Las urnas llegan a Andalucía y se acercan a Cataluña Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1264. 12  de octubre de 2018

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Política / Virginia Miranda

La inestabilidad política da el pistoletazo de salida a una macrocampaña electoral

Las urnas llegan a Andalucía y rondan Cataluña

Susana Díaz ha convocado elecciones porque Andalucía necesita “estabilidad”. Y el bloque independentista acaba de oficiar su divorcio en el Parlament replanteando el adelanto de unas catalanas donde Quim Torra esperaba rentabilizar el juicio al procés. Con ambos procesos se daba esta semana el pistoletazo de salida a un ciclo electoral repleto de citas anunciadas y otras por llegar; hay que sumar las europeas, municipales y autonómicas de la primavera de 2019 y unas generales que no dejan de tomar forma. Porque los aspirantes a la Junta tienen el doble reto de marcar el camino de los líderes nacionales y porque éstos manejan sus estrategias en Cataluña con la vista puesta en el resto de España.

    Susana Díaz no quiere perder su ventaja en las encuestas y Quim Torra no quiere dejar pasar la que confía en obtener con el juicio al procés. / EUROPA PRESS

Díaz no quiere acabar acusando el desgaste del Gobierno mientras PP y Cs esperan ganar la primera batalla de la derecha tras los cambios en Moncloa y Génova   A partir del 27 de octubre, cuando se cumple un año de la última convocatoria electoral en Cataluña, Torra podría llamar a las urnas si crece la inestabilidad

Desde que Ciudadanos anunciara el pasado mes de septiembre que daba por roto el pacto de investidura firmado en 2015 con Susana Díaz aduciendo una falta de voluntad del PSOE para cumplir lo acordado, el adelanto de las andaluzas estaba encima de la mesa y la maquinaria electoral de los cuatro grandes partidos, lista y engrasada.

El anuncio llegaba este pasado martes, sin sorpresas y según las previsiones; el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía ha entrado en su recta final, pero la sentencia se conocerá bien entrado el año 2019 y una eventual proximidad entre el veredicto y los comicios –la legislatura se agotaba en marzo– habría supuesto un riesgo para los socialistas.

Además, la presidenta de la Junta quiere aprovechar la inercia de unas encuestas favorables y de un Gobierno socialista en La Moncloa antes de acusar el desgaste exprés provocado por la inestabilidad parlamentaria, la tensión en Cataluña y una beligerante oposición.

Ahora, con fecha de 2 de diciembre, las elecciones andaluzas sortearán la sentencia, pero no un caso al que la oposición va a tratar de sacar el mayor provecho político en este ciclo electoral que ahora comienza.

Porque, ante una situación de inestabilidad parlamentaria tan dependiente de todo cuanto acontece en Cataluña, el propio Pedro Sánchez ha condicionado la duración de la legislatura a las decisiones emanadas de la Plaza de Sant Jaume y Waterloo. Y, después de que el independentismo oficializara su divorcio esta semana en el Parlament, casi todos los comicios posibles –salvo vascos y gallegos– o están o se les espera, lo que aboca a una inevitable convergencia entre todos ellos.

El ensayo general de las andaluzas

El reto de Susana Díaz es que los socialistas, tras casi cuatro decenios de poder ininterrumpido, sigan gobernando en el que es su mayor feudo electoral, una posibilidad cierta a la luz de las encuestas pero que dependerá de las alianzas poselectorales.

La baronesa autonómica se afana en dar las últimas puntadas a la unidad de un partido dividido y donde ella se llevó la peor parte desde que hace año y medio perdiera frente a Pedro Sánchez en las primarias a la secretaría general. Sigue sin comulgar con la estrategia del presidente por ejemplo respecto a Cataluña, pero uno y otro se necesitan en sus respectivas andaduras electorales y Díaz se ha apresurado a decir que el líder del PSOE ha estado puntualmente informado del adelanto electoral y le dará el mayor espacio en campaña a pesar de que la casualidad ha hecho que causas de fuerza mayor –la cumbre iberoamericana y el G-20– vayan a impedir que participe en los actos de arranque y cierre de campaña.

El PP se enfrenta a dos desafíos;  intentar sacar a los socialistas del Palacio de San Telmo y evitar el sorpasso de Ciudadanos. Doble empeño para el candidato Juan Manuel Moreno y para Pablo Casado, que en siete semanas se enfrenta a sus primeras elecciones como presidente de los populares y podrá medir sus fuerzas con Sánchez y Albert Rivera en una suerte de ensayo general de las elecciones que convoque el presidente del Gobierno en una fecha incierta.

Sin el favor de las encuestas para lo uno ni para lo otro, la estrategia de la formación conservadora pasa por enfangar a Susana Díaz en casos de corrupción que han salpicado a su partido. Moreno Bonilla ha saludado el anuncio de la presidenta denunciando ante un local de alterne que, según la investigación de la Guardia Civil recogida en un atestado de la UCO, directivos de la Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo (Faffe) se gastaron entre 2004 y 2010 un total de 31.969 euros en prostitución, además de otros casi 50.000 euros en peajes, hoteles o restaurantes.


El futuro político de Sánchez y Casado también pasa por Andalucía y Cataluña. / EUROPA PRESS

Además y gracias a su mayoría absoluta en el Senado, la formación conservadora va a mantener vivo el caso ERE en la campaña electoral a través de la comisión de investigación de la financiación de partidos políticos de la que sólo forma parte el PP. Según declaraba su presidente, el popular Luis Aznar, tres días antes de una convocatoria electoral no anunciada pero sí prevista, “en lo que queda de año nos centraremos en el PSOE de Andalucía”. Así, serán llamados a declarar el 31 de octubre los imputados Francisco Javier Guerrero y Gaspar Zarrías, sin fecha aún por confirmar Manuel Chaves y José Antonio Griñán y también la propia Susana Díaz.

Volver a darle la llave del Gobierno al PSOE-A o ayudar al PP a sacarlo de la Junta después de 40 años de dominio socialista. Esta es la tesitura que plantean los populares a Ciudadanos. Pero Juan Marín, su líder en la región, no quiere entrar en ese juego porque la batalla que están librando es otra y de más largo alcance.

Los de Rivera gozaban de gran notoriedad en las encuestas hasta que la moción de censura, primero, y la renovación al frente de Génova, después, les descabalgaron de los primeros puestos de la agenda política. Pero en Andalucía aún mantienen el pulso a los populares hasta el punto de aventajarles en algunos sondeos y el adelanto de estos comicios deja menos margen a Casado para tratar de revertir la tendencia naranja.

Si Cs logra, como pretende, superar al PP en número de escaños, habría sumado una segunda victoria en la batalla por el centro derecha tras ser el partido más votado en las últimas elecciones catalanas a costa, fundamentalmente, de los populares. Y apuntarse un tanto como ese sería, para Rivera, una bomba de oxígeno ante el cacareado ‘efecto Casado’.

Juan Marín no quiere concurrir a las andaluzas como la muleta de nadie y Teresa Rodríguez, tampoco. La líder de Podemos en Andalucía, que por primera vez se presenta junto a Izquierda Unida bajo el nombre de Adelante Andalucía, es la candidata con menos cuentas que rendir en Madrid.

La cara más visible de la corriente Anticapitalistas, que mantiene públicas diferencias con la dirección de Podemos –acaba de verse en Madrid con la dimisión de su portavoz en la Asamblea regional, Lorena Ruiz-Huerta–, ha mantenido una tensa relación con Susana Díaz a lo largo de toda la legislatura y su estrategia no pasa en ningún caso por llegar a pactos de investidura ni de gobierno con la socialista, o con lo que Rodríguez llama el susanismo.

Aunque vaya a participar en la campaña de unas elecciones que, ya ha dicho su candidata, será en “clave andaluza”, la influencia de Pablo Iglesias es bastante limitada y también el efecto que los resultados puedan tener en Podemos, más preocupado por la batalla de Madrid donde sí existen posibilidades de un Gobierno de coalición entre el socialista Ángel Gabilondo y el ‘morado’, Íñigo Errejón.

El enredo catalán

La política catalana vive a un ritmo vertiginoso y lo mismo el president le da un ultimátum al Gobierno para negociar un referéndum en un mes que el Govern se ve en apuros siquiera para mantener la estabilidad parlamentaria.

Es precisamente la veleidad de Quim Torra, la apuesta por el “cuanto peor, mejor” de Carles Puigdemot ejecutada por sus fieles en Cataluña, la que ha acabado por colmar la paciencia de la pragmática Esquerra, la que hace un año descartó la convocatoria de elecciones en favor de la DUI y ahora defiende el pacto con el Estado.

Este pasado martes el independentismo se resquebrajaba en dos y, con los votos de ERC y el PSC, la Mesa del Parlament dejaba sin efectos jurídicos los escritos presentados por Junts per Catalunya (JxCAT) sobre la delegación de voto de sus cuatro diputados suspendidos –Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull– por el Tribunal Supremo que, en un comunicado conjunto, se negaban a ser sustituidos aunque eso suponga que sus votos no sean contabilizados.

El independentismo no sólo dejaba patente su división ante la estrategia a seguir con el Ejecutivo central en la Mesa de la Cámara catalana. También mostraba su debilidad parlamentaria. Con los cuatro votos de los diputados encausados y el de Toni Comín (ERC) –pendiente del recorrido judicial de su causa en Bélgica–, sumaba una mayoría de 70 escaños con los 34 de JxCat, 32 de ERC y 4 de la CUP. Ahora, con 65 diputados, se quedan a tres de la mayoría absoluta de 68.

Eso significa que los bloques independentista y no independentista –Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y PP– tienen 65 escaños cada uno y cualquier iniciativa parlamentaria acaba decayendo cuando el empate se repite en una tercera ronda de votaciones. Así ocurría el mismo martes con las propuestas del primero de ellos a propósito de la autodeterminación de Cataluña, de la reprobación del Rey y de la constatación de la que denominaron “persecución política” y “existencia de presos políticos y exiliados”.

Sin calado político, el resultado de la votación representa sin embargo un duro golpe para el Gobierno de la Generalitat, que estrena una debilidad parlamentaria difícil de compatibilizar con sus planes para convocar elecciones después de la sentencia del juicio del procés que, según las previsiones, arrancará en enero en el Supremo y terminará antes del verano con la publicación del fallo sobre los exconsellers y los Jordis

Si JxCat y ERC no arreglan sus diferencias y en Comú Podem no acude al rescate –otra posibilidad que permitiría desatascar el legislativo para no comprometer al ejecutivo como ocurrió el jueves tras la aprobación en el Parlament de la reprobación del Rey y la abolición de la monarquía esta vez a iniciativa de los Comunes–, Quim Torra lo va a tener muy difícil para que la inestabilidad no comprometa sus expectativas y el juicio llegue a tiempo de estimular las emociones del electorado. De momento y a pesar del enfrentamiento, desde ambos partidos tratan de desvincular la acción de Gobierno del Parlament. Pero en Barcelona y en Madrid están pendientes de lo que suceda a partir del 27 de octubre, cuando se cumple un año desde la última convocatoria y el president tiene las manos libres para llamar de nuevo a las urnas a los catalanes.

Desde el pleno del Congreso Pablo Casado ha instado a Ciudadanos a presentar una moción de censura contra Torra, pero desde la formación naranja ha declinado la invitación porque no salen los números y porque no quiere unir al independentismo ahora que su división aventura un posible cambio de escenario.

Mientras, Pedro Sánchez aguanta los golpes que le lanzan desde PP y Cs, que acusan al presidente del Gobierno de inacción ante las amenazas del Govern porque necesita de los votos independentistas en el Congreso para sacar adelante unos presupuestos que ahuyenten el fantasma del adelanto de las generales. De nuevo, las previsiones de unos comicios llevan a otras en un ciclo electoral abierto, imprevisible e interconectado.