Las nuevas togas del procés Tiempos de hoy

 
   

 Nº 1256. 21  de julio de 2018

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Política / V. M.

El juez conservador Marchena y la fiscal progresista Segarra, a los mandos del próximo juicio del 1-O

Las nuevas togas del procés

Todo está listo para el juicio al procés. Todo, salvo alguna cosa. La decisión del tribunal regional alemán de extraditar a Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación y la del instructor, Pablo Llarena, de rechazarla y retirar la euroorden impide procesar por el momento al ex president y determina las condiciones del resto de acusados del delito de rebelión. Mientras, la nueva fase del proceso y el cambio de Gobierno ha provocado la irrupción de nuevos protagonistas en la causa abierta contra la cúpula independentista catalana: el conservador Manuel Marchena, que como presidente de la Sala Segunda del Supremo ha habilitado el mes de agosto para agilizar el procedimiento, y la progresista María José Segarra, que defiende su independencia y la del Consejo Fiscal mientras todos los ojos se posan sobre ella.

Manuel Marchena apoyó el criterio de la Fiscalía de llevar a juicio a Chaves y a Griñán por el caso de los ERE y María José Segarra tuvo públicas
diferencias con la que fuera instructora, Mercedes Alaya. / EUROPA PRESS

Marchena, presidente del tribunal que juzgará a la cúpula del procés, fue uno de los magistrados que pusieron fin a la carrera judicial de Baltasar Garzón   Segarra ha popuesto acabar con el límite máximo de las instrucciones y Sánchez acaba de anunciar que lo promoverá desde el Gobierno

Ante la “falta de compromiso” y la “indebida intromisión” de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el tribunal regional alemán que días atrás decidía entregar a España a Carles Puigdemont solo por el delito de malversación, el instructor del procés, Pablo Llarena, justificaba este jueves la retirada de la orden europea de detención que emitió contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña –y las que dictó contra los exconsejeros fugados Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret y la secretaria general de ERC, Marta Rovira– para que dicha circunstancia no sea aprovechada como argumento de defensa de la cúpula independentista encarcelada que en los próximos meses será procesada también por el delito de rebelión.

Mientras el político huido de la justicia permanece en el extranjero –su regreso a España significaría su detención inmediata–, quienes tendrán que sentarse en el banquillo aguardan el comienzo del juicio sin que la decisión del instructor vaya a alterar de manera sustantiva su estrategia frente a la acusación por rebelión, avalada por las autoridades judiciales belgas y alemanas.

Tras ocho meses de investigación, Llarena la ha dado por finalizada y la docena de procesados en prisión se encuentran ya a las puertas del tribunal donde tendrán que declarar previsiblemente entre finales de octubre y principios de noviembre; Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y encargado de redactar la sentencia, ha decidido habilitar el mes de agosto para acelerar un proceso del que participarán los también magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo y Luciano Varela.

El nuevo escenario procesal y también el cambio de Gobierno han provocado la llegada de nuevos protagonistas en uno de los casos penales de mayor trascendencia jurídica y política de las últimas décadas, destacando los nombres de Marchena y de María José Segarra, que acaba de llegar al cargo de Fiscal General del Estado apelando a su independencia y la de los fiscales sabiendo que todas las miradas están puestas sobre un órgano jerárquico dependiente del Ministerio de Justicia.

Curiosamente, las mismas circunstancias que diferencian a Marchena y Segarra, también son las que les unen. Las palabras clave: Ley de Enjuiciamiento Criminal y EREs de Andalucía.

Un conservador y una progresista

Manuel Marchena Gómez preside la Sala Segunda del Supremo desde noviembre de 2014, cuando la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial le elegía frente al progresista Cándido Conde-Pumpido. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1959, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto con la máxima calificación académica y doctor en Derecho, al tribunal llegó en 2007 como fiscal excedente, carrera que ejerció también en el Supremo y siendo fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Autor de numerosos libros y artículos publicados en revistas especializadas con experiencia docente en la Autónoma de Madrid, en 2012 fue designado presidente de la Comisión Institucional creada ese año para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un hito en su carrera que puede tener sus días contados.

Marchena aparece junto Alberto Ruiz-Gallardón en una fotografía donde el entonces ministro de Justicia sostiene las propuestas de la comisión. Era el año 2013, en pleno apogeo del caso Gürtel y sus ramificaciones en el Partido Popular. El resultado de los trabajos provocó una gran polémica en ambientes judiciales y políticos al conceder la dirección de la investigación penal al fiscal bajo la tutela de un juez de garantías y al limitar a 6 meses la fase de instrucción ampliable hasta 36 por el juez sólo a instancias del Ministerio Fiscal. Además, introduce el término “investigado” para sustituir al de imputado que tanto daño estaba haciendo al partido en el Gobierno, con un puñado de insignes dirigentes y exdirigentes ‘víctimas’ de lo que calificaban de “pena del telediario”.

Cuando aterrizó en el cargo de presidente de la sala segunda, encargada de los casos que afectan a aforados, a Marchena le esperaba otro asunto de trascendencia política y mediática: decidir si se abría una causa contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que la entonces instructora Mercedes Alaya había implicado en el caso de los EREs. Transcurrido poco más de un mes y asumiendo el criterio de la Fiscalía, el tribunal que preside decidió investigar si los expresidentes de la Junta de Andalucía diseñaron el fraude de las ayudas públicas.

No era la primera vez que su nombre aparecía vinculado a un asunto de relevancia pública. Él fue uno de los magistrados que, en el año 2012, pusieron fin a la carrera de Baltasar Garzón como juez; formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas a los abogados de los cabecillas de la trama Gürtel.

De sensibilidad progresista pero reconocida neutralidad es la nueva responsable de la Fiscalía General del Estado. Nacida en Madrid en 1963, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma y perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María José Segarra era, hasta su toma de posesión el pasado 4 de julio, fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla desde 2004; con 41 años se convirtió en el segundo fiscal jefe más joven de España, accediendo a un puesto hasta entonces ocupado casi exclusivamente por hombres. No fue la candidata que más votos obtuvo en el Consejo Fiscal, pero Cándido Conde-Pumpido, entonces fiscal general del Estado, inclinó la balanza a favor de la madrileña [Ver El Siglo número 1.038: Una fiscal frente a la juez].

Su primer destino en la carrera fiscal fue Barcelona, donde trabajó a las órdenes de Carlos Jiménez Villarejo. Y en 1993 fue trasladada a la fiscalía de Sevilla, donde llevó temas de menores y familia. Cuando hace 14 años fue nombrada fiscal jefe, cargo que abandonó hace unas semanas para ponerse al frente del Ministerio Público, dijo que su objetivo era crear un macro-servicio de asuntos de familia, reforzar la asistencia del fiscal en los casos de violencia machista –fue premiada por la Asociación de Ayuda a Mujeres Violadas por su lucha contra el maltrato de género– y organizar un grupo especializado de delitos económicos.

En la capital hispalense fue conocida por tramitar procedimientos de transcendencia mediática como el homicidio de Marta del Castillo, la investigación del caso Mercasevilla y, en especial, la causa de los EREs. Una causa que acabó provocando una situación incómoda entre Segarra y Mercedes Alaya, encargada de gran parte de la instrucción; la tensión entre la jueza y los fiscales del caso obligó a Segarra a intervenir para decirle que “perderse en reproches no conduce a nada pues lo importante es que la investigación llegue a buen fin”.

Conde-Pumpido, Jiménez Villarejo, la Unión Progresista de Fiscales. Su perfil no gusta en el Partido Popular, que ya en 2009 y por el caso Mercasevilla habló de una doble vara de medir si se trata de investigar a implicados del PP o del PSOE. Pero la línea argumental de Segarra no se ha visto modificada con el cambio de Gobierno –y cabe recordar que el Ministerio Fiscal actúa en base al principio de jerarquía–; en 2012, con los populares en el poder, hablaba en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente a 2012 de una “cierta ralentización” en el caso de los ERE.

Autora de diversas ponencias relacionadas, fundamentalmente, con menores, familia o violencia de género –asunto que la ha hecho merecedora de alguno de sus premios–, fue convocada como experta ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en 2014 para informar sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Modificación del Código Penal. Más recientemente, en la misma comisión y para defender su candidatura, anunció que promovería la derogación del artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) –elaborado en base a las propuestas de Manuel Marchena–, aprobado por un PP con mayoría absoluta y casos de corrupción a las puertas.

“No puede descansar en la Fiscalía el control de la duración de un proceso porque aboca las investigaciones a un callejón sin salida”, argumentó Segarra. El pasado martes, en el pleno donde detalló su programa de Gobierno para lo que resta de legislatura, Pedro Sánchez anunciaba que el Gobierno promoverá la reforma del artículo 324 de la LeCrim porque “la necesidad de una justicia ágil no puede ser excusa para la precipitación de la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala de la impunidad”.

Quienes hasta ahora han dirigido la Fiscalía General del Estado han tenido que lidiar con las acusaciones –más o menos fundadas– de parcialidad. Ella, antes de que nadie dijera nada, ha defendido la independencia del Ministerio Público. “Al fiscal general no se le pueden dar órdenes de ningún tipo”, dijo durante su comparecencia en el Congreso asegurando que su vinculación al Ministerio de Justicia se limita a “lo material”.

Porque sabe que el juicio al procés y la intención del Gobierno de rebajar la tensión con el Govern catalán la sitúa bajo la lupa política. Pero parece querer demostrar que no se casa con nadie. De momento, la Fiscalía del Supremo acaba de oponerse a la puesta en libertad de Oriol Junqueras y el resto de políticos presos en situación preventiva en un escrito donde, en línea con el argumento de Llarena, aprovecha para criticar lo que llama “indebida intromisión” de la Audiencia de Scleswig-Holstein en la jurisdicción española.