Tribuna / Jose Mariano Benitez de Lugo Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1257. 27  de julio de 2018

- - --

La Quincena Judicial / José Mariano Benítez de Lugo

El secreto de las comunicaciones
de los abogados

El magistrado García Castellón sostiene en defensa de su actuación que las conversaciones
fueron legalmente intervenidas y que la Audiencia Nacional había avalado su proceder

En repetidas veces he dedicado colaboraciones en esta revista al tema de referencia y especialmente cuando por una violación de tal secreto se condenó por nuestro Tribunal Supremo a una larga inhabilitación al entonces magistrado Garzón. Y la cuestión surge de nuevo no tanto por la decisión del magistrado García Castellón interviniendo las conversaciones de Villar Mir con su letrado, sino porque de forma parecida a lo sucedido con Garzón a principios del año 2010, el Colegio de Abogados de Madrid ha apoyado sin fisuras al abogado del citado investigado en los casos LezoPúnica por un posible delito de soborno, apoyo seguido también por el Consejo General de la Abogacía, que ha calificado de “gravísimo atentado al Estado de Derecho las escuchas”.

Según el diario ‘El Mundo’ del 25 de julio pasado, el magistrado García Castellón sostiene en defensa de su actuación que las conversaciones fueron legalmente intervenidas y que la Audiencia Nacional había avalado su proceder. Y, efectivamente, parece haber sido así, pues primero, el Ministerio Fiscal (constitucionalmente designado para defender la legalidad) efectuó varios escritos en defensa de la intervención y no destrucción de las conversaciones, lo cual fue asumido por el magistrado instructor; y en segundo lugar, recurrida dicha decisión, la Sala 4ª de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de los abogados de Villar Mir al respecto.

Procede por ello hacer ahora un sucinto recordatorio sobre el criterio de los más altos Tribunales (español y europeo). La Sentencia del Tribunal Supremo 233/2014, tras recordar el derecho a la confidencialidad entre cliente y abogado, consideró relevante que lo que ocurrió en aquel caso es que se tenía intervenido el teléfono de una persona y le llamó su abogado, y por ello concluye el Tribunal Supremo, no hubo “consciente y querido deseo” de captar las conversaciones del cliente con su abogado. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en varias de sus Sentencias (5/10/2006, 2/11/1991 y 31/1/2002, entre otras muchas) ha insistido en que lo primero que debe existir es previsión legal suficiente y adecuada; y en segundo lugar que el derecho a la confidencialidad de esas conversaciones para ser superado debe tener una justificación suficiente, necesaria y proporcional.

Y si lo primero apunta al cometido del legislador, lo segundo (ponderación de las circunstancias) se exige al órgano judicial; y en el caso contemplado existen datos para considerar que la actuación del magistrado, confirmada por un Tribunal Superior, fue adecuada y que las críticas a lo por él decidido deberían dirigirse a la norma habilitante de su decisión, norma que, como dijo el Tribunal Supremo en el caso de Garzón (y cito textualmente), son “turbias, farragosas, contradictorias, zigzagueantes, opacas,  laberínticas, equívocas y enrevesadas”, según recordábamos en nuestra colaboración para esta revista de abril del año 2011.

 

Firma

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 1963 y Medalla de Honor de dicha institución concedida en 2016. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por méritos a la Justicia y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y patrono de la Fundación Justicia y Paz.

 

-

-

-

-