito


El 6 de marzo de 2014 se desbloqueó la denominada macrodemanda de ADICAE por las cláusulas suelo contra 101 entidades financieras. El 7 de abril de 2016 el juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madríd anuló, por falta de transparencia, las cláusulas suelo abusivas de los contratos hipotecarios de la mayoría de los 15.000 afectados de esta macrodemanda interpuesta contra 101 entidades financieras. El 28 de diciembre de 2016, después de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, una sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Valladolid obligó al Banco Popular a devolver toda la cantidad íntegra del dinero cobrada de más a causa de las cláusulas suelo y además condenaba en costas a la entidad bancaria.

Ante el cariz judicial que tomaban los acontecimientos, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobaba en Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, pactado con PSOE y Ciudadanos, con la objeto de establecer “un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito”.

Según el decreto los bancos tendrían tres meses para llegar a un acuerdo con los afectados y resolver así las reclamaciones. Si el afectado estaba de acuerdo, el banco realizaría la devolución del efectivo en un plazo máximo de tres meses -u otro acuerdo con el hipotecado relativo a las condiciones de la hipoteca- pero si el no estaba de acuerdo podía acudir a la vía judicial.  

Las asociaciones de consumidores criticaron el decreto ya que lo consideraron un trato de favor a la banca, creando un sistema extrajudicial de devolución favorable a los intereses de las entidades bancarias, ya que exoneraba a los bancos del pago de las costas. También se permitía a los bancos pactar medidas compensatorias alternativas al pago en efectivo y, además, no reconocía la nulidad de todas las cláusulas, ya que se seguía reconociendo que podía haber cláusulas suelo legales cuando la sentencia europea es clara y rotunda: todas son ilegales.

Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto, Bankia y BMN –ambas, momentáneamente ‘nacionalizadas’- pusieron en marcha un proceso exprés para devolver todas las cláusulas suelo que afectaría, en el caso de Bankia a unos 60.000 clientes.

El Decreto no obligaba tampoco a los bancos a comunicar a los firmantes de hipoteca la existencia de cláusulas suelo por lo que muchos afectados no conocen la existencia de dichas cláusulas.

Y tocó pagar

El Banco de España ha estimado el impacto para la banca de las claúsulas suelo en 4.000 millones de euros. / EP

A finales de 2017, el importe de las reclamaciones admitidas por la banca ascendía a 1.975,17 millones de euros, según informaba la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación del Cumplimiento del Decreto de Cláusulas Suelo.
Las entidades financieras habían estimado hasta finales de septiembre del año pasado 453.622 reclamaciones de los consumidores por cláusulas suelo abusivas de préstamos hipotecarios, el 45 por ciento de las presentadas, dentro del procedimiento extrajudicial establecido por el Gobierno.

De las peticiones de clientes aceptadas por los bancos, se resolvieron con acuerdo entre las partes 395.135, por un importe total de 1.749,9 millones de euros. En 350.404 casos se realizó la devolución del dinero en efectivo al cliente, por una suma de casi 1.500 millones (concretamente, 1.497,7 millones); 33.329 se saldaron con medidas compensatorias distintas, por valor de 181,3 millones, mientras que en 11.402 reclamaciones se optó por una solución mixta (70,8 millones).
Los procedimientos estimados, pero que se habían resuelto sin acuerdo entre las partes ascendieron a 7.670 (40,7 millones).

En total, los consumidores presentaron hasta el 30 de septiembre del año pasado 1.052.789 reclamaciones, de las que 343.043 no se admitieron por las entidades financieras, 11.373 decayeron por desistimiento del cliente y 39.755 estaban aún pendientes de analizar.

La banca había desestimado 204.996 por entender que “la reclamación de su cliente se ajusta a los requisitos de transparencia” en la cláusula suelo –contraviniendo la jurisprudencia de la UE, que establece que todas ellas son ilegales-. Estas últimas 204.0000 y las otras 153.000 inadmitidas son susceptibles de llegar a los tribunales.

A finales de marzo de este año, las entidades financieras habían recibido 1.136.623 solicitudes de anulación y reembolso del dinero. De esas peticiones, la banca había estimado 502.564, devolviendo a los clientes un total de 2.226 millones de euros. De las 1,136 millones de reclamaciones, casi 223.000 eran desestimadas por las entidades financieras al entender que la cláusula era perfectamente legal. Esto supone que la banca ha rechazado casi el 20 por ciento de las reclamaciones.

Los bancos que incluyeron cláusulas suelo en sus hipotecas devolverán finalmente unos 3.700 millones de euros a los afectados. De esta cantidad, 1.600 millones corresponden a la eliminación de estas cláusulas abusivas a partir del 9 de mayo del 2013 decretada por el Tribunal Supremo en aquella fecha. Los restantes 2.100 millones se deben a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016, que obligaba a la banca a reintegrar todo lo cobrado de más desde la firma del préstamo y no desde la fecha decretada por el alto tribunal español.

El Banco de España calculó en un primer momento que la eliminación de todas las cláusulas suelo tendría un impacto de entre 5.000 y 7.500 millones, si bien luego rebajó esta estimación a algo más de 4.000 millones.  

Solo las ‘nacionalizadas’ Bankia y BMN se comprometían a devolver todo lo cobrado de más a sus clientes a través del procedimiento extrajudicial creado por el Gobierno.  Otras entidades aún siguen defendiendo que sus cláusulas eran transparentes y legales, tratando  caso por caso para reintegrar el dinero solo cuando lo consideren justificado.

Así, casi todos bancos estiman que devolverán en la práctica una cantidad inferior al impacto máximo de eliminar todas las cláusulas suelo. Es el caso, por ejemplo, de CaixaBank (625 millones frente a un máximo de 1.250 millones), BBVA (577 millones frente a 1.200 millones), Popular (579 millones frente a 640 millones) y Sabadell (410 millones frente a 490 millones).

 

 

 

 

 

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