Fuertes frente a ‘pardillos’… y desaparecidos Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1259. 7  de septiembre de 2018

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Política / Manuel Capilla

Los ministros de Sánchez, a los cien días de Gobierno

Fuertes frente a ‘pardillos’… y desaparecidos

A punto de cumplirse sus primeros cien días de vida, en el Gobierno ya empieza a quedar claro quiénes son los que marcan las principales líneas políticas, los que han pecado de imprudentes y han tenido que rectificar algunas de sus iniciativas y los que están pasando de puntillas, sin marcar perfil político. Entre los primeros está una Carmen Calvo que tiene la última palabra en los asuntos de calado que están pasando por el Consejo de Ministros; entre los imprudentes aparece una Dolores Delgado a la que el 'affaire Llarena' ha dejado tocada; y entre los 'desaparecidos', llama la atención el papel de una Nadia Calviño que no está dibujando el relato económico del Gobierno.

Sánchez reunió a su gabinete a finales de agosto en la finca toledana de Quintos de Mora. / EP

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha tenido varias ocasiones en estos tres meses de ejercer su autoridad y demostrar quién manda en el Ejecutivo. El primer caso tuvo lugar a los pocos días de tomar posesión a mediados del mes de julio, cuando su influencia terminó forzando la salida de Juan Manuel Bonet al frente del Instituto Cervantes. El organismo depende primordialmente de Asuntos Exteriores, y Bonet había recibido en primera instancia el plácet de Josep Borrell para seguir en su puesto, a pesar de que en estos últimos meses no habían faltado las críticas de algunos de los responsables del instituto por la politización que sufre, y que se ha ahondado durante el mandato de Bonet. En este escenario, Calvo eligió a Luis García Montero, ex candidato de IU en las autonómicas madrileñas, para ponerse al frente del Cervantes. De hecho, fue la encargada de presentarlo en el acto de toma de posesión, donde presumió de amistad con el poeta granadino.

Carmen Calvo ha tenido varias ocasiones en estos tres meses de ejercer su autoridad

La otra ocasión ha sido más reciente. Y, de hecho, Calvo ha ejercido su autoridad más bien a toro pasado, cuando la creación del sindicato de prostitutas OTRAS ya estaba publicado en el BOE. Cuentas las crónicas que el enfado de la vicepresidenta y ministra de Igualdad al enterarse de lo sucedido fue histórico. No sólo porque choca frontalmente con las posiciones abolicionistas que siempre ha mantenido el feminismo del PSOE, sino porque deja en entredicho la eficacia de su coordinación en una materia, la igualdad, que iba a ser transversal en todos los ministerios. A la espera de que la Abogacía del Estado consiga anular los estatutos de la nueva organización, el “gol por toda la escuadra” -como lo ha calificado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio- se ha saldado con la salida de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual.

Además, Calvo es quien está fijando públicamente la posición del Gobierno en torno a la Memoria Histórica –que en teoría forma parte de las atribuciones del Ministerio de Justicia- y todo lo relativo a Cataluña. La responsable de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, ha pilotado la reactivación de las comisiones bilaterales con la Generalitat con un importante trabajo entre bambalinas, con un perfil, eso sí, secundario y en el que Calvo sigue siendo una figura clave, como ya lo era antes de la formación del Gobierno. Esta profesora de Derecho Constitucional ya negoció la aplicación del 155 con su predecesora, Soraya Sáenz de Santamaría, y es quien está llevando buena parte del peso de los contactos con el Ejecutivo de Joaquim Torra. En los últimos días de agosto, Calvo se reunió en Madrid con la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, en una toma de contacto de cara al arranque de un curso político en el que llegará el primer aniversario del 1-O y la celebración del juicio a los presos catalanes.

Borrell es el portavoz oficioso sobre Cataluña y a quien Sánchez atiende a la hora de tomar decisiones en esta materia

Josep Borrell es el otro portavoz oficioso del Gobierno en relación a Cataluña y a quien Pedro Sánchez atiende a la hora de tomar decisiones, a la vista de lo sucedido con el ‘affaire Llarena’. Según relataba El Confidencial, fueron Borrell y el magistrado del Constitucional Candido Conde-Pumpido quienes intervinieron ante el presidente para convencerle de que era imprescindible rectificar la posición de Justicia y defender al juez Pablo Llarena en la demanda que Carles Puigdemont le ha puesto en Bélgica. Y es que no hay cuestión catalana sobre la que el ministro de Exteriores no entre al trapo, forzado también por unos medios de comunicación que fundamentalmente le preguntan sobre esto cada vez que tienen ocasión. La última, la polémica de los lazos, en la que Borrell ha salido en defensa del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que ha instado a la Generalitat a estudiar su retirada de los edificios públicos. Borrell considera que es “una obviedad democrática que los espacios públicos, que son de todos, no pueden ser ocupados con símbolos que son solo de unos”. Incluso se ha mojado en la polémica sobre el cambio de hora, dejando entrever la posibilidad que maneja el Ejecutivo de que “quizá España tenga que estar en otro huso horario”.

Sin ocupar un ministerio de los llamados de Estado, José Luis Ábalos sigue siendo una figura fundamental en el entorno del presidente

Sin dar tantos titulares, y sin ocupar un ministerio de los llamados de Estado, como es el de Fomento, José Luis Ábalos sigue siendo una figura fundamental en el entorno del presidente. No hay que olvidar que él fue quien negoció con los grupos parlamentarios los términos de la moción de censura y que sigue siendo el secretario de Organización del PSOE, aunque el día a día del partido esté ahora en manos de su mano derecha, el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán. Él ha sido quien subrayaba la semana pasada, en un aviso a navegantes, que habrá elecciones si no se aprueban los Presupuestos y quien adelantó la salida de la directora general de Trabajo tras lo sucedido con el sindicato de prostitutas. “Creo que la directora de Trabajo ha dimitido”, afirmó al ser preguntado sobre si alguien asumiría responsabilidades políticas por lo sucedido, antes de que se hiciera oficial por parte del ministerio que lidera Magdalena Valerio.

Con un perfil discreto, Margarita Robles está asentándose en el Ministerio de Defensa tomando decisiones relevantes

Con un perfil también discreto, Margarita Robles, está asentándose en el Ministerio de Defensa tomando decisiones relevantes y con impredecibles consecuencias para el sector exterior español, como ha sido la suspensión de la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, una operación con un valor de 9 millones de euros. Riad es un importante socio comercial español, y varias empresas españolas mantienen intereses allí, pero desde Defensa se ha argumentado que el material podría ser utilizado contra la población civil en el conflicto armado que se mantiene activo en Yemen. Se da la circunstancia de que, aunque se trata de material militar, la última palabra sobre su venta la tiene el Ministerio de Industria y, concretamente, la secretaría de Estado de Comercio, lo que da una idea de la influencia que tiene la que fuera portavoz en el Congreso. No hay que olvidar que el presidente le ‘entregó’ el CNI, que durante el mandato de Rajoy había estado dependiendo de la vicepresidencia.

Quien estaba fuera de la órbita socialista y está dejando impronta en el Ejecutivo desde Interior es Fernando Grande-Marlaska, especialmente en la política de inmigración. Las prioridades del ministro pasan por combinar las acciones humanitarias, como la del Aquarius, con tolerancia cero hacia las ilegalidades –desde el ministerio alertan de que los grupos que están asaltando las fronteras marroquíes, a los que se está aplicando las conocidas como ‘devoluciones en caliente’- están cada vez más organizados y son progresivamente más violentos- y con el acercamiento a las autoridades marroquíes –que ha permitido esas devoluciones exprés, articuladas en torno a un acuerdo en desuso desde 1992–. Obra suya es la intención de retirar las concertinas de las vallas, al mismo tiempo que está desarrollando una apretada agenda que en este verano le ha llevado ya dos veces a Marruecos y una a Senegal, Mauritania y Argelia.

Viniendo desde fuera de la órbita socialista, Grande-Marlaska está dejando impronta en el Ejecutivo definiendo la política de inmigración

Isabel Celáa es la otra persona ajena al círculo más próximo a Pedro Sánchez que se ha consolidado como otra figura clave en el Ejecutivo. No sólo porque le corresponde a ella la responsabilidad de atender a los medios en la rueda de prensa de los viernes tras el consejo de ministros, sino porque se ha colocado como un baluarte en defensa de la educación pública con su intención de modificar la Lomce para retirar el requisito de “demanda social” a los colegios concertados para mantener su nivel de plazas. Y es que este ha sido el argumento jurídico al que se han agarrado estos centros para blindarse cuando las comunidades han querido reducir sus plazas, amparándose en el artículo 27 de la Constitución, que reconoce a las familias el derecho a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos. O sea, la demanda social de las familias.

De los asuntos varios en los que el Gobierno ha tenido que rectificar en estos 100 primeros días de gestión, son dos los que han concentrado la atención mediática. Uno es la exhumación de los restos de Francisco Franco, cuya responsabilidad es achacable casi exclusivamente  a un Sánchez que señaló el mes de julio como marco temporal para que se pusiera en práctica. Un horizonte  temporal que él mismo se ha visto obligado a rectificar, achacando la precipitación a la "inexperiencia" del nuevo Ejecutivo.

Dolores Delgado ha tenido que rectificar la no defensa a Llarena por entender que se le acusaba de "actos privados"

El otro asunto que ha levantado una buena polvareda ha sido la no defensa del juez Pablo Llarena en la demanda civil que ha presentado Carles Puigdemont ante la justicia belga. Puigdemont y cuatro de sus exconsellers piden que se condene a Llarena a indemnizarles con un euro por su supuesta parcialidad, en base a unas declaraciones el pasado mes de febrero en una conferencia en la que señaló que en la causa del procés “no hay presos políticos”. Justicia se negó a implicarse en el proceso por entender que de lo que se le acusaba al juez era de “actos privados”, y dos días después, el pasado 26 de agosto, Presidencia rectificaba con la difusión de otra nota y la propia ministra Dolores Delgado comparecía ante los micrófonos de Radio Nacional para subrayar que “ahora trabajamos en la estrategia para defender los intereses de España, que pasa por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena”.

Entre una y otra decisión mediaron las protestas de las asociaciones de jueces y fiscales –salvo las progresistas-, que afearon públicamente la conducta de una ministra que, además, había tomado la decisión en contra de lo aconsejado por la Abogacía del Estado, a favor de la intervención del Estado, según expresaba en un informe. Tras lo sucedido, el Ministerio de Justicia ha relevado a su jefa de prensa, Susana Nieves, que hasta hace apenas tres meses era la dircom del Tribunal Constitucional. Su relevo, Manuel Altozano, es un periodista especializado en tribunales que ha pasado por La Información, El Confidencial y El País. Marido, por cierto, de Mónica Ceberio, directora adjunta del diario de Prisa en su nueva etapa. En su puesto sigue el director de comunicación del Ministerio, Luis Fernando Rodríguez.

Por parte de Valerio vino la primera promesa rota del nuevo Ejecutivo: la de derogación de la reforma laboral del PP

El otro gran tropiezo reciente, esta vez en el ministerio que encabeza Magdalena Valerio, ha sido el relativo a la creación del sindicato de prostitutas, que se ha saldado con la salida de otro cargo de segundo nivel. La responsabilidad ha recaído sobre la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, cuya firma avalaba en el BOE la creación de ese sindicato, al que la propia ministra calificó de “gol por toda la escuadra”.

Por parte de Valerio vino precisamente la primera promesa rota por parte del nuevo Ejecutivo: la de la derogación de la reforma laboral del PP. Apenas dos semanas después de la toma de posesión de los ministros, la responsable de Trabajo señalaba, tras la reunión del presidente Sánchez con los agentes sociales, que “no es lo mismo estar en la oposición. Tenemos más dosis de pragmatismo y sabemos el peso parlamentario que tenemos”. No hay que olvidar que en diciembre de 2016 la Cámara Baja aprobó una proposición no de ley de los socialistas instando a la derogación del texto, sólo con el voto en contra de los populares y la abstención de Ciudadanos y de los herederos de CiU -que la apoyaron en su día-, el PDeCAT.

Valerio, eso sí, dejó claro en el 130 aniversario de UGT la que parece que va a ser la filosofía del Gobierno a lo largo de los próximos meses. En su intervención, la ministra subrayó que la primera intención del Gobierno es “reorientar el barco que estaba muy escorado a la derecha” y que su objetivo es conseguir, por lo menos, superar el 50% de los objetivos que se han planteado desde que el PSOE llegó a la Moncloa el pasado 1 de junio.

Montero hizo suyo el impuesto a la banca, que ha desaparecido de las negociaciones con Podemos para los Presupuestos

En ese 50% del que el Ejecutivo parece dispuesto a desprenderse está el impuesto a la banca, una de las prioridades que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo suya y del que no se ha vuelto a saber después de que hayan comenzado los contactos con Podemos para empezar a elaborar los Presupuestos Generales del Estado. En realidad, la marcha atrás, de consumarse, quizá sería más del presidente Sánchez que de la propia ministra, ya que él fue quien lanzó la propuesta en enero de este año, con la idea de que lo recaudado a las entidades financieras se destinara a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. La idea correspondía al equipo del por entonces secretario socialista de Economía, Manu Escudero, ahora embajador de España ante la OCDE. Y, una vez en la Moncloa, el Gobierno se ha topado no sólo con la oposición frontal del sector bancario, sino también del PNV, que quiere proteger a Kutxabank. El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, señaló que no era “justa” la doble imposición que pretendía poner en marcha el Gobierno –porque ya pagan por los beneficios de sus filiales en los respectivos países donde operan- y que el banco podría replantearse su “estructura legal” si la tasa salía adelante. Mientras, el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, explicó que un impuesto a la banca “encarecería el crédito”.

Así las cosas, de las tres nuevas figuras impositivas que Montero señaló como sus prioridades a principios de julio, sólo parecen gozar de buena salud los impuestos medioambientales. El impuesto a la banca ha quedado sustituido por uno a las transacciones financieras, una vez acordado con Podemos, y la conocida como ‘tasa Google’, de momento, está en un limbo.

Ribera ha sido una de las más audaces adelantando propuestas que todavía deben concretarse en los Presupuestos

Precisamente, el paquete de nuevos impuestos medioambientales es el cimiento en el que está basando su gestión Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, que ha sido una de las más audaces a la hora de adelantar propuestas que todavía deben concretarse. Habrá que ver cómo se concretan estos nuevos impuestos, con el del diesel a la cabeza, en los próximos Presupuestos. De momento, la ministra tiene intención de aprobar antes de final de año la ley nacional de cambio climático y el plan nacional del clima y prepara la reforma del mercado eléctrico, tratando de frenar una escalada de precio que en agosto ha marcado máximos.

Llama la atención que dos ministras como la de Economía y Sanidad, a cargo de dos carteras que no reúnen un gran número de competencias pero que tienen un fuerte componente simbólico, estén pasando de puntillas en estos primeros meses de gobierno. El caso de Nadia Calviño es aún más llamativo por comparación con su predecesor, un Luis de Guindos omnipresente en los medios y referencia absoluta a la hora de fijar posición en materia económica por parte del Ejecutivo de Rajoy. El perfil bajo de esta exfuncionaria bruselense no está ayudando a construir el relato económico de un gobierno que puede tener que enfrentarse a una ralentización inminente del crecimiento y de la creación de empleo, como apuntan los datos macro. De momento, la ministra está tratando de invertir la situación en los primeros días de septiembre concediendo alguna entrevista y firmando algún artículo en prensa. Pero está por ver que su prestigio en Bruselas se traduzca en el peso político que debería tener la persona encargada de pilotar el área económica del Ejecutivo.

El perfil bajo de Nadia Calviño está dejando al Gobierno huérfano de relato económico

Por su parte, Carmen Montón también está pasando más desapercibida de lo esperado, dado su peso político, en estos 100 días de gobierno, aunque ya ha puesto encima de la mesa una iniciativa muy relevante: la recuperación de la sanidad universal aprobada esta semana en el Congreso. Su compromiso más sonado, el de la eliminación del copago a los pensionistas, todavía debe concretarse, aunque todo apunta a que hay acuerdo con Podemos y que la propuesta saldrá adelante.

Reyes Maroto también había pasado prácticamente desapercibida hasta que contradijo ante los medios al propio presidente, señalando que el impuesto al diesel que Sánchez había anunciado en una entrevista concedida a la Ser era "un globo sonda". La ministra de Industria, que daba a entender que no sabía del anuncio del presidente, tuvo que rectificar horas después con un vídeo en el que aseguraba que sus palabras fueron "sacadas de conexto". Hasta este affaire, Maroto estaba en la misma línea que los ministros de Agricultura, Luis Planas, Ciencia, Pedro Duque, o Cultura, José Guirao, actores secundarios cuyas propuestas dependen de las cuentas públicas que la ministra de Hacienda está negociando con Podemos -como la intención de Duque de recuperar los niveles de inversión en I+D previos a la crisis- o están haciendo aguas -como la rebaja de Guirao del IVA al cine, que según Facua no se ha traducido en una rebaja general en el precio de las entradas-.

Reyes Maroto había pasado prácticamente desapercibida hasta que contradijo ante los medios al propio presidente