Las trincheras del PP Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1262. 1  de octubre de 2018

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Política / Virginia Miranda

Retrasan los Presupuestos, reprueban ministros, desgastan al presidente…

Las trincheras del PP

El PP libra lucha encarnizada contra Pedro Sánchez, a quien los conservadores están haciendo pagar cara la moción de censura que hace cuatro meses los desalojó del poder. Sin poder ejecutivo, están aprovechando las herramientas legislativas a su alcance con un enorme efecto estratégico: su peso en la Mesa del Congreso, con el que esperan llegar a las elecciones de 2019 sin unos nuevos Presupuestos, y su mayoría absoluta en el Senado, que les permite bloquear reformas constitucionales, forzar comparecencias o reprobar a los representantes de un Ejecutivo asediado por una prensa feroz y una oposición implacable dispuesta a derribar al presidente socialista.

Pío García Escudero y Ana Pastor presiden Cámaras desde donde el Partido Popular está lanzando su asedio político contra el Gobierno socialista. / EUROPA PRESS

La Junta de Portavoces y la Mesa del Senado fijan el martes la fecha para que Sánchez hable de su tesis   La intención del PP es que la reforma de la Ley de Estabilidad no llegue antes de las elecciones de 2019

No tienen mayoría suficiente en el Congreso y el Senado ha sido hasta ahora una Cámara en desuso sin la misma representatividad ni capacidad legislativa. Sin embargo, el PP ha sabido hacer de la necesidad virtud y está explorando los recursos parlamentarios de los que disponen con resultados, hasta ahora, sa­tisfactorios para los conservadores; esta semana ha anotado en su marcador como principal partido de la oposición el bloqueo a unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la reprobación de una ministra.

La insólita presidencia de Pedro Sánchez, que hace ahora cuatro meses fue investido presidente tras una moción de censura contra Mariano Rajoy, ha provocado una situación igualmente insólita en la Cámara baja, con un Ejecutivo socialista capaz de alcanzar mayorías y un PP en la oposición que sin embargo conserva, con la suma de Ciudadanos, la mayoría en la Mesa del Congreso bajo la presidencia de Ana Pastor.

Tras provocar en sus inicios el recelo del resto de grupos por las concesiones a su amigo y entonces líder Mariano Rajoy, entre otras cosas por la laxitud con la que manejó los tiempos para que pudiera recabar los apoyos necesarios a su investidura en 2016, Pastor se ha ganado el respeto de partidos situados en las antípodas políticas porque desde entonces ha hecho prevalecer su papel institucional como tercera autoridad del Estado por encima de las siglas de su partido. Así fue cuando, a principios de septiembre, invitó por iniciativa propia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a defender sus posiciones en el Congreso dentro de un “diálogo constructivo”.

Ahora, sin embargo, en el palacio de la carrera de San Jerónimo consideran que ha asumido el endurecimiento de la política de oposición desplegada por Pablo Casado, alentada entre otras cosas por el acoso de la derecha mediática al Ejecutivo socialista [ver número de la semana pasada: Vuelven las trincheras de prensa], y ha frenado una argucia parlamentaria del Gobierno de la que el PP se ha valido en anteriores ocasiones.

La Mesa del Congreso bloqueaba el pasado lunes la enmienda presentada por el grupo socialista con el visto bueno de la mesa de la Comisión de Justicia –formada por PSOE y ERC– para sortear el veto del Senado a la senda de déficit del Ejecutivo aprovechando la tramitación de una ley sobre violencia de género con intención de reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esto es, la que le habría permitido sacar adelante unos presupuestos dotados con 6.000 millones más de los que dejó en herencia Mariano Rajoy.


El presidente asiste al bloqueo del techo de gasto. / MONCLOA. FERNANDO CALVO

“Lo que tratamos es de cumplir con la legalidad”, se defendía Pastor tras dos horas de tensa reunión con los representantes de PSOE y Unidos Podemos. Un día después y por recomendación de los letrados, la presidenta de la Comisión de Justicia, la socialista Isabel Rodríguez, acataba la decisión de la Mesa del Congreso aunque calificaba de “inédito y cuestionable desde el punto de vista democrático” que su presidenta hubiese actuado como juez y parte.

Así las cosas, a Pedro Sánchez sólo le queda seguir los trámites ordinarios para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ya intentó sacarla adelante por vía urgente a principios del mes pasado, pero también entonces la mayoría de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, en su primera reunión tras las vacaciones, recha­zó la proposición de ley con tramitación directa y en lectura única, provocando una controversia competencial porque, alegaban los socialistas, se saltaron el reglamento del Congreso que obliga a someter la decisión a la Junta de Portavoces y al Pleno, donde el PSOE suma mayorías de consenso.

Este placaje parlamentario se traducirá en que, según los cálculos que manejan los populares, la reforma de la Ley de Estabilidad no podrá permitir la tramitación de unos nuevos PGE antes de las elecciones europeas, municipales y autonómicas de 2019 y los socialistas no dispondrán para entonces de unas cuentas más holgadas con las que sacar adelante las políticas sociales, viéndose obli­gados a pasar estrecheces otras partidas presupuestarias. Con esta jugada, los conservadores buscan poner en apuros a Sánchez y debilitarle ante su primera cita con las urnas como presidente del Gobierno, la primera también para Pablo Casado al frente de un PP armado hasta los dientes y atrincherado en territorios hasta ahora inexplorados.

El poder del Senado.

La mejor herencia que Rajoy le dejó a su partido data de 2012 cuando, con mayoría absoluta en Congreso y Senado, modificó la Ley de Estabilidad para que los objetivos de déficit y de deuda contasen con el respaldo en ambas Cámaras. De esta forma, los populares se asegurarían tener la última palabra sobre Presupuestos prácticamente de forma garantizada.

Mientras la ley D'Hondt que rige la composición del Congreso es de carácter proporcional, en el Senado se aplica un método que premia a las mayorías provinciales concediéndole un 75 por ciento de la representación –tres senadores y el cuarto para la segunda fuerza más votada–, lo que ha beneficiado al PP durante más de 25 años.

Sin embargo ha sido ahora cuando los conservadores han encontrado la manera de explotar las posibilidades que les ofrece la Cámara Alta presidida también por el popular Pío García-Escudero, que estos días se ha destacado como uno de los más firmes defensores de la capacidad del Senado de vetar el techo de gasto del Gobierno.

Un día después de que el PP bloqueara en la Mesa del Congreso la enmienda de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la mayoría absoluta del PP en el Senado, con los votos de Ciudadanos, reprobaba en una bronca sesión a la titular de Justicia, Dolores Delgado [ver Delgado y Duque, últimas fichas de dominó], en una muestra de lo que está por venir. Desde las filas populares advierten que van a sacar el máximo rendimiento a su mayoría absoluta en la Cámara para hacer oposición y, en lo que va de curso político, se han empleado a fondo.

El 13 de septiembre solicitaban la comparecencia del ministro de Exteriores, Josep Borrell, por afirmar en la BBC que Cataluña es una nación y manifestarse a favor de la libertad de los políticos presos en prisión preventiva. El día 19 y aprovechando que el viento informativo les sopla de cara, el grupo popular en el Senado solicitaba un pleno monográfico para que Pedro Sánchez informe sobre las acusaciones de plagio de su tesis doctoral, al que pondrán fecha este martes la Junta de Portavoces y la Mesa del Senado.

A todo ello cabe sumar los ases en la manga del PP, como su capacidad de influir en los términos de una eventual reactivación del 155 en Cataluña o en los de la supresión de los aforamientos que pretende el presidente del Gobierno y que necesariamente habría de contar con la mayoría popular, si bien esta es un arma de doble filo que podría volverse en contra del partido de Pablo Casado.

Con argucias parlamentarias y juegos de mayorías, el PP no escatima en recursos contra Sánchez en una operación de desgaste sin tregua que no ha hecho más que empezar.

 

La prensa conservadora explota el alto nivel de exigencia de Sánchez contra su gabinete ministerial.

Delgado y Duque, últimas fichas de dominó

La anómala situación que vive el Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno de Pedro Sánchez es artillería para la oposición, con un nivel de exigencia nunca visto cuando los paraísos fiscales, las cloacas del Estado o las relaciones peligrosas salpicaban aquí y allá al gabinete de Mariano Rajoy.

Con la inestimable ayuda de una derecha mediática que no se veía desde los primeros tiempos del presidente Zapatero, el PP está tratando de sacar rédito político a las noticias sobre fraude fiscal, plagio, ocultaciones y dudas sobre el pago de impuestos de sus ministros que, en casi cuatro meses de Gobierno, están viviendo una pesadilla impensable al tomar posesión de sus carteras.

Unas grabaciones de 2009 donde la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aparece en animada charla con el excomisario José Manuel Villarejo –en prisión preventiva por cohecho y revelación de secretos, entre otros delitos–, la han convertido en el penúltimo objetivo de la derecha.

Este martes, en su comparecencia ante el Senado después de haber sido interpelada por el grupo popular por presunta dejación de funciones –la acusaba de no haber defendido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, cuando Carles Puigdemont le demandó ante un tribunal belga–, la mayoría absoluta de los conservadores reprobó a la ministra en una dura sesión plenaria por “mentir de forma reiterada” tanto sobre la demanda contra Llarena como sobre sus relaciones con Villarejo. Al día siguiente y sin relajar el tono ni un ápice, los populares volvieron a la carga en la sesión de control en el Congreso pidiendo su dimisión en medio de muestras de apoyo socialistas después de que Sánchez fuera tajante en su respaldo a la ministra.

Sólo había pasado tres días desde la difusión de los audios por la web de reciente creación, moncloa.com, cuando okdiario.com publicaba que el titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, eludió el pago de impuestos de su chalé en Xàbia (Alicante) a través de una sociedad patrimonial. A mediodía, el ministro negaba en rueda de prensa irregularidades, decía que “no hubo un ahorro real de impuestos” y aseguraba que cuenta con el apoyo de Sánchez.

No pasó ni una hora  y el PP –como Cs– anunciaba el registro de una solicitud de comparecencia urgente de Duque y pedía responsabilidades al presidente del Gobierno.